Por Victoriano Martínez
El Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza, prácticamente ya cambió de dueño, y el riesgo de su desaparición entró en fase crítica.
La estructura burocrática creada para el tráfico de tierras tras la reforma al artículo 27 constitucional de finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, aún presente en las dependencias del sector agrario y ambiental, aceleró su operación para despojar de sus tierras a los ejidatarios de Cerro Gordo iniciada el 17 de diciembre de 2023.
Ese día se celebró una asamblea de cambio de destino para crear 107 parcelas en mil 854.54 de las mil 858.64 hectáreas de tierras de uso común. Así, el Ejido se quedará con apenas 4.09 hectáreas de tierras de uso común y las 724.36 hectáreas restantes corresponden a zona urbana, a una afectación carretera y diversos trámites de cambio de destino.
Aquella asamblea fue preparada por la empresa Hogaza con una labor de compra de conciencias y manipulación que dio paso a la firma de contratos de promesa de compraventa con todos los ejidatarios.
“A los ejidatarios se les crearon cuentas bancarias para depositarles 10 mil pesos mensuales, con la promesa de que cuando ya se tengan los papeles le entregaran a cada ejidatario algunos millones de pesos”, señalaron en un recuento de hechos los asesores de habitantes de Cerro Gordo que se oponen a la destrucción del cerro.
En ese momento, cuando los ejidatarios obtuvieran sus certificados parcelarios, mediante una operación de adquisición de dominio pleno, las parcelas fueran entregadas a los empresarios, funcionarios y políticos involucrados en el asunto.
Ese momento llegó el pasado viernes 2 de octubre, cuando en el Ejido Cerro Gordo se realizó una asamblea de entrega de los 107 certificados parcelarios. Una asamblea en la que la presencia de los empresarios, con un trato muy cordial con los funcionarios agrarios, dejó ver que la operación iniciada el 17 de diciembre de 2023 conseguía su objetivo.
Aunque durante la asamblea sólo se entregaron 30 certificados y después se los recogieron a los beneficiarios con el pretexto de un error en el texto, el hecho es que todos los certificados fueron devueltos al Registro Agrario Nacional (RAN) para cancelarlos, otorgarles el carácter de dominio pleno y entregarlos a los empresarios. El despojo llegó a su fase final.
Los funcionarios del RAN cumplieron su parte: emitieron la opinión necesaria sobre el cambio de destino de tierras de uso común a parcelas, autorizaron el registro del acta de la asamblea del 17 de diciembre de 2023 y se encuentra en proceso el otorgamiento del dominio pleno a los compradores.
El riesgo latente es que ahora es que entren a la operación los funcionarios que forman parte de la estructura burocrático para el tráfico de tierras de la Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental (DEGIRA) de SEMARNAT para autorizar la Manifiestación de Impacto Ambiental que permitiría la urbanización e industrialización del Cerro Gordo.
“¿Qué van a construir ahí?, Cuatro emporios residenciales, un parque industrial, tres Interpuertos fiscales, 35 naves industriales, un parque eólico, los pozos que sean necesarios, del Cerro Gordo, no quedará nada”, advirtieron los asesores de los habitantes de Cerro Gordo, que ven cómo sus padres y hermanos ejidatarios han vendido su patrimonio cultural, ambiental e histórico.
Si el cambio de dueño del Cerro Gordo por concretarse aumenta el riesgo de su destrucción, a los habitantes que no quieren perder la montaña que les da su identidad sólo les queda insistir en que las clausuras aplicadas por la PROFEPA y las investigaciones iniciadas por el INAH aporten elementos para su conservación.
Un hecho es que los defensores del Cerro Gordo se preparan para continuar con su lucha que pondrá a prueba la capacidad de la Cuarta Transformación para impedir que la estructura burocrático para el tráfico de tierras se vuelva a salir con la suya, sin importar que se dañe el medio ambiente, el patrimonio cultural e histórico y la identidad de un pueblo.
