Carlos Rubio
Hace un año, Marcela Alemán viajó desde San Luis Potosí hasta la Ciudad de México para llevar a cabo una reunión con Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para platicarle sobre el caso de su hija Lya, víctima de violación en un kínder de Rioverde, sin embargo, tras ser ignorada, se amarró a una silla e inició una protesta que más tarde se convertiría en un refugio feminista.
Aquel suceso del 3 de septiembre de 2020 se convirtió en noticia nacional y exhibió a las autoridades de San Luis Potosí como omisas e inútiles para atender casos de violencia sexual en contra de niñas y niños, sin embargo, el caso de Lya continúa tratándose con lentitud.
“Ha sido un año muy difícil porque es un año de lucha en México y ya casi cinco desde que inició todo esto, de suplicar y mendigar justicia. Ahora ya no lucho contra la violadora, sino con las mismas instituciones, que se supone que están para velar por el interés superior del menor, pero creo que es por el interés del violador”, comentó Marcela Alemán a este medio de información.
Los padres de Lya han señalado omisiones en la labor de Jorge Vega Arroyo, titular de Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV); del entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jorge Andrés López Espinoza, y de las autoridades judiciales que intervinieron para que la investigación se viera envuelta en una serie de irregularidades.
En agosto de 2019, el caso de Lya fue dado a conocer por Astrolabio Diario Digital mediante el testimonio de Marcela Alemán, quien narró los hechos de abuso sexual de los que su hija fue víctima en el kínder Luis Gonzaga Urbina, ubicado en el municipio de Rioverde.
La menor de edad identificó a dos maestras del centro educativo como sus agresoras: Ivette del Carmen Méndez Zavala y María Teresa de Jesús Rodríguez Galván, a esta última le fue dictada prisión preventiva como medida cautelar durante el juicio.
Un año y ocho meses después, el Juzgado determinó liberar a María Teresa de Jesús y desestimar el caso, a pesar de que existe evidencia que comprueba su participación.
Lya narró haber sido víctima de abuso sexual, además de haber sido sustraída de la escuela para la posible práctica de pornografía infantil, donde estarían implicadas al menos cinco personas más.
La apatía de las autoridades potosinas causó que Marcela Alemán y su esposo Roberto Cuello viajaran a la Ciudad de México en búsqueda de justicia para su caso. Además de tomar la CNDH, Marcela también se amarró afuera de la Secretaría de Gobernación en espera de ser recibida por la entonces titular, Olga Sánchez Cordero.
La esperanza surgió el 25 de noviembre de 2020 cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió revisar el caso de Lya, para dar cuenta de las omisiones cometidas por las autoridades de San Luis Potosí, entre las que se encuentran: no juzgar con perspectiva de género, no hacer que prevalezca el interés superior del menor en el caso, además de violaciones constitucionales en el acceso a la justicia de la víctima.
Sin embargo, han pasado casi diez meses desde que el recurso de revisión fue admitido en la Primera Sala de la Corte, presidida por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y Lya continúa en espera de recibir justicia y no ser revictimizada nunca más.
Al día de hoy, la familia de la menor se encuentra en calidad de desplazada, luego de sufrir diversos atentados en San Luis Potosí que pudieron haberles costado la vida.
En mayo de este año, fue presentado el informe “Es un secreto” La explotación sexual infantil en escuelas, elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, que da cuenta de 18 casos de niños víctimas de abuso sexual organizado dentro de alguna escuela del país, uno de los cuales refiere a Lya.
“Esto ha sucedido en muchos estados de la Republica Mexicana con la misma forma en que operan de poner colegios atractivos con mensualidades no tan altas, es todo un negocio bien montado, el negocio perfecto de los violadores”, refiere Marcela sobre el modus operandi de las escuelas fachada donde se comete abuso sexual a menores.
En el documento se describen agresiones a niños que tienen entre tres y siete años de edad. Además, suscribe que en 13 escuelas se realizaron agresiones a víctimas en grupo, en 16 se reportaron adultos presentes durante el abuso, 17 se denuncian actos de encubrimiento y en diez hay adultos que facilitan el abuso de los niños y niñas.
En 14 de los casos los niños refieren haber sido fotografiados o grabados durante el abuso sexual, en seis escuelas las víctimas refieren que las sacaban del plantel y en cuatro los menos describen indicios de sedación al ingerir alimentos o bebidas; todas estas situaciones encajan con el caso de Lya.
El camino que Marcela ha recorrido ha sido largo, pero ha sido sostenido por su fe y por la esperanza de que algún día su hija pueda obtener justicia.
Por ahora, continúa convirtiéndose en portavoz de miles de menores que han sido víctimas de abuso sexual en sus escuelas y su objetivo es sentar un precedente en la defensa de los derechos de los niños.
“Para mí la pandemia ha sido una bendición porque gracias a eso los niños ya no están en manos de estos violadores, y me da gusto que siga la pandemia para que los padres sigan resguardándolos en casa”, finaliza Marcela.
