Estela Ambriz Delgado
Luego de realizar el VIII Congreso de Agua para Todxs Agua para la Vida, se puntualizaron algunas de las principales exigencias manifestadas durante el mismo, entre estas el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre el agua de su territorio, así como de los sistemas comunitarios, la prohibición del fracking y la cancelación definitiva del trasvase Pánuco-Cerro Prieto, entre otros.
La Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) informó que el evento contó con 359 participantes de 178 comunidades indígenas y organizaciones sociales, provenientes de 25 estados de la República, entre ellos San Luis Potosí, durante los días 24 y 25 de octubre en la Universidad Autónoma Chapingo, en la Ciudad de México.
Durante el evento se celebraron los logros de 14 años de luchas articuladas, incluyendo más recientemente el anuncio de que no habrá fracking en la Huasteca Potosina; la cancelación de las presas y trasvases anunciados a realizarse sobre el río Sonora para llevar agua a Hermosillo; la sentencia 543 que obliga a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a recuperar el Acuífero Principal de la Comarca Lagunera, así como la recuperación de derechos ejidales de agua.
En la comunidad de Santa María Chi, del municipio de Mérida, Yucatán, resaltaron el logro de la clausura definitiva de la megagranja porcícola Santa María/Pecuaria Peninsular, propiedad de la familia del periodista Carlos Loret de Mola, bajo el nombre de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).
Asimismo, reafirmaron su compromiso con el buen gobierno del agua, a pesar de la reciente aprobación de un paquete legislativo que perpetúa la Ley de Aguas salinista y promulga una “Ley General de Aguas” meramente declarativa, sin efectos reales.
En mesas temáticas, diseñaron estrategias a favor de los derechos de pueblos indígenas sobre sus aguas y territorios, el debido reconocimiento de los sistemas comunitarios del agua y la democratización de los Distritos de Riego.
Además, generaron planes de acción frente al fracking, la contaminación, la minería tóxica, la sobreexplotación y acaparamiento, los trasvases, la corrupción y la criminalización de defensores del agua y el territorio.
Expresan sus demandas
Las comunidades exigen la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y la aprobación de una legítima Ley General de Aguas que cumpla con el mandato constitucional de garantizar el acceso equitativo y sustentable a través de la participación comunitaria y ciudadana.
Se suman a la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) en su propuesta para que la Ley General de Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos no se limite a reconocer el derecho a ser consultados, sino que reconozca a los pueblos y comunidades como sujetos colectivos de derecho, con autoridad y capacidad de decisión sobre el agua en sus territorios, conforme a sus sistemas normativos, formas de organización y prioridades comunitarias.
En el mismo sentido, piden que los sistemas comunitarios sean reconocidos como sujetos colectivos de derecho público y que las reformas a las leyes estatales se basen en la Ley Modelo aprobada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Demandan además que los sistemas comunitarios tengan acceso a la tarifa eléctrica de servicio público, cancelada por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2017.
Exigen un decreto presidencial que prohíba el fracking en el país, fundamentado en las recomendaciones del Comité de Expertos y en el respeto por los derechos comunitarios y ambientales. La soberanía se defiende con la sustentabilidad hídrica y energética.
Asimismo, exigen que se cancele de manera definitiva el trasvase Pánuco-Cerro Prieto (antes Monterrey VI); la presa Mujer Solteca (Margarita Maza), en Oaxaca, así como el trasvase de Hidalgo a la Cuenca de México anunciado en la “Estrategia Hídrica Metropolitana”.
Demandan que se cumpla con el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, lo cual exige que la Conagua registre el título de derechos a aguas superficiales acordado con las autoridades yaquis, y que el Gobierno del Estado de Sonora traspase los recursos y la administración del Acueducto Yaqui al Pueblo Yaqui.
Alertan sobre la multiplicación de centros de datos en México, acelerada por movimientos en contra de su construcción en Estados Unidos debido a su alta demanda de agua y energía, por lo que exigen una moratoria a su construcción hasta lograr garantías de que no se agrave la crisis del agua en el país.
De igual forma, solicitan el cabal cumplimiento de la sentencia 543 de la SCJN, que obliga a la Conagua a recuperar el Acuífero Principal de La Laguna en cinco años a través de la reducción en los volúmenes concesionados, la instalación de medidores telemétricos, la clausura de pozos irregulares y el acceso público a la información al respecto.
Expresan también su preocupación por la mala calidad del agua que sufren los habitantes de las zonas de sacrificio en la Ribera de Chapala, el río Santiago y el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, por lo que exigen que se decrete la alerta sanitaria y se tomen acciones efectivas frente a las descargas, sin utilizar la actual crisis para justificar megaobras poco efectivas ni la privatización.
Además, demandan que el Estado mexicano prohíba y cancele cualquier contrato o arreglo con empresas privadas o públicas del Estado genocida de Israel, y que la Conagua garantice la transparencia y democratización de los Distritos de Riego, asegurando el acceso equitativo al agua, el reconocimiento de los derechos ejidales y la tecnificación efectiva para todas y todos los usuarios agrícolas, no solo a los grupos caciquiles, agroindustrias y agroexportadores.
Se pronuncian contra los planes de construir o poner en función proyectos que ponen en riesgo la salud y la sustentabilidad hídrica, incluyendo la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa; la planta de amoniaco Fermachem en Cañón de Fernández, Durango, y la planta para la licuefacción del gas en Guaymas, Sonora.
Piden el reconocimiento del territorio y acuífero kárstico peninsular y nacional como altamente vulnerables a la contaminación y sobreextracción, como una condición vital para su blindaje y protección ante la invasión y expansión de todo tipo de proyectos de muerte.
Por otra parte, exigen la liberación de los 15 defensores del agua de la comunidad de Dinamita, Durango, quienes llevan siete meses de encarcelamiento injustificado, así como de los otros 14 que están bajo arresto domiciliario, actos realizados por el Gobierno del Estado de Durango en venganza por haber logrado la cancelación de la fábrica de cianuro de sodio (químico esencial para la minería tóxica) de la empresa Chemours.
Asimismo, piden la liberación de los defensores del agua presos de Guadalajara y en Puebla; de Marvin Trinidad López, de Tabasco; de los presos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, y de Luis Chuc, de Yucatán. Exigen que cese la criminalización de Wilbert Nahuat Puc, de Mérida, Yucatán, y la de otros defensores del agua.
