Adriana Ochoa
En la política del espectáculo, no falla que la paradoja es la primera en saltar al escenario. En un estado con problemas de abasto de agua, atravesado por profundas desigualdades y gobernado bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el gobernador ha tenido una ocurrencia de 150 millones de pesos: construir un acuario con 25 tiburones en pleno altiplano. La justificación gubernamental para semejante despropósito posee la ligereza de un capricho infantil: Que “los niños ya se aburrieron” con lo que hay en el Museo El Laberinto.
Quien visite hoy las instalaciones públicas del Laberinto, notará que el aburrimiento de los visitantes no surge de la falta de tiburones, sino del abandono institucional. Buen número de aparatos ya no funcionan y lucen desgastados y con piezas faltantes. Un espacio como ese requiere presupuesto, planeación, trabajo y renovación.
La propia administración que hoy promete un megaproyecto marino es la que mantiene en el Laberinto, se supone con fines de aprendizaje, una pequeña colección de animales de granja en condiciones que ameritarían la intervención de cualquier procuraduría ambiental digna de su nombre: un pequeño estanque sucio donde malvive un pato, unas tortugas verdes como el agua del mismo y recintos deplorables para unas cuantas cabras. Resulta grotesco ofrecer a la ciudadanía la fantasía del océano cuando ni siquiera se ha sido capaz de garantizar la dignidad y el bienestar básico de la fauna terrestre bajo su custodia.
Pero el ambicioso proyecto no responde al bienestar animal de un gobierno que se supone ecologista ni al rigor de la gestión pública; responde a la urgencia de la foto y el aplauso embobado por la vista de peceras de gran tamaño y animales de manutención impensable a más de 1800 metros sobre el nivel del mar. Se busca espectacularidad, no sostenibilidad. La misma lógica que el gusto de las fortunas meteóricas por los grandes felinos y las colecciones de animales exóticos: proyectar un poder que no repara en procedencias, pertinencias ni principios ambientales.
Esta eterna búsqueda del brillo, la estridencia y el fatuo suele pasar por encima de la norma. El gobierno de San Luis Potosí arranca obras sin permisos, promueve proyectos sin sustento técnico y le importan muy poco el costo y las licitaciones. Ahí está el antecedente del parque acuático en el ex balneario Splash del Tangamanga Uno. Se conectó a tomas de agua sin un solo permiso, como lo reconoció el Interapas. Nada de estudios técnicos sobre el gasto de agua, tampoco sobre el desecho. Otro ejemplazo, el inicio sin un solo permiso municipal del puente sobre la glorieta entre Alpes y el bulevar Rocha Cordero.
Lo técnico se desoye con un desdén justificado solo por las prisas y la mejor muestra es el rebautizado “Puente del Chipote”, en carretera a Rioverde, reparado después de las quejas y burlas de los automovilistas, en junio pasado, porque los vehículos saltaban bruscamente al transitar o descender de la estructura.
Ante este historial, la pregunta elemental y urgente es de estricta higiene legal y ambiental: ¿dónde estará la planta de tratamiento que requiere un acuario de esta envergadura? ¿Cuenta ya la obra con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada, o le seguimos con el modelo de “construir primero y pedir perdón después”?
Los tiburones son grandes carnívoros que producen cantidades significativas de materia fecal y excretan urea y amoníaco a través de sus agallas y orina. También se generan restos de alimento no consumido. Profepa trata duro a empresas “patito” que dicen tratar esas aguas amoniacales de acuarios y solo las vierten en cunetas. Esas aguas van servidas con químicos de tratamiento, antibióticos, desinfectantes y materia orgánica en descomposición, representan un riesgo de contaminación para los suelos y mantos acuíferos si no operan bajo estándares de excelencia que esta administración no ha demostrado poseer.
El agua que se descarta permanentemente debe pasar por plantas de tratamiento internas para ajustar el pH, eliminar metales, neutralizar desinfectantes y reducir la carga orgánica antes de verterse al alcantarillado público o cuerpos de agua. Y de esas descargas debe saber Interapas, el organismo intermunicipal de aguas que aborrece el gobierno gallardista.
Traer el mar a San Luis Potosí no es solo una extravagancia legal; es una irresponsabilidad ecológica. Un acuario continental exige un consumo voraz de energía y agua. Mantener sistemas de filtración, oxigenación, control de temperatura y salinidad para tanques de miles de litros requiere un flujo eléctrico e hídrico continuo y masivo. Producir toneladas de agua salada artificial en un territorio de escasez hídrica local no es solo una huella de carbono injustificable, sino un insulto directo a las comunidades golpeadas por el desabasto diario de agua potable.
Los tiburones son depredadores de amplio rango, animales diseñados para navegar océanos, no para ir y venir en bucles infinitos dentro de tanques de cristal. Encerrarlos no produce educación; produce estrés crónico, malformaciones y acortamiento de vida. ¿Es este el “ecologismo” que promueve el Partido Verde?
En un estado con recursos finitos, la política presupuestal es una declaración de prioridades morales. Invertir más de 150 millones de pesos -más los costos fijos de mantenimiento, electricidad y tratamiento especializado- en una atracción turística de alto mantenimiento representa un coste de oportunidad imperdonable.
Existen alternativas modernas, eficientes y verdaderamente éticas: desde exposiciones inmersivas e interactivas virtuales hasta centros de rescate y conservación de fauna local. Sin embargo, para la política de la fachada, la tecnología ambiental y la educación responsable carecen del brillo estruendoso de un tiburón nadando en un estanque.
El proyecto del acuario de San Luis Potosí no busca iluminar la conciencia ambiental de la niñez ni resolver un vacío educativo; busca encandilar, busca el destello pirotécnico de la espectacularidad.
Al final, tras el cristal y las luces, lo que queda claro es la enorme irresponsabilidad de quien confunde la política ambiental con un parque de atracciones.
ROLLOS SUELTOS
¿A QUÉ LE TEMEN? El Centro de Producción Hortícola de Santa Rita, paraestatal potosina, entabla promoción de un amparo en contra de una supuesta orden para congelarle 13 cuentas bancarias. El foco de la amenaza se habría generado en Jalisco. Un funcionario jurídico de la Comisión Nacional Bancaria ya contestó al juzgado que no son ciertos los actos que le atribuyen. Alguna cosa amenazante advierten que los motivó a gestionar un amparo.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
