Fernanda Durán
Representantes de las comunidades indígenas mixteca baja, mazahua y otomí entregaron a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado documentación sobre quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), algunas de ellas con varios años de antigüedad, y solicitaron la intervención de los diputados ante lo que consideran falta de atención y seguimiento por parte del organismo.
Durante la reunión encabezada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión legislativa, y otros diputados representantes de la Huasteca potosina como Brisseire Sánchez, Marcelino Rivera y Yaniria Santiago, se informó que el 23 de noviembre es la fecha propuesta para convocar a la presidenta de la CEDH, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, aunque todavía deberá acordarse formalmente.
En la sesión también se dio cuenta de tres escritos turnados a la Comisión legislativa mediante los cuales representantes indígenas solicitaron la presencia tanto de Argüelles Moreno como del titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), Juan Gerardo Castillo Mata, a fin de exponer las inconformidades relacionadas con la atención recibida.
Narciso Mendoza López, representante de la comunidad mixteca baja, explicó que sus integrantes han presentado diversas quejas ante la CEDH por presuntos actos de discriminación y afectaciones a sus derechos, sin obtener, según afirmó, las respuestas esperadas.
Señaló que las comunidades llevan años solicitando reuniones con la presidenta del organismo y que también han requerido medidas cautelares que, aseguró, les han sido negadas.
“Hasta el momento tenemos 10 quejas pendientes”, manifestó al pedir que el Congreso intervenga para conocer el estado de los procedimientos.
Durante su participación, Mendoza López entregó a los legisladores una relación de expedientes. Entre la documentación exhibida se encuentra un listado de 19 registros de quejas fechadas entre julio de 2013 y julio de 2026.
De acuerdo con ese documento, 17 expedientes aparecen con el estatus de archivados, uno figura como reapertura y otro, presentado el 13 de julio de 2026, como turnado a visitaduría.
Entre las inconformidades expuestas, Mendoza López mencionó una queja relacionada con los planes estatal y municipal de desarrollo, al considerar que las consultas realizadas años atrás no se han traducido en resultados concretos para las comunidades indígenas.
El representante también cuestionó la diferencia entre los tiempos de atención de sus asuntos y la reciente Recomendación 10/2026, emitida por la CEDH a partir de una queja del diputado Héctor Serrano Cortés contra el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra.
Por su parte, María Guadalupe González Gutiérrez, representante de la comunidad mazahua, señaló que también han presentado diversas quejas ante la CEDH y solicitado reuniones con Argüelles Moreno, sin obtener una atención que consideren satisfactoria.
González Gutiérrez entregó documentación adicional y aclaró que existen otros asuntos que no fueron incluidos en ese momento. También expuso dificultades para acceder a autoridades municipales y estatales, así como situaciones de discriminación relacionadas con la lengua, la vestimenta y las actividades de sus comunidades.
A la reunión también acudió Juana Francisco Juan, representante otomí, quien coincidió en la necesidad de revisar el seguimiento de las quejas presentadas por integrantes de pueblos originarios.
Las representantes solicitaron que el Congreso examine la actuación de la CEDH y plantearon la posibilidad de revisar la permanencia de su presidenta y de otros funcionarios del organismo como el secretario ejecutivo Miguel Carbajal.
En respuesta, Gama Basarte explicó que la Comisión legislativa dará seguimiento a las inconformidades a partir de los documentos entregados, con el propósito de identificar el estado de cada expediente y las actuaciones realizadas por la CEDH.
El diputado aclaró que una eventual destitución de la presidenta del organismo no puede resolverse directamente desde la Comisión legislativa, sino que requiere una valoración de su desempeño y los procedimientos legales correspondientes.
Sobre la reunión con Argüelles Moreno, precisó que ya existe una propuesta para realizarla durante noviembre. “Tenemos propuesto el día 23 de noviembre, pero evidentemente con la intención de poderlo consensar con la propia Secretaría”.
El legislador también planteó solicitar la participación de instituciones de seguridad pública, de la Secretaría de las Mujeres y de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para establecer mecanismos de protección a las personas que participan en las manifestaciones relacionadas con la CEDH.
La propuesta, explicó, busca garantizar el derecho a la protesta y prevenir situaciones que puedan afectar a las personas involucradas.
Con la entrega de los expedientes, la Comisión legislativa cuenta ahora con una relación documental de asuntos que los representantes indígenas solicitan revisar. No obstante, queda pendiente conocer las causas de archivo de las quejas, las respuestas emitidas por la CEDH y los resultados de los procedimientos que permanecen abiertos.
La eventual reunión del 23 de noviembre permitiría solicitar directamente a Argüelles Moreno información sobre esos expedientes y los criterios de atención aplicados por el organismo, mientras el Congreso determina qué acciones de seguimiento puede realizar dentro de sus atribuciones.
Durante el encuentro, Gama Basarte también hizo énfasis en la importancia de mantener un diálogo respetuoso entre las organizaciones.
“Cuente con esta Comisión, cuente con la apertura siempre, la disposición, siempre y cuando mantengamos un diálogo respetuoso, atento”, expresó ante los representantes indígenas.
El diputado insistió en que las inconformidades deben plantearse con argumentos y documentación, así como mediante el respeto mutuo y a los procedimientos de cada institución.
