Fernanda Durán
El presidente de la Directiva y la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Luis Fernando Gámez Macías, anunció que solicitará una auditoría especial al Ayuntamiento de San Luis Potosí, presentará denuncias ante autoridades electorales y, si se acreditan irregularidades, promoverá un juicio político contra el alcalde Enrique Galindo Ceballos por la presunta contratación por honorarios de Carlos Enrique Dahud Uresti, secretario general y presidente en funciones del Comité Directivo Estatal del PAN.
El señalamiento abre un nuevo capítulo en la confrontación que desde hace meses mantienen Gámez y Galindo, ahora alrededor del uso de recursos públicos y la relación laboral que presuntamente mantiene el dirigente panista con la administración municipal.
La polémica surgió luego de que Dahud fuera cuestionado públicamente sobre un supuesto pago de 28 mil pesos mensuales por honorarios en el Ayuntamiento. El dirigente evitó confirmar o negar directamente esa relación contractual y remitió a los mecanismos de transparencia para conocer la información.
Gámez, en rueda de prensa junto a sus compañeras de bancada, sostuvo que el alcalde debe explicar qué servicios habrían sido contratados, quién autorizó los pagos y cuáles fueron los resultados obtenidos.
“Queremos señalar que si existe un contrato legítimo y los servicios se prestan, que se presenten los documentos, los informes y los entregables correspondientes”.
El legislador afirmó que, si se comprobara que existieron pagos por servicios inexistentes o simulados, podría configurarse una violación administrativa y eventualmente electoral.
Como primera acción, Gámez anunció que acudirá al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para solicitar una revisión específica a la nómina y las contrataciones del Ayuntamiento capitalino.
Además, adelantó que presentarán denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, bajo el argumento de que podría existir uso indebido de recursos públicos en beneficio de un dirigente partidista.
Gámez planteó incluso la posibilidad de promover un juicio político contra autoridades municipales, pero condicionó esa acción a que las investigaciones comprueben desvío de recursos o simulación de servicios.
Se le cuestionó bajo qué carácter promovería estas acciones, si a título personal, como presidente de la Comisión de Vigilancia, junto con las bancadas del PVEM y PT o desde la Presidencia de la Directiva; sin embargo, Gámez no precisó esa distinción y se limitó a explicar que primero solicitarán la auditoría especial al IFSE y posteriormente acudirán ante las autoridades electorales. Cabe recordar que este lunes el diputado panista Rubén Guajardo Barrera le pidió mayor neutralidad en su actuación como presidente del Congreso, al señalar que desde esa posición representa a todas las fuerzas políticas, aunque conserve su filiación partidista.
El diputado relacionó el caso con las observaciones preliminares determinadas por el IFSE en la revisión de la Cuenta Pública 2025 del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
El organismo fiscalizador reportó alrededor de 450 millones de pesos en observaciones preliminares a la administración capitalina, principalmente en obra pública, además de otros rubros pendientes de solventación.
Gámez afirmó que entre los asuntos identificados durante la fiscalización existen observaciones relacionadas con nómina y servicios pagados cuya justificación deberá revisarse. El alcalde Enrique Galindo, por su parte, ha rechazado que las observaciones constituyan irregularidades comprobadas y ha señalado que todavía se encuentran en proceso de solventación.
Durante la rueda de prensa, Gámez fue cuestionado sobre si dentro del propio Congreso podrían existir casos semejantes de personas contratadas por honorarios sin desempeñar funciones. El legislador respondió de manera breve que no tenía conocimiento de alguno y dijo que revisaría el tema.
No obstante, en el reporte de honorarios hasta febrero de 2026, aparece el nombre de Carlos Enrique Dahud Uresti dentro de la relación de personas contratadas bajo ese esquema con una percepción de 12 mil pesos brutos, equivalentes a 11 mil 167.70 pesos netos.
Gámez aseguró que las acciones anunciadas se presentarán en los próximos días y que corresponderá a las autoridades fiscalizadoras y electorales determinar si existe alguna responsabilidad.
“Queremos nosotros que se revise, que se esclarezca y señalar si hubo irregularidades. Vamos a exigir que se aplique la ley sin privilegios y sin excepciones”.
