Por Victoriano Martínez

El 9 de octubre, cuando apenas iban 33 comunicados del Ayuntamiento y se habían enviado a medios 53 fotografías en las que Xavier Nava Palacios apareció en 34 como protagonista, se advirtió en este mismo espacio: San Luis Potosí requiere un presidente municipal, no un candidato más.

A seis meses de iniciada la actual administración, que en el balance hecho por Eduardo Martínez Benavente sea un punto a destacar que la presencia de Xavier Nava Palacios en medios se ubica en los linderos de un abuso que lo comienza a igualar con su antecesor es mucho más que un foco de alerta.

“Su presencia en los medios es permanente, da la sensación de que está en plena campaña política electoral para lo que se ofrezca de aquí para más de dos años”, expresó Martínez Benavente.

El señalamiento va más allá de una apreciación personal. En este mismo espacio, al igual que en la columna Transición de Alejandro Rubín de Celis, se han mostrado casos concretos de gacetillas con el mismo formato de las que publicaba Ricardo Gallardo Juárez, con la única diferencia de que las anteriores tenían tono amarillo y ahora el tono es azul.

Resulta obligado mencionar que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana turnó al Cabildo y a la Contraloría Interna del Ayuntamiento capitalino, el 16 de marzo de 2018, el expediente para que el hoy ex alcalde fuera sancionado por la violación del artículo 134 constitucional por desviar recursos para hacerse promoción personalizada.

Parte de las violaciones señaladas tienen que ver con el desvío de 278 mil 171 pesos por pagos a dos medios de comunicación para difundir gacetillas como las que también hoy usa Xavier Nava Palacios.

Una sanción que hoy sigue en manos del Cabildo y la Contraloría Interna municipal. Una sanción que requiere una explicación sobre las razones por las que la mantienen pendiente de aplicar.

Independientemente del inconstitucional uso de recursos públicos para promoción de imagen, grave en sí mismo, esa proyección que lo hace aparecer como candidato “para lo que se ofrezca” coloca a Xavier Nava Palacios en una situación de conflicto de interés entre actuar conforme a la conveniencia de quien pretende aparecer en la siguiente boleta electoral y quien está concentrado en atender al interés de la ciudadanía.

Dos posturas que no debieran ser incompatibles, pero que –en los hechos– colocan al político en la disyuntiva de pensar en los votos que podría tener garantizados para la próxima elección antes que en los beneficios que podría lograr para las próximas generaciones.

El tono de su comunicación social (que poco tiene de tal y sí mucho de propaganda) con el discurso machacón de encabezar las causas de los potosinos sin acreditarlo a plenitud en los hechos, muestra a un Xavier Nava Palacios que calcula como político antes que buscar conducirse como estadista, para usar los términos de Bismark.

Una distracción electorera que Jorge Lozano Armengol, Victoria Labastida Aguirre, Mario García Valdez y Ricardo Gallardo Juárez le hicieron pagar cara a la ciudad porque, además, la acompañaron de una ofensiva tendencia a la corrupción.

Si bien la actual administración se percibe como “amable”, “honrada” y “tolerante”, y propiamente aún no ha provocado la decepción de los potosinos porque no se esperaba mucho de ella por la situación prácticamente de quiebra del Ayuntamiento, que el alcalde incurra en esa misma distracción no se puede aceptar, porque el costo sigue siendo para la ciudad.

Y es que, a la luz de esa disyuntiva que plantea tanta promoción personalizada, en las determinaciones que la actual administración tome con relación a cualquier asunto (Plan del Centro de Población, protección ecológica de la Sierra de San Miguelito, regulación del comercio informal, etc.) tendrá que valorarse que tanto pesó ese cálculo y cuánto el interés general.

Ante una comunicación social que en seis meses “da la sensación de que está en plena campaña política electoral” vuelve necesario señalar que todavía puede corregirse, dejar de violar el artículo 134 constitucional y ajustarse al octavo párrafo de esa disposición constitucional.