Estela Ambriz Delgado
Las y los consejeros nahua y tének en el Congreso Nacional Indígena (CNI) emitieron un pronunciamiento sobre la crisis institucional, el rezago sistemático y la inactividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con exigencias como la intervención del Congreso del Estado para un proceso de remoción de su titular y la apertura de canales de diálogo con los colectivos de víctimas y pueblos indígenas.
A través de la activista Catalina Torres, el lunes 9 de noviembre se hizo entrega del documento en la Oficialía de Partes del Legislativo, el cual está firmado por las representantes nahua Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vásquez Bautista, así como Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, del pueblo tének.
En el mismo expresan que la situación actual de la CEDH rebasa cualquier margen de tolerancia institucional, evidenciando que la actuación del organismo protector se encuentra subordinada a intereses políticos y ajena al dolor humano, tal como lo documentan los antecedentes críticos de simulación, imposición y opacidad que rodearon la designación y posterior reelección de su titular para el periodo 2025-2029.
Puntualizan que la realidad operativa del organismo contraviene flagrantemente los principios rectores que mandata su propia ley, pues pese a que su objeto esencial es la protección, observancia, promoción y difusión de los derechos humanos, se ha dejado de lado a los sectores más vulnerables de la sociedad, priorizando trámites exprés de carácter político como la recomendación 10/2026.
Subrayan que esto sucede mientras más de mil quejas de madres buscadoras, víctimas de desaparición, mujeres, colectivos y pueblos y comunidades indígenas permanecen en el abandono absoluto de la titular Giovanna Itzel Argüelles Moreno, con lo que se contravienen los artículos 13 y 14 de la Ley de la CEDH.
Las y los consejeros critican que, ante la legítima toma de las instalaciones por parte de colectivos inconformes con la gestión de la presidenta, la respuesta de la comisión fue un acuerdo administrativo de suspensión indefinida de plazos y términos legales, con lo que se paralizó la defensa no jurisdiccional, se consumó una omisión sistemática intolerable y se revictimizó a las personas afectadas por su inacción.
Denuncian enérgicamente que también la población indígena del estado ha sido víctima directa de una omisión sistemática y absoluta por parte de la actual administración de la CEDH, pues desde que Argüelles tomó posesión no se hacen recorridos por las comunidades tének y nahua, ni se verifica el irrestricto respeto a los derechos sociales consagrados en el artículo 64 de la referida ley.
“Existe un vacío total en la protección de los derechos de los jornaleros agrícolas, migrantes, personas con discapacidad, mujeres, adolescentes y personas indígenas que sufren graves abusos y trata laboral en las regiones del Estado”.
Agregan que, pese a las exigencias de consulta directa, autonomía, autogobierno y respeto a los usos y costumbres, la CEDH ha guardado un silencio cómplice ante las agresiones y violaciones a los derechos político-electorales y territoriales de las comunidades indígenas, evidenciando que el organismo opera de espaldas a los pueblos originarios del conjunto del territorio estatal.
En el documento también apuntan a que la presente crisis no es un hecho aislado, sino el resultado previsible de una cadena de decisiones sustentadas en la simulación política, pues tal como se advirtió públicamente en su momento, la llegada y posterior ratificación de la titular obedeció a prácticas de simulación legislativa, donde primó la consigna política por encima de los perfiles idóneos y el consenso social.
Por ello, las y los consejeros exhortan a que el Legislativo intervenga y ejerza su facultad de exigir rendición de cuentas, evaluar el desempeño y proceder a la remoción o juicio político ante causas graves de incumplimiento de funciones.
De igual forma demandan que la próxima comparecencia de Argüelles no sea un ejercicio de mero trámite, sino que sirva como el acto formal de apertura del procedimiento de remoción, con sustento en las atribuciones de control y responsabilidad previstas en los artículos 29, 38 y 47 de la ley del organismo, ante la evidente inactividad, el rezago histórico de más de mil expedientes de víctimas y la violación sistemática de los principios rectores de su marco normativo.
Además exigen que se brinden e implementen de manera inmediata las medidas cautelares necesarias, conforme a las facultades previstas en los artículos 26 fracción IX y 111 de la ley de la comisión, para las personas, comunidades, pueblos indígenas y colectivos que han hecho uso de su legítimo derecho de expresión, manifestación y protesta, y se evite cualquier acto que intente reprimir, intimidar o atentar contra su integridad física, moral, psicológica y emocional.
Asimismo, exigen la apertura de canales de diálogo vinculante y resolutivo con los colectivos de víctimas y pueblos indígenas, a fin de garantizar que cualquier determinación sobre el rumbo de la CEDH rompa con las prácticas del pasado y coloque en el centro la dignidad y los derechos de las mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes, niños, niñas, personas con discapacidad, periodistas, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas del estado.
