Por Victoriano Martínez
Entre 1613 y 1625 comenzó como una pequeña ermita en honor a San Juan Bautista en la que el padre Juan Barragán Cano practicó la meditación. Poco antes de la muerte del sacerdote, la ermita recibió un óleo de la Virgen de Guadalupe de 1625 y desde entonces la devoción a la imagen y las peregrinaciones al sitio comenzaron y siguen hasta ahora.
Se trata de datos que forman parte de un peritaje en Antropología Social e Historia en el expediente 290/2018 del Tribunal Unitario Agrario aportado en 2024 elaborado por Estela Ambriz Delgado que dan cuenta del nacimiento de un culto y una tradición que hoy están en peligro por la ambición de depredadores inmobiliarios.
La incursión y los destrozos provocados por Jaguar Ingenieros Constructores en el entorno del Santuario del Desierto, que se encuentra dentro del polígono del Área Natural Protegida (ANP) Sierra de San Miguelito, no sólo violan las prohibiciones del decreto de la ANP, sino que además atentan contra patrimonio cultural y tradiciones centenarias.
Una actitud que no es nueva en el entorno de la ciudad por la que se privilegia el negocio por encima de cualquier otro valor, sean ambientales, culturales y hasta simbólicos.
Desde mediados de los 90, del siglo pasado, privilegiar un negocio minero –para colmo, extranjero– puso en la mira el máximo símbolo de San Luis Potosí: el Cerro de San Pedro, que forma parte del Escudo de Armas.
La oposición a la Minera San Xavier no sólo era contra el extractivismo del oro y la plata en Cerro de San Pedro y la defensa ecológica por los severos daños ambientales previstos, sino también por el valor cultural, histórico y simbólico del cerro que finalmente desaparecieron y del que hoy el Escudo de Armas es testimonio de que existió.
El pasado 22 de junio, en el Ejido Cerro Gordo en el municipio de Zaragoza, se realizaron detonaciones de explosivos en el cerro que da nombre al ejido, en lo que fue un intento por destruir la montaña para hacer negocios: un banco de materiales y un eventual desarrollo inmobiliario.
Poco importaba el daño ecológico y aún menos el valor simbólico para la comunidad del entorno del Cerro Gordo. ¿Ahora cómo nos llamaremos?, se preguntaban los habitantes de la comunidad.
Pero no sólo privilegiar negocios pone en peligro monumentos históricos y tradiciones populares. También el hecho de que desde la autoridad se le rinda culto al automóvil. Desde 2018 se han presentado dos intentos por construir un paso a desnivel junto al templo de El Saucito. Poner en riesgo el monumento histórico no importa. Y el tercer intento sigue en puerta.
Le llegó el turno al Santuario del Desierto. No por primera vez, aunque en esta ocasión se han rebasado todos los límites: comenzó la construcción a pesar de existir una prohibición expresa y el valor cultural, simbólico y tradicional del sitio poco les importa.
En los dos más recientes atentados contra sitios con valor histórico, cultural y simbólico, el de Cerro Gordo y ahora el del Santuario del Desierto, coincide en estar involucrada la empresa Jaguar Ingenieros Constructores, que se la ubica con relación cercana al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Si en la destrucción del Cerro de San Pedro tuvo un carácter decisivo el involucramiento del entonces gobernador Marcelo de los Santos Fraga con la Minera San Xavier para consumar el ecocidio y el daño histórico, la sombra de Gallardo Cardona atrás del atentado contra el Santuario del Desierto es una señal de alerta muy fuerte sobre la posibilidad de que se consume.
La resistencia por parte de los ejidatarios de Guadalupe Victoria y su Anexo La Cruz se da por descontada y ya comenzaron con denuncias públicas, pero también ante las instancias federales que deberían hay tomado medidas cautelares inmediatas por tratarse de una violación a un ANP.
La inacción de las autoridades federales puede tener dos efectos: el primero es que el tiempo sin parar la maquinaria lleve el asunto a daños de difícil reparación y el segundo es que ante una destrucción consumada los ejidatarios de Escalerillas pretendan revivir la diputa por ese territorio que perdieron desde marzo de 2017.
