María Ruiz
Alrededor de dos mil personas jubiladas y pensionadas del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, incluidas aquellas adscritas a distritos foráneos, permanecen sin recibir el incremento salarial correspondiente al ejercicio 2026 debido a que la institución no ha regularizado el ajuste del 3.5 por ciento en la nómina del personal en activo ni ha publicado los tabuladores actualizados en el Periódico Oficial del Estado.




De acuerdo con lo expuesto por Ana Luisa Morales Lara, representante de la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, la omisión administrativa bloquea el mecanismo legal de movilidad salarial previsto en el artículo 60, fracción II, de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí. Dicho precepto establece que la pensión será móvil y que deberá incrementarse en los mismos términos y montos en que aumenten los salarios base de los trabajadores en activo y los conceptos cotizados ante la Dirección de Pensiones.
Morales Lara explicó que el aumento base del 3.5 por ciento, con carácter retroactivo a febrero, fue anunciado desde el pasado 8 de agosto por la Oficialía Mayor tras las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), organización a la que señaló por mantener negociaciones opacas. Sin embargo, advirtió que el Poder Judicial pretende cubrir únicamente pagos retroactivos al personal activo a finales de este mes sin modificar los tabuladores oficiales, una medida que dejaría fuera a los extrabajadores.
“No estamos en posibilidad de negociar ni de aceptar que únicamente les paguen retroactivos a los activos porque eso nos hace a un lado a los jubilados, eso nos deja fuera de obtener nuestro aumento… Necesitamos conforme a la Ley de Pensiones que la movilidad sea en tabuladores, en Periódico Oficial y que se aplique directo en salario activos para poder tener acceso a nosotros los jubilados a ese aumento”, declaró la representante.
La dirigente precisó que la agrupación cuenta con 80 integrantes inscritos formalmente y un padrón general de alrededor de 150 personas, aunque la afectación alcanza a cerca de dos mil jubilados en toda la entidad. Añadió que la problemática de retrasos salariales se arrastra desde 2021 y que, además del ajuste anual de 2026, existen adeudos y supresiones en prestaciones como los premios de puntualidad al momento del retiro.
Respecto a las gestiones institucionales, Morales Lara denunció que han transcurrido 51 días sin respuesta a un oficio entregado el 1 de octubre para solicitar una mesa de diálogo con la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes del Consejo del Órgano de Administración Judicial. Asimismo, indicó que a una segunda solicitud formal presentada el 28 de octubre para exigir la regularización de nómina y tabuladores, las autoridades respondieron con argumentos de falta de viabilidad financiera y ausencia de presupuesto, sin fijar fechas de pago.
La vocera cuestionó la falta de liquidez argumentada por el Poder Judicial al recordar que en septiembre del año pasado la institución solicitó recursos dentro del capítulo 1000 para cubrir salarios y percepciones, y que a mediados de noviembre de 2026 tramitó un proyecto presupuestal superior a los mil trescientos millones de pesos para 2027. Señaló que, de existir un déficit real en el ejercicio en curso, la normativa faculta a las autoridades a gestionar una ampliación presupuestal, trámite que hasta la fecha no han realizado.
Por su parte, Rosalía Sierra, trabajadora jubilada tras 33 años de servicio como secretaria en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, reprochó la retención de los recursos destinados a los incrementos del personal de apoyo y exigió a los consejeros cumplir con la notificación oficial ante la Dirección de Pensiones.
“¿Qué ley les faculta para tomar presupuestos que ya no les corresponde? Porque el salario de un trabajador como es sus aumentos es sagrado, es un personal de apoyo y tiene derecho de recibir sus aumentos en tiempo y forma como lo marca la ley. ¿Qué ley les faculta a los consejeros o qué sé yo para no hacer lo que en derecho les corresponde? No nos corresponde a nosotros estar aquí, les corresponden a ellos hacer su tarea, su trabajo, mandar comunicar a pensiones que el tabulador ya cambió. Y lo que es más, darles al activo el aumento. Nos están perjudicando no solamente como trabajadores, como pensionados, como jubilados. Nos están perjudicando también como personas de la tercera edad”, expresó.





