Estela Ambriz Delgado
Ante el persistente problema de desabasto de agua potable en diversas colonias populares de la zona metropolitana, el activista Juan Felipe Cisneros Sánchez sugiere a la ciudadana exigir a las autoridades el cumplimiento del derecho humano al agua a través de la vía legal.
En un mensaje difundido en redes sociales, hizo un llamado a las familias de la capital potosina para exigir un pago justo y agua en sus hogares, con base en el artículo 4 constitucional y los tratados internacionales firmados por México, que establecen la obligación del Estado de garantizar agua suficiente, salubre y asequible.
El activista puntualiza que la ciudadanía requiere asequibilidad, es decir, que el abastecimiento en realidad sea posible, ya que no es justo ni legal pagar por aire. En este sentido se señala que, si el suministro es intermitente o inexistente, el cobro debe ser proporcional a lo que realmente llega a las llaves.
Respecto a los pagos, propone utilizar la vía legal para depositar ante la autoridad lo que es justo, a fin de protegerse de cobros excesivos mientras el servicio no se regularice.
En entrevista explicó que, jurídicamente, es viable que la persona deposite su pago ante un juez civil para demostrar voluntad de cumplir, pero condicionando la entrega del dinero a que el organismo Interapas cumpla con su parte. Sirve como un medio de presión legal y deja constancia jurídica del desabasto.
“El juez debe notificar a la oficina del agua para que se ponga las pilas. Porque, aunque una vez cada quince u ocho días te envíe Interapas una pipa, eso no es abasto, es simulación”.
Sin embargo, advierte que la vía judicial civil puede ser un proceso lento y tedioso para un ciudadano de a pie, y requiere asesoría legal que es difícil costear para la clase trabajadora.
Además, en la propuesta hizo mención a que el derecho humano al agua no debe ser un privilegio de quienes pueden pagar el servicio de pipas privadas, por lo que la población exige soluciones de fondo y no la simulación de un abasto a través de pipas.
“No permitas que el miedo al corte te detenga: la ley nos protege, pues el corte total del servicio de agua potable en domicilios es violatorio de derechos humanos.
La gente tiene que recurrir a las pipas particulares para completar sus necesidades y por mil litros de agua cobran entre 250 a 150 pesos. Hay personas que no pueden pagar eso por cada cuatro o cinco días que te duran esos litros, pues los tamaños de familias varían, pero en las zonas suburbanas es peor la situación, esto se agudiza, pues por el subempleo o desempleo les es casi imposible satisfacer sus más elementales necesidades”.
Cisneros Sánchez agregó que a esta problemática se le suman los conflictos entre los particulares que ofrecen servicios de agua que se encuentran condicionados por Interapas para surtir sus pipas en los pozos, y los particulares que se han “agandallado” pozos mediante concesiones de dudosa asignación, como el caso de Villa Magna, en donde no se permite entrar a los particulares de pipas a surtirse, o bien tienen un gran deudo.
En este sentido, apuntó que el costo del desabasto recae en los más pobres y marginados, y los de mejor posición continúan siendo hidro-privilegiados.
La iniciativa ciudadana surge en un contexto de crisis hídrica permanente en colonias como Las Terceras, División del Norte, Sauzalito, Peñasco, Pedroza, Satélite Francisco I. Madero, Tepeyac, entre muchas otras.
Mientras tanto, instituciones públicas y el sector industrial adeudan y aún así cuentan con el servicio, pues recientemente Astrolabio a conocer que los diez principales usuarios morosos de Interapas concentran una deuda de 202 millones 437 mil 350 pesos, del que el 61 por ciento son instituciones públicas y el 39 por ciento restante a tomas de uso industrial.
Al respecto, el activista consideró que es muy lamentable que el sector público sea deudor, cuando tienen presupuesto asignado para pagar este servicio, lo que también es contrastante que se reinaugure un parque acuático en este contexto, mientras hay ciudadanos que sufren estrés hídrico. Sumado a que es grave e inhumano que la industria sea deudora del agua que le permite sustentar sus ganancias.
“Al final la crisis hídrica recae sobre los más desprotegidos y ahora también sedientos. Está situación es una clara violación a los derechos humanos, particularmente los de las infancias, adolescencias, adultos mayores y de las mujeres. Mientras, el municipio y el Gobierno del Estado se echan la pelotita, y en el fondo usan esta crisis para sus mezquinos intereses políticos”.
Concluye que el desabasto no es problema técnico, sino de justicia social y ética política, que refleja el hartazgo de una ciudadanía que ve cómo el agua se convierte en una mercancía de lujo en lugar de un derecho básico; una pipa ocasional no sustituye el derecho al acceso al agua de forma regular, limpia y suficiente.
