María Ruiz
Han pasado 15 años desde que se presentó la primera denuncia penal contra el sacerdote Eduardo Córdova Bautista por abuso sexual infantil. Pese a la gravedad de los señalamientos —más de 100 agresiones sexuales, según agrupaciones de víctimas— y a la existencia de una ficha roja de Interpol desde 2016, el sacerdote continúa prófugo.
El caso, que en su momento evidenció omisiones sistemáticas tanto de autoridades eclesiásticas como judiciales, sigue sin avances reales.
El 25 de junio de 2010 el Juzgado Tercero Penal en San Luis Potosí libró una orden de aprehensión contra el exsacerdote, acusado de violación, abuso sexual calificado y privación ilegal de la libertad.
El 23 de mayo de 2014, el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de San Luis Potosí presentó la primera denuncia interna contra Córdova por abuso sexual. El Vaticano actuó con rapidez y el 26 de mayo lo dio de baja definitiva del sacerdocio, pero en el ámbito penal, la justicia no avanzó con la misma determinación.
El 29 de mayo de ese año se integró una denuncia penal y, en junio, se giró una orden de aprehensión por delitos como abuso sexual calificado, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores y violación equiparada.
Las víctimas, quienes durante esos años narraron que los abusos ocurrieron cuando eran adolescentes en contextos escolares o parroquiales, señalaron que Córdova se desempeñaba como guía espiritual, maestro o consejero.
Se valía de su investidura para aislar emocionalmente a los jóvenes, manipularlos y agredirlos en espacios controlados por la Iglesia, como casas parroquiales u oficinas. Algunos testimonios relatan incluso el suministro de alcohol como parte del proceso de coerción.
Desde entonces, lejos de enfrentar la justicia, Córdova desapareció. A pesar de que en abril de 2016 se anunció que su búsqueda sería integrada al nuevo sistema de justicia penal y que se consideraba ofrecer una recompensa para obtener información sobre su paradero, nada ha funcionado.
Hasta ahora, el exsacerdote sigue sin ser localizado, sin enfrentar juicio y sin que la Fiscalía haya informado de avances significativos.
La impunidad persiste
Aunque el caso de Eduardo Córdova se remonta a más de una década atrás, las condiciones que permitieron su impunidad no han desaparecido. Por el contrario, los datos oficiales recientes muestran que la inacción y el encubrimiento institucional siguen vigentes.
En abril de 2025, Astrolabio Diario Digital presentó una solicitud formal de información pública ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, registrada bajo el folio UT-SI-P-177-240469825000177-2025. A través de ella se solicitó conocer cuántas denuncias por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes se habían presentado desde 2019 hasta la fecha contra líderes religiosos de cualquier denominación (católica, cristiana, evangélica, mormona, testigos de Jehová, adventista, judaísmo, islam, entre otras).
La respuesta oficial, emitida el 8 de abril de 2025 mediante el Oficio V/1534/2025 de la Vicefiscalía del Estado, revela un panorama preocupante: entre 2019 y marzo de 2025 se han registrado cinco denuncias contra líderes religiosos por delitos de abuso o violencia sexual en todo el estado. En 2021 y 2022 se presentó una denuncia por año, y en 2023, tres. En 2019, 2020, 2024 y hasta marzo de 2025, no se presentó ninguna denuncia.
Del total de denuncias, ninguna ha sido judicializada, y solo dos casos llegaron a una etapa de vinculación a proceso; ninguno ha concluido en sentencia, y al menos un caso sigue en etapa de investigación. Es decir, el sistema de justicia ha sido ineficaz incluso en los pocos casos que sí fueron denunciados.
Sobre la ubicación exacta de los hechos denunciados (parroquias, iglesias, catedrales u otros templos), la Fiscalía respondió que la información fue clasificada como reservada parcialmente, con base en el Acuerdo de Reserva Parcial V/AR/04/2025, emitido el 31 de marzo del mismo año.
Asimismo, la Fiscalía reconoció que no tiene registros de acciones disciplinarias o administrativas por parte de las instituciones religiosas hacia los líderes denunciados —ni suspensiones, ni remociones, ni traslados—, al menos en los expedientes revisados.
En cuanto al acceso a las versiones públicas de los expedientes, la Vicefiscalía precisó que, conforme al artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estas solo pueden ser proporcionadas si quien las solicita acredita ser sujeto del procedimiento. En todo caso, podrían ofrecerse versiones públicas únicamente de determinaciones como el archivo o el no ejercicio de la acción penal, siempre y cuando hayan pasado los plazos de prescripción, lo cual no ocurre en estos casos.
Los datos entregados por la Fiscalía muestran que la impunidad no solo persiste, sino que se ha normalizado. A más de una década de que se giró su orden de aprehensión, Eduardo Córdova Bautista continúa libre.
Su rostro aún aparece en los listados de Interpol, pero ni la presión pública, las declaraciones de fiscales ni las promesas de recompensa han conseguido lo más básico: detener a un hombre acusado de decenas de crímenes sexuales.
Las víctimas, por su parte, siguen esperando justicia.
