Desiree Madrid
Ante los señalamientos hechos por integrantes de la Fundación Internacional Granito de Arena sobre procesos de revinculación familiar y la atención que reciben niñas, niños y adolescentes, la presidenta del Poder Judicial de San Luis Potosí, Lourdes Anahí Sarazúa Martínez, sostuvo que la Presidencia no puede ordenar a los jueces cómo resolver los asuntos que llegan a los juzgados familiares.
Los señalamientos fueron expuestos el pasado 2 de octubre, cuando representantes de la organización cuestionaron la canalización de infancias a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para procesos de revinculación, además de la falta de herramientas especializadas para su atención.
Sarazúa señaló que los casos familiares pueden enfrentar posiciones encontradas entre quienes ejercen la patria potestad, particularmente cuando existe una disputa relacionada con la convivencia de un menor.
La presidenta del Poder Judicial puso como ejemplo los desacuerdos entre madre y padre cuando una resolución favorece a una de las partes.
“Usted no va a estar de acuerdo si le dan la razón al papá y el papá no va a estar de acuerdo si le dan la razón a usted”, dijo.
Frente a las inconformidades que puedan surgir por las decisiones de los juzgados familiares, Sarazúa recordó que los jueces tienen libertad para resolver los asuntos bajo su jurisdicción.
“Las facultades de la Presidencia del Poder Judicial no es ordenarle a los jueces”, afirmó.
La magistrada explicó que esa libertad forma parte de los principios bajo los cuales se imparte justicia. La Presidencia, dijo, sí puede revisar que los procedimientos tengan el trámite correspondiente cuando se adviertan posibles retrasos.
“Pero sí tengo la posibilidad de pedir tarjetas y pedir que si no se está desahogando o no se le está dando la celeridad debida, lo haga”, señaló.
Sobre los casos que ya habían sido planteados ante el Poder Judicial, aseguró que se les está dando seguimiento. Mencionó que durante esta semana se realizaron diligencias relacionadas con uno de estos asuntos.
En esas diligencias, explicó, participaron las representantes legales de ambas partes.
“Tanto la abogada de la mamá como la abogada del papá estuvieron sentados, estuvieron llegando por ahí algunos temas y se han estado dirimiendo en esos sentidos”, comentó.
Los integrantes de la Fundación Internacional Granito de Arena habían señalado que los procesos de convivencia y revinculación pueden prolongarse durante años y cuestionaron que existan casos de menores que alcanzaron la mayoría de edad mientras permanecían bajo esquemas de convivencia supervisada.
Sarazúa no planteó que la Presidencia pueda intervenir en el sentido de las resoluciones de los jueces, sino en la revisión del trámite de los expedientes y en que los asuntos avancen cuando corresponda.
