Estela Ambriz Delgado
La organización Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), pide a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que se haga oficial la prohibición de la técnica extractiva en la cuenca Tampico-Misantla anunciada desde el pasado 6 de agosto, tras dar a conocer los resultados del trabajo realizado por el comité científico, pues a más de dos meses no hay correspondencia legal para la determinación.
Luego de que se realizara la Jornada Continental contra el Fracking, en la que participaron comunidades y organizaciones de México, Colombia, Argentina y Brasil, el pasado 8 de octubre, la organización exige que se prohíba legalmente el fracking, el uso de agua dulce, la perforación a menos de 10 kilómetros de las comunidades, el uso de sustancias tóxicas, las servidumbres forzosas sobre tierras ejidales e indígenas y la quema rutinaria de gas.
AMCF señaló que a más de dos meses de la presentación de resultados del análisis del comité científico el pasado 6 de agosto, y el anuncio de que se prohibirá la fracturación hidráulica en la cuenca petrolífera de Tampico-Misantla (en donde se ubican diversos municipios de la Huasteca Potosina) así como el compromiso del gobierno federal de cumplir todas las recomendaciones de los expertos, el anuncio no tiene correspondencia legal.
No hay iniciativa, decreto, ni norma que lo establezca, y las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos en el norte del país siguen abiertas al gas no convencional. Consideraron que este vacío no es menor, pues en el continente las promesas de moratoria y de regulación se están rompiendo una tras otra para abrir paso a más extracción de gas y más fracking, razón por la que comunidades y organizaciones de Colombia, Argentina y Brasil también salen a defender el agua y sus territorios.
“Ese es el rumbo que se intenta imponer en la región. México puede marcar la diferencia: convertir en ley el anuncio de la presidenta es cumplir con sus propios compromisos y con los acuerdos internacionales que ha firmado como el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT”.
Por ello, de entre las recomendaciones del Comité, la Alianza retomó las más críticas y las convirtió en seis exigencias de prohibición propias. Cada una prohíbe un lugar, un insumo, una sustancia o una figura legal, y se sustenta en las recomendaciones del propio Comité.
Estas son, en primer lugar, prohibir por ley la técnica de fracturación hidráulica en toda la cuenca Tampico-Misantla, pues en sus 46 municipios viven casi dos millones de personas, 40 por ciento habla una lengua indígena y más del 40 por ciento de la tierra pertenece a 2081 ejidos y comunidades, de acuerdo con los datos del propio informe del comité científico.
En segundo lugar, prohibir el uso de agua dulce y de aguas residuales tratadas para fracking. Al respecto, señalan que el comité descartó estas fuentes porque están comprometidas para consumo humano y agricultura, y se posicionó como única alternativa el agua salada profunda, aunque esto no ha sido comprobado.
Como tercer punto, exigen que se prohíba la devastadora técnica a menos de 10 kilómetros de localidades, fuentes de agua, centros de salud y Áreas Naturales Protegidas, dado que el mismo comité reconoce que entre 5 y 10 kilómetros persiste riesgo de exposición. Actualmente, en el país no existe ninguna distancia mínima obligatoria.
La cuarta petición es que se prohíban las 13 sustancias altamente tóxicas que identificó el comité, las cancerígenas y todo aditivo no divulgado. Para el cumplimiento de ello, cada fractura deberá publicar nombre, concentración y volumen de lo que se inyecta, sin excepciones por secreto industrial o seguridad nacional.
El quinto punto es prohibir las servidumbres forzosas en tierras ejidales, comunales e indígenas, pues como señala el análisis científico, el acceso obligatorio a estas tierras vulnera el Convenio 169 de la OIT y el artículo 2° Constitucional.
Finalmente, la sexta petición es que se prohíba el venteo y la quema rutinaria de gas, y sólo se autorice la quema de emergencia por seguridad. Esto de acuerdo con la política de gobierno que establece la eliminación de la quema como prioridad de soberanía energética, y el comité identifica el metano como uno de los cinco frentes críticos del fracking.
“Lo que está en juego es enorme. Alrededor de 6 millones de personas viven en las zonas con potencial no convencional o a menos de 15 kilómetros de ellas. Extraer apenas el 10 por ciento de esos recursos requeriría más de 25 mil pozos y casi 2 mil millones de metros cúbicos de agua dulce, y ocho de cada diez litros de agua necesaria saldrían de zonas en grave riesgo hídrico”.
La AMCF mantiene su exigencia de prohibir la fracturación hidráulica en todo el país, pues en todos los territorios donde se ha practicado había regulación y las mejores prácticas de la industria, y en todos han ocurrido daños al ambiente, al agua y a la salud.
“Estas seis prohibiciones no sustituyen esa exigencia, son lo mínimo que el gobierno debe cumplir si va a respetar lo que dijo su propio comité. La presidenta Sheinbaum se comprometió a cumplir las recomendaciones de su comité científico. Un anuncio no basta, le exigimos que lo haga por ley”.
