Por Victoriano Martínez

Las medidas para enfrentar la contingencia provocada por el Covid 19 han modificado muchas rutinas y suspendido una serie de actividades no esenciales con la advertencia de que no son vacaciones. Si para las suspendidas no lo son, mucho menos para las no suspendidas por considerarlas esenciales.

Después de las actividades esenciales que tienen que ver con la salud, las segundas en importancia que se mencionan son las que involucran la seguridad pública y la protección ciudadana, la defensa de la integridad y soberanías nacionales, la procuración e impartición de justicia, y la actividad legislativa, tanto del nivel federal como del nivel estatal.

Del Congreso del Estado poco podía esperarse por el nulo compromiso de los diputados con la representatividad que tienen, pues abandonaron el barco desde el 19 de marzo con la significativa suspensión de la Consulta Indígena que iniciaba ese día, sin considerar que las comunidades ya estaban convocadas, sin avisarles, ni plantear alternativa para ese proceso en marcha.

A esa actitud discriminatoria contra las comunidades indígenas por parte de los diputados, también incurrieron en un abuso laboral al dejar sin sueldo ni reposición de viáticos y gastos a los 20 integrantes del Grupo Técnico Operativo (integrado en su mayoría por indígenas) que ya les habían hecho el trabajo de acordar con las comunidades 61 asambleas.

Además de a esa discriminación hacia las comunidades indígenas y al abuso laboral, los diputados incurren en una violación a la Ley de Consulta Indígena que podría invalidar cualquier reforma que pretendan hacer a la legislación electoral, que tiene como plazo máximo el 31 de mayo. Pero los diputados entendieron su función como no esencial.

En la Fiscalía General del Estado, la primera instancia para la procuración de justicia, se afirma que no se detienen las actividades a pesar de trabajar con el 10 por ciento de su personal y, aunque ponen a disposición del pública una plataforma virtual para recibir denuncias, a quien la usa se le pide que se reporte hasta que haya pasado la contingencia.

Quienes también desaparecieron de la escena son los responsables de la seguridad pública. De por sí el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, evadía a la prensa y los mandaba a esperar sus comunicados, ahora se ha aprovechado del poder de Susana Distancia para descansar de cuestionamientos y hasta de pronunciamientos del diputado Edgardo Hernández.

Los que no descansan y se toman muy en serio el llamado a que no son vacaciones son los sicarios, que dan poca tregua y no dejan descansar al 80 por ciento de la población que vive con miedo por la inseguridad y ahora enfrenta además un miedo mayor por el Covid 19.

Al gobernador Juan Manuel Carreras López poco le puede durar el gusto del calificativo de isla de seguridad que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al Estado desde aquí, en la mañanera del 6 de marzo.

Aunque las ejecuciones efectivamente disminuyeron en algunos meses, no han cesado y la tarde del pasado miércoles se dio una ejecución grupal en Villa Hidalgo, en el que perdieron la vida cuatro personas a quienes se les dio el tiro de gracia.

Una masacre que representa un recordatorio para Carreras López de que su sexenio es con mucho el más violento de los últimos cuatro. El número de homicidios en tres cuartas partes de su sexenio ya superó ampliamente el número de homicidios ocurridos en los seis sexenios anteriores completos.

Con Marcelo de los Santos, el sexenio menos violento de los últimos cuatro, ocurría 1.1 homicidio al día, 33.59 al mes, en promedio. Con Carreras López han ocurren 2.16 homicidios diarios, 64.75 al mes. Prácticamente el doble.

El Covid 19 ha acaparado la atención de la población, pero eso no debe ocurrir con las instancias de seguridad y procuración de justicia, porque al paso que llevan, no sólo será el sexenio más violento, sino aquel en el que la violencia se multiplicó por dos.