Adriana Ochoa
Hay una ironía amarga en el ejercicio del poder autoritario. Cuando los legisladores intentan imponer censura, suele brotar un miedo inocultable. Ocurre hoy en San Luis Potosí, donde el fantasma de la fallida “Ley Serrano” sigue rondando porque la censura permanece con otras formas y actores. Aquel intento de regulación, vapuleado por medios capitalinos e incluso internacionales como El País por su naturaleza punitiva, naufragó estrepitosamente. Sin embargo, los diputados oficialistas insisten en defender lo indefendible, revelando las profundas contradicciones de su gestión.
“De lo que más orgulloso me siento, aunque algunos han pretendido denostarlo, es de mi apellido; la Ley Serrano está vigente y es el origen de lo que se dará con el tiempo para una regulación necesaria, a nivel mundial”, declaró a su cuenta el diputado Héctor Serrano. Lo dijo justo cuando el gobernador Ricardo Gallardo derogaba la polémica reforma impulsada por el legislador del Partido Verde.
El gobernador prefirió cortar de manera emergente una espiral de críticas y un escándalo mediático ascendente. Las crecientes tensiones apuntaban directamente hacia su esposa, la senadora Ruth González, tras la sumaria detención de varios comunicadores en la entidad.
Antes del carpetazo, Serrano prometió arreglar él mismo el desprestigio con foros para reencauzar la propuesta. Serrano invitó en persona a reporteros y analistas. No calculó el crecimiento geométrico del daño reputacional al gobierno al que sirve.
La Secretaría General de Gobierno operó de emergencia. Organizó un evento apresurado, plagado de representantes empresariales y con marcada ausencia de periodistas. Ahí se anunció el fin de la ley. Ni se acordaron de llamar a la voz a los representantes del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Si Serrano estaba o no invitado a hablar, quién sabe, pero él tomó el micrófono para asumir con orgullo la autoría de esa reforma.
Meses después, las bancadas sumisas –Verde, PT y Nueva Alianza- arremetieron contra el Foro sobre IA, derechos digitales y periodismo en espacios universitarios. El encuentro fue organizado de forma independiente por el colectivo ciudadano Voces Libres.
Mediante un boletín oficial, los legisladores lamentaron que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) prestara sus aulas. Calificaron el evento como una conspiración política, acusando a los organizadores de trabajar para el alcalde capitalino. Fue una clara y muy burda maniobra de censura previa. Tan disparatada, que el PT se desligó horas después de la opinión signada por sus adocenados legisladores.
Los diputados oficialistas condenaron un encuentro académico sin conocer siquiera los contenidos de los talleres, conferencias y paneles impartidos por especialistas de alto nivel en las instalaciones universitarias. Participaron referentes como Artículo 19, Factual, Verificado MX, Luminas Centro de Derechos Humanos y el Grupo Universitario de Inteligencia Artificial. Todos se reunieron para formar a periodistas y estudiantes en herramientas digitales críticas.
¿A qué le tuvieron tanto miedo los diputados? Le temieron a la ciencia. El doctor en Física y Sistemas Complejos, Diego Espitia, ofreció una cátedra magistral sobre los alcances reales de la inteligencia artificial. Le temieron a la verdad técnica: Verificado MX enseñó a jóvenes estudiantes y reporteros a identificar imágenes o videos manipulados sintéticamente. Mapearon los rastros digitales que deja la desinformación generada con herramientas algorítmicas modernas.
Le tuvieron miedo a la autonomía digital. Los creadores de portales locales y estudiantes de comunicación aprendieron protocolos de ciberseguridad indispensables para evitar hackeos, bloqueos gubernamentales o sabotajes informáticos contra sus plataformas de noticias independientes.
Le tuvieron miedo a la ley protectora. La organización Artículo 19 puso sus servicios jurídicos a disposición de los comunicadores locales. Reafirmaron la defensa irrestricta de la libertad de expresión frente a los atropellos del poder público.
Una sola diputada local, la morenista Gabriela Torres, acudió y participó en un panel desde su perspectiva y lealtades militantes. Voces Libres invitó a los 27.
El rencor oficialista se concentró en el periodista Luis Cárdenas. Él había expuesto las costuras de la Ley Serrano en una célebre entrevista nacional que desnudó los vacíos conceptuales y el sesgo autoritario del diputado.
Cárdenas viajó a San Luis Potosí pagando sus propios gastos. Cerró el foro en el auditorio Rafael Nieto desmintiendo cualquier nexo partidista. Llamó a no perder la confianza de las audiencias. Y por supuesto, llamó a hacer del miedo al autoritarismo un aliado, aprender a leerlo, reconocerlo y tener claro cuándo se convierte en un lastre. Su única agenda fue analizar el peligro de legislar sobre tecnología desde la ignorancia.
Fue una larga sesión de preguntas, algunas de ellas reveladoras de los grandes huecos en garantías básicas. Le preguntaron sobre la recomendación de la CEDH para obligar al rector a que se disculpe con Serrano por decir que es “foráneo”. Cárdenas ironizó: este país tiene incontables desaparecidos, víctimas de la violencia, madres sin justicia, y nuestra CEDH potosina dedica su tiempo a hacer recomendaciones contra un rector que solo dijo algo que es verdad: “Serrano es chilango, eso lo sabemos”.
Durante el foro surgió una recomendación recurrente entre asistentes: dejar de llamar “Ley Serrano” a esa iniciativa ridícula, para que ya no se enojara el diputado y mandara más bulas censoras o amenazas de demanda. La hemeroteca no miente: paradójicamente, fue el propio legislador quien bautizó y defendió con orgullo su fatídico proyecto regulatorio.
El encorajinado enjuiciamiento a la UASLP es pura tripa expuesta. Hablan desde la ignorancia. O desde lo que creen saber, que es peor. La institución tiene la obligación de mirar hacia afuera. Encerrarse en torres de marfil mientras la sociedad le pasa de largo hace obsoleta la academia.
Si un Congreso ignorante y autoritario intentara mañana poner cotos a la libertad de creación arquitectónica, la Facultad del Hábitat tendría la obligación moral de resistir y protestar. Si eligiera ponerse de perfil, silbar al cielo y no mojarse, mejor que bajara la cortina porque no tendría sentido seguir formando profesionales. Omitir el debate público en una universidad en general equivaldría a traicionar la esencia misma de la educación.
El uso de la inteligencia artificial y la regulación digital requieren conocimiento riguroso, no amenazas de escritorio ni berrinches parlamentarios. La “Ley Serrano” se fue, pero el ánimo censor y autoritario no. Los mismos diputados se encargaron de hacerlo saber.
