María Ruiz
Las consecuencias de la violencia contra las mujeres también alcanzan a niñas, niños y adolescentes que viven en entornos donde ocurren agresiones, incluso cuando no son víctimas directas. Por ello, la Red Libres llamó a las instituciones a incorporar sus necesidades de seguridad y desarrollo en las respuestas que ofrecen después de una resolución judicial.
Durante un posicionamiento encabezado por la doctora Mariana Juárez Moreno y la maestra Mónica Reynoso Morales, la organización señaló que atender la violencia requiere más que resolver un expediente, pues las condiciones familiares, emocionales y económicas pueden persistir después de que un tribunal dicta una sentencia o determina medidas de protección.
La Red Libres advirtió que las órdenes de protección, las medidas cautelares y las resoluciones judiciales son fundamentales para garantizar derechos, pero no resuelven automáticamente las consecuencias de la violencia ni reconstruyen las redes de apoyo que pudieron debilitarse durante una relación.
En San Luis Potosí, 68.6 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado alguna situación de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) del INEGI citadas por la organización. Además, 41.8 por ciento reportó violencia por parte de su pareja actual o última.
Ante este panorama, la Red Libres consideró necesario que la atención institucional contemple las circunstancias particulares de cada caso y no se limite a la intervención jurídica.
En su intervención, Mónica Reynoso Morales destacó que las agresiones entre personas adultas pueden tener consecuencias profundas en la vida de niñas, niños y adolescentes, aun cuando no estén dirigidas directamente contra ellos.
Por ello, planteó que las autoridades valoren cómo estas situaciones repercuten en sus entornos y garanticen que las medidas adoptadas consideren su seguridad y su derecho a desarrollarse libres de violencia.
La representante de Red Libres también llamó a ampliar la responsabilidad institucional hacia quienes ejercen las agresiones, mediante programas de responsabilización y reeducación que contribuyan a enfrentar las conductas violentas, sin reemplazar las consecuencias legales correspondientes.
“La responsabilidad de detener las violencias no puede recaer exclusivamente sobre quienes las viven”, sostuvo.
La organización señaló que el acompañamiento debe permitir que las mujeres accedan a información, herramientas y atención profesional para tomar sus propias decisiones, sin que las instituciones o sus redes de apoyo pretendan decidir por ellas.
Otro de los planteamientos de la Red Libres fue establecer mecanismos de seguimiento interdisciplinario después de las resoluciones judiciales, cuando las circunstancias de cada caso lo ameriten.
La propuesta incluye atención psicológica especializada y con perspectiva de género, acompañamiento jurídico, psicosocial y médico, así como acceso a refugios, medidas de protección y alternativas para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.
La organización también llamó a evitar los prejuicios contra quienes regresan con una pareja que ha ejercido violencia, desisten de una denuncia o vuelven a solicitar ayuda, pues estas decisiones no significan que las agresiones no hayan ocurrido ni que las víctimas hayan perdido su derecho a recibir protección.
“Una medida de protección no elimina automáticamente el miedo. Una pensión alimenticia no genera por sí misma autonomía económica. Una determinación de guardia y custodia no repara años de violencia psicológica”, expuso la organización en su posicionamiento.
Para Red Libres, la atención debe reconocer que salir de una relación violenta puede implicar distintos intentos y que las necesidades de protección no desaparecen necesariamente cuando concluye un proceso judicial.
La organización sostuvo que las instituciones deben construir respuestas que consideren tanto la seguridad inmediata como las condiciones que permitan a las mujeres sostener sus decisiones, reconstruir sus redes de apoyo y recuperar su autonomía.
El planteamiento central es que la justicia no se limite a establecer responsabilidades, sino que también exista una respuesta integral para quienes han vivido violencia y para las infancias que pueden resultar afectadas por ella.
