Por Victoriano Martínez
Cuando la defensa del territorio va más allá de la simple exigencia de respeto a su posesión e involucra exigir la protección y preservación del medio ambiente resulta increíble que la carga de la prueba recaiga en quienes denuncian destrucción ecocida y, además, deban temer consecuencias negativas por esas acciones.
José Guadalupe Quiroz Tovar, presidente del Comisariado Ejidal de San José de los Guajes y anexos, en el municipio de Matehuala, hoy enfrenta la advertencia de que será demandado por la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta) por denunciar las afectaciones que han causado a la flora en parte de su por la construcción del Entronque 75-D.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el pasado 7 de octubre las obras de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, tras una inspección en la que verificaron la destrucción de flora y su repercusión en el hábitat de una amplia variedad de especies de fauna.
Fue durante el desarrollo de la propia inspección de la Profepa cuando un representante de la empresa le hizo saber a Quiroz Tovar las intenciones de presentar una denuncia en su contra por haber obstruido los trabajos de la construcción de los últimos 118.4 kilómetros de la autopista de cuota a Matehuala.
Es decir, ante las evidencias de daño ambiental provocado en territorio del Ejido San José de los Guajes, la postura del enviado por la empresa antepuso el negocio que representa la autopista al grado de que en los hechos se justifica cualquier ecocidio.
Peor aún, sin justificar documentalmente ante la autoridad ejidal representada por Quiroz Tovar la invasión a su territorio ni demostrar que se cuenta con permisos para afectar la flora y la fauna, el representante de la empresa alardeó al afirmar que cuentan con todos los papeles en regla y la próxima semana continuarán la destrucción de parte del ecosistema.
A lo largo de las negociaciones entre la empresa y los ejidatarios para lograr los contratos de ocupación previa de las 877.91 hectáreas que ocupará la autopista fue pública la confabulación de la empresa con el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona para presionar a los ejidos para malbaratar sus tierras.
Una circunstancia que explica la muestra de confianza en que, a pesar de los evidentes daños ambientales, la empresa podrá continuar con la construcción de la autopista, incluso por encima de la suspensión de plano que obtuvo el Ejido San José de los Guajes porque en la ocupación de las tierras no se siguió el trámite de expropiación o acuerdo de ocupación.
Una situación similar enfrentan los integrantes del Comité de Defensa del Ejido Cerro Gordo ante las afectaciones ambientales provocadas por las empresas Hogaza y Jaguar con el respaldo de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.
La defensa del Cerro Gordo se ha convertido en un peregrinar por dependencias agrarias y ecológicas del gobierno federal para documentar y demostrar que el territorio que pretenden destruir y urbanizar los intereses empresariales no ha perdido su carácter de forestal y como tal debe protegerse, a pesar de los daños que ya le han infringido,
En tanto dentro de la estructura gubernamental existan servidores públicos que reniegan de ese papel y se pongan al servicio de los intereses económicos de los grupos empresariales, en la defensa del territorio y de la protección ambiental la carga de la prueba recaerá en quienes pretenden evitar los daños antes que en los depredadores… y también los riesgos contra su integridad.
