Astrolabio

Marcela Del Muro

Después de sentirse inquieta durante todo el proceso de investigación del caso por el feminicidio de su hija Alejandra Reséndiz García, Dora comprobó que su ex asesor jurídico, el abogado Martín Salas Mexicano, le estaba jugando chueco.

La tarde noche del 17 de enero de 2021, Ale circulaba en motocicleta junto a una amiga por las calles de Rioverde, cuando la camioneta de un hombre que estaba obsesionado con ella las impactó y procedió a llevarse a la joven de 20 años, que se encontraba inconsciente por la caída. Horas después hallaron su cuerpo en la vía pública, mostraba heridas de arma blanca.

Recomendaciones familiares señalaron que el abogado Salas Mexicano “ganaba todos los casos”. La familia Reséndiz García lo contrató como abogado porque desean que Ale tenga justicia; que su nieta pueda tener una reparación del daño que le permita ir sanando la muerte de su mamá y que el hombre que terminó con la vida de su primogénita nunca más vuelva a agredir a otra mujer.

Pero, Dora comenzó a notar que el licenciado era muy intolerante y grosero. Se molestaba cuando la familia convocaba a marchas para exigir justicia por el feminicidio de Ale; criticó a Dora por unirse a la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas –conformada por familias con hijas víctimas de muertes violentas y feminicidio en el estado– y sus actuaciones en la carpeta eran prácticamente nulas.

La gota que derramó el vaso fue el día que Salas Mexicano avisó que se había autorizado el procedimiento abreviado, pero Dora no estaba enterada que el imputado lo había solicitado. El abogado se mostró intolerante ante la sorpresa y negativa de la madre de Ale y comenzó a gritarle. El 9 de diciembre de 2021, Dora decidió que buscaría a otro abogado y despidió a Salas Mexicano.

Fue entonces que la familia Reséndiz García comprobó que su ex abogado también estaba trabajando en la defensa del imputado: un licenciado que trabaja con su ex asesor y suplió un par de veces a Salas Mexicano en audiencias del caso de Ale, ahora es el defensor del  presunto feminicida.

Dora está decepcionada y enojada, pero también se ha sentido respaldada por su actual abogado, quien le ha explicado cómo va su proceso y ha respetado sus decisiones sobre el caso.

Antecedente de Salas Mexicano

No es la primera vez que se ha señalado al abogado Martín Salas Mexicano por actuar de forma indolente y poco ética.

En 2010, dicho abogado se desempeñaba como Juez Mixto de Primera Instancia en el municipio de Rioverde y llevó el proceso de violacion contra un ginecólogo.

Durante los interrogatorios, el Juez le preguntó a la víctima sobre las características físicas del órgano sexual de su presunto agresor y tuvo que contestar comparándolo con el de su marido. “Además, durante este interrogatorio le gritó y ejecutó acciones impropias que la agraviada interpretó como mofa, al preguntarle sobre la posición que tenía ella al momento de la violación, y para ello (Salas Mexicano) se recostó en el piso en forma de cubito dorsal”, señala la recomendación 02/2011 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Tras la recomendación, el presidente de la CEDH de aquellos años, José Ángel Moran Portales, denunció al Juez Martín Salas Mexicano que entonces era titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Cárdenas. El 30 de agosto de 2011, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado emitió el acuerdo CJPJESLP1687/2011 que determinó la destitución del licenciado Salas Mexicano como Juez.

El trabajo como asesor jurídico

La destitución provocó que el abogado tuviera que buscar una nueva forma de vida y comenzó a trabajar como asesor jurídico. Dora comenta que “el 90 por ciento de los casos que ha llevado son a favor de los asesinos“.

Esto no es malo, es un derecho fundamental de los acusados contar con una defensa. El problema es que  “esa persona, ejerce como abogado ante un juzgado en donde fue juez y en el que, seguramente, siguen laborando personas que estuvieron bajo sus órdenes”, opina Verónica Rodríguez, sobrina de Cecilia Izaguirre Camargo, víctima de feminicidio en 2015.

Cecilia fue una mujer con gran liderazgo; ocupó algunos de los altos mandos que permiten la vida política de una localidad como Lagunillas. En 2012 fue votada como presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI, puesto que desempeñó hasta su muerte, y principal línea de investigación de su feminicidio.

La mañana del 20 de febrero de 2015, Cecilia se dirigía en su camioneta a la presidencia municipal de Lagunillas, donde se desempeñaba como directora de Desarrollo Social, cuando fue interceptada por dos hombres que la atacaron a balazos. Cecilia no iba sola, uno de los hombres que viajaba en la caja de su camioneta identificó a uno de los asesinos, que fue detenido dos días después en el municipio de Rioverde.

Martín Salas Mexicano fue el representante jurídico del señalado como asesino de Cecilia. Tras un proceso irregular, el abogado logró que su caso fuera revisado por los Magistrados de un Tribunal Federal, quienes consideraron que no existían pruebas suficientes para culpar a la persona señalada por el testigo del feminicidio. “No olvidemos, al haber sido juez, seguramente conoce a más de un magistrado federal“, señala Verónica.

El caso de Cecilia está parado, pero la causa se encuentra abierta. Los dos asesinos y el autor intelectual continúan libres; y la carpeta de investigación solo pasa de una mano a otra en la Fiscalía General del Estado.

Verónica comenta que “en la región se sabe que (Salas Mexicano) sólo va por el dinero”. Dora confirma este dicho y se lamenta haber confiado en él durante tanto tiempo.

El próximo 30 de mayo hay audiencia por el feminicidio de Ale Reséndiz García. Desde el 9 de mayo pasado, tras una reunión entre Dora y el fiscal general José Luis Ruiz Contreras, está en manos de ella decidir si acepta o no, el procedimiento abreviado por el juicio del feminicidio de su hija.

Es una decisión difícil: la fase de investigación ya cerró y la carpeta no tuvo la mejor integración. El fiscal señaló la poca actuación del representante jurídico de la familia de Ale. Las negociaciones por el juicio abreviado acordaron una condena de 21 años.

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