Adriana Ochoa
Sucede lo mismo en los corporativos privados que en el poder político: el cambio de titulares en un cargo no siempre significa una pérdida real de influencia. El poder no se entrega; se muda de oficina, suele decirse.
La constitución obliga a las autoridades políticas a acatar la temporalidad de sus puestos y la generalidad de la casta que gobierna buscar a como dé lugar que ese cambio no sea para ellos una pérdida, sino una migración a otros espacios. No hay nada más aterrador para nuestra clase política que el ya no ser.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha puesto en el horizonte su aspiración de “estar en la boleta” en 2027. De ahí el imaginario corrió a la posibilidad de buscar una diputación federal con plan más largo, no para ser uno de 500 diputados, sino para alcanzar la jefatura de la bancada federal Verde.
Sin embargo, el andamiaje jurídico le traza un límite. De acuerdo con el artículo 55 de la Constitución mexicana, en el tercer párrafo de la fracción V, establece literal que “los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos”.
El texto literal de la Constitución sobre este límite no distingue entre mayoría relativa y representación proporcional. Si ese fuera el caso de Gallardo, se valdría de una a interpretación vigente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le abrió la puerta a Cuauhtémoc Blanco para pasar la gubernatura de Morelos a San Lázaro en 2024.
El argumento jurídico del Trife, muy controvertido, fue que la elección plurinominal no se vota en una sola entidad federativa (la jurisdicción del gobernador), sino en una circunscripción regional que abarca varios estados (en el caso de San Luis Potosí, la Segunda Circunscripción). Lo que sí se mantendría obligado, si el criterio se mantiene, sería separarse del cargo 90 días antes de la elección.
La antesala inmediata de estas definiciones parece que ocurrirá esta semana, los días 24 y 25 de noviembre, durante un Foro Internacional Ambiental que servirá de marco para homenajear a Jorge González Torres, el fundador del PVEM, con la presencia prevista de su hijo Jorge Emilio González y la entrega de un reconocimiento al propio gobernador, supuestamente por méritos ambientales.
Diversas versiones periodísticas encuadran el encuentro como un “predestape” de la senadora Ruth González Silva, esposa del mandatario, rumbo a la gubernatura. Gallardo ha rechazado públicamente esa lectura, pero no ayuda a su dicho que la nota engacetillada de ese evento no llevara la foto del homenajeado González Torres, del premiado gobernador o por lo menos de la obra o acción ambientalista que ameritó el anunciado reconocimiento ecológico para Gallardo. No, la ilustraron con un posado de Ruth González Silva.

En torno a este foro también se perfilan otras rutas posibles. La primera es un acto de cohesión unitario, donde el homenaje refuerce la marca del Verde y posicione simbólicamente a González Silva como rostro de la continuidad, enviando una señal de autonomía frente a Morena. La segunda es una dualidad controlada, manteniendo un discurso ambiental que nunca dispensan, mientras las imágenes y encuentros informales consolidan el proyecto de sucesión sin infringir tiempos legales. La tercera implica un bajo perfil forzado, donde la presión mediática y los señalamientos de nepotismo y campaña anticipada obliguen a un evento sobrio que diluya cualquier proyección sucesoria inmediata.
El tercer escenario contempla contención externa. Presiones desde la dirigencia nacional de Morena, impugnaciones en tribunales o un desgaste acumulado podrían complicar la maniobra, acotar el margen del interinato y hacer más competitivo el proceso.
Mientras el Verde calibra sus tiempos, sus rivales mueven piezas. En Morena, Elí César Cervantes Rojas, coordinador estatal de defensa de la transformación, mantiene l ritmo de trabajo territorial que la dirigencia estatal tomó desde que le adelantaron la posibilidad de ir por separado del Verde en San Luis.
Por su parte, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos se mantiene como la carta principal del bloque opositor tradicional (PAN-PRI), buscando capitalizar el voto urbano y el rechazo a la continuidad del gallardismo. Los sondeos publicados entre octubre y noviembre de 2026 reflejan una contienda abierta y muy sensible a la metodología, una manera elegante para recordarnos que los encuestadores en este país suelan prodigar sus afectos y desafectos en los puntajes.
El desenlace de 2027 en San Luis Potosí dependerá de si el pragmatismo electoral del Partido Verde logra sortear las restricciones constitucionales y el desgaste del relevo familiar, o si la ruptura con Morena y el empuje opositor logran fracturar una hegemonía construida desde Soledad hacia todo el estado.
ROLLOS SUELTOS
ATENTOS, JÓVENES. El Ceepac aprobó el viernes lineamientos para los registros de personas jóvenes, con criterios para la postulación obligatoria en las listas de candidaturas a diputaciones. Los partidos políticos y coaliciones deberán postular al menos una fórmula de personas jóvenes, atendiendo al principio de paridad de género. Y en las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, la fórmula deberá ubicarse dentro de las tres primeras posiciones, nada de “integrarlos” en los lugares de posibilidades nulas. Para ayuntamientos, deberán registrar al menos el veinte por ciento de candidaturas jóvenes. A ver de dónde sacan algunos partidos suficientes candidatos jóvenes.
CONTRA LA “PUERTA GIRATORIA”. El trabajo del ayuntamiento capitalino sobre la reincidencia en las faltas cívicas, publicado en el libro “Justicia Cívica Inteligente”, es un ejercicio interesante como idea original que podría amplificarse al área penal. El registro, ubicación, seguimiento y trato a las personas infractoras que incurrían una y otra vez en las mismas conductas, se tradujo en una reducción de la reincidencia. Si este trabajo se proyectara a cuestiones de seguridad, con los ajustes necesarios, podría ser un buen tema con la perspectiva federal de atención a las causas.
VERDE A LA FUERZA. El juzgado octavo federalle ha ganado en tres recursos de queja interpuestos por el gobernador, la Segam, Seduvop y demás yerbas gubernamentales que pretenden echar abajo un juicio promovido por el abogado ambientalista Luis González Lozano. El tema es el uso arbitrario del verde en banquetas y camellones de avenidas que ha intervenido el Gobierno del Estado, en lugar del amarillo universalmente establecido como medida de seguridad vial para acotar avenidas. Un tribunal ha desestimado las quejas de manera contundente. La seguridad vial no debiera ser motivo de propaganda.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.






