Estela Ambriz Delgado
El Colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito informó que han encontrado nuevas irregularidades en el caso del despojo de tierras del ejido Cerro Gordo, en el municipio de Zaragoza, como el reparto adicional de 854 hectáreas en 7 parcelas entre socios y/o prestanombres de la empresa Hoganza S.A. de C.V., de las que han logrado identificar 5.
Si bien la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) canceló la autorización de Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que había otorgado a la empresa Hoganza, eso no frena el despojo de tierras que se pudo lograr con apoyo de exfuncionarios de la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Gobierno del Estado, por lo que el Comité de Defensa de Cerro Gordo y Guardianes continúan desmenuzando la estrategia urdida por estos.
El colectivo explicó que, sobre la repartición de 7 parcelas adicionales, se hizo creer que en la asamblea de cambio de destino del 17 de diciembre de 2023 se asignarían a los ejidatarios parcelas equivalentes a la división por partes iguales de mil 260 hectáreas.
Sin embargo, se repartieron mil 854 hectáreas en 107 parcelas, cuando de acuerdo con el PHINA solamente hay 100 ejidatarios. Como se observa en un certificado que fue entregado el pasado 2 de octubre y luego recogido por el comisariado, la cantidad correspondiente es de 9-88-63.058 hectáreas, que al multiplicar por cien se obtienen 988 hectáreas, 63 áreas y 5.80 centiáreas.
El resto de la tierra, 854 hectáreas, se repartió entre socios y/o prestanombres de la empresa Hoganza. Algunas de las parcelas son las identificadas con los números 245, 266, 298, 330 y la 264, de casi 200 hectáreas.
Advirtieron que la empresa ahora pretende recoger los cien certificados para sacarles el dominio pleno y forzar a los ejidatarios a firmar la venta, con el chantaje de que están obligados. Es decir, además de repartirse esas 854 hectáreas, tienen a la gente amarrada para vender lo que resta del total.
Asimismo, de acuerdo con la resolución emitida en el oficio ECO.03.4071/2026 del expediente IA.MIA-042/2026, se otorgó la autorización para el proyecto de extracción de material pétreo en 34.9496 hectáreas, que en el apartado de Descripción (fracción b sobre la selección y los criterios de localización) se establece en el primer punto que la propiedad donde se ubica el mismo se encuentra actualmente arrendada (sin uso).
El comité aseguró al respecto que la asamblea ejidal nunca autorizó tal renta y que se trata de un engaño más y una simulación con la complicidad de los representantes ejidales.
Además, señalaron que en el documento se demuestra que la superficie donde se detonó el explosivo era el inicio para devastar la totalidad del Cerro Gordo, cuya dimensión es la de esas poco más de 34 hectáreas sobre las que la Segam dio el permiso.
