Estela Ambriz Delgado
La titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Sonia Mendoza Díaz, informó que la autorización del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) otorgada a la empresa Hoganza S.A. de C.V. para la explotación del Cerro Gordo como banco de material fue cancelada de manera definitiva.
Al cuestionarle sobre una manifestación en la Plaza de Armas por parte de integrantes del Comité de Defensa del Ejido Cerro Gordo, quienes denunciaban la ilegal explotación de su cerro emblemático en el municipio de Zaragoza, la funcionaria indicó que son una dependencia encargada de regular todo lo relacionado con permisos de los bancos de materiales en el estado.
Reconoció que anteriormente se autorizó una MIA a la empresa porque reunía los requisitos para autorizar una extracción de material, dentro de los cuales están el visto bueno de la Presidencia Municipal, el estudio presentado por el solicitante y una fianza.
“Hace dos meses que se autorizó a Hoganza una MIA para la explotación de material, se le canceló hace más de un mes porque la empresa no cumplió con las condicionantes; no existe explotación en ese banco en este momento”.
Afirmó que la misma dependencia presentó un escrito a la secretaría para desistirse de los trabajos que estaba haciendo, por lo que consideró que no hay materia en ese tema.
“Nosotros clausuramos; de manera definitiva les cancelamos la MIA, entonces no puede haber explotación”.
Las detonaciones iniciadas el 22 de junio, que destruyeron parte del cerro emblemático y afectaron a las especies de fauna que habitan este ecosistema, se realizaron bajo el amparo de la autorización contenida en el oficio ECO.03.4071/2026, expediente IA MIA 042/2026, suscrito por la Segam.
Asimismo, las infracciones a la normatividad ambiental que encontró la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) se debieron a la remoción total de vegetación en dos brechas que, según refirieron los habitantes, fueron abiertas para ingresar maquinaria pesada de la empresa y causaron el cambio de uso de suelo en áreas forestales, razón por la que realizaron dos clausuras.
