Estela Ambriz Delgado
La colectiva ¡Cambiémosla Ya! Ley Minera expresó que la reciente impugnación de la Secretaría de Economía a la sentencia que dejó insubsistentes 44 títulos de concesión minera en el Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural Wirikuta es un ejemplo del papel de guardián de los intereses de esta industria, sin importar los impactos en los territorios indígenas y mucho menos en el medio ambiente.
Esta organización (que reúne a pueblos, comunidades, organizaciones civiles, movimientos, personas académicas y defensoras del territorio que buscan reformar dicha ley) considera que el Gobierno federal, lejos de fortalecer la regulación minera para salvaguardar los derechos y la protección ambiental, busca “agilizar” trámites para beneficiar a la industria.
Señalan que la Secretaría de Economía, actualmente a cargo de Marcelo Ebrard, ha sido omisa por más de tres años en su obligación de publicar el reglamento de la Ley de Minería, mientras que es diligente para velar por los intereses de las mineras:
“Se ha caracterizado por hacer una defensa férrea de los intereses de las empresas mineras y se ha olvidado de garantizar los derechos de las comunidades indígenas y campesinas y la protección del medio ambiente”.
Sobre el recurso de revisión interpuesto, precisaron que las concesiones materia de litigio fueron otorgadas sin consultar y sin el consentimiento de los pueblos originarios, por lo que intentar revertir su insubsistencia es un ejemplo del papel de guardián de los intereses de la industria minera que ha desempeñado el Gobierno federal, sin importar los impactos que ocasionarían los proyectos mineros en los territorios de los pueblos y mucho menos en el medio ambiente.
De igual forma, la colectiva subraya que, al incumplir su obligación de expedir el reglamento de la Ley de Minería reformada en mayo de 2023, la Secretaría favorece a la industria con un amplio margen de interpretación para que la autoridad permita que se continúen vulnerando derechos de forma sistemática:
“En vez de cumplir con el mandato de la Ley y publicar el reglamento de minería, el secretario Marcelo Ebrard, junto con su equipo, muy destacadamente el expanista Fernando Aboitiz, han acelerado la expedición de permisos mineros y se han comprometido con la industria para impulsar la exploración y explotación minera a gran escala en el país. ¿Dónde queda la promesa de campaña de prohibir la minería a cielo abierto? ¿En qué cajón se quedó guardado el ambientalismo de esta administración?”.
Asimismo, hacen mención de que uno de los puntos más destacables en la regulación que se logró con la reforma a la Ley de Minería de 2023 es la obligación de consultar para obtener el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas antes de asignar una nueva concesión minera, por lo que cuestionan en dónde está el respeto a los mismos.
Afirman que pretender impulsar la exploración minera a gran escala implica regresar al camino del extractivismo neoliberal que tanto ha criticado la Cuarta Transformación y devolver el control de la exploración minera a la industria privada:
“¿Acaso pretende la SE revertir los avances de la Ley de Minería (2023), o nada más darle la vuelta?… Un día sí y otro también, representantes de la industria minera presumen en distintos medios los compromisos de funcionarios de la Secretaría de Economía para impulsar procesos para devolverles facultades de exploración y para ampliar sus concesiones mineras”.
En el mismo sentido, la organización recordó que para Marcelo Ebrard la soberanía de los recursos minerales es una nimiedad, pues celebró el Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos (del que a la fecha no hay información pública) para, entre otras cosas, proveer precios mínimos de los minerales y el suministro preferente a Estados Unidos, así como intercambiar información sobre la ubicación de posibles yacimientos de minerales críticos.
Además, señalaron que el titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas (UCAE) de esa Secretaría, Fernando Aboitiz, afirmó que la propuesta de acuerdos sobre minerales críticos fue elaborada junto con la Cámara Minera de México (Camimex).
Para concluir, indicaron que los funcionarios están de paso y se les recordará la falta de congruencia política en las urnas y en el territorio; asimismo, hicieron un llamado enérgico para que cumplan su obligación de salvaguardar los derechos colectivos amenazados por la minería.
