Por Victoriano Martínez

Como diputados electos, quienes llegaron a la LXII Legislatura con la bandera de la coalición Juntos Haremos Historia ofrecían y crearon la expectativa de una nueva generación de legisladores que haría un cambio radical en el Congreso del Estado.

Para cuando asumieron el cargo, los nueve diputados de la coalición ya mostraban algunos indicios de división por algunas disputas sobre el liderazgo del grupo pero, especialmente, por las negociaciones para integrar las comisiones legislativas y la disputa por los nombramientos de los funcionarios del Legislativo.

Cinco de ellos hicieron un pronunciamiento público, en rueda de prensa, para llamar a rescatar la representatividad que alcanzaron en las urnas, y se lanzaron acusaciones contra Gabino Morales de negociar con el gobernador Juan Manuel Carreras López el reparto de comisiones para dejar un Congreso a modo.

Fue claro que al enfrentar a sus pares de los otros grupos parlamentarios cayeron en el juego de negociar posiciones, seguramente con buena voluntad, pero indudablemente en un acto con el que comenzó a envolverlos en la inercia que hace a cada Legislatura peor que la anterior.

Tanto los envolvió esa inercia, que aquellas negociaciones no quedaron documentadas en minuta alguna –o al menos, nunca las hicieron públicas a pesar de que hubo pronunciamientos al respecto.

Al no documentar aquellos acuerdos los 27 diputados violaron el artículo 18 de la Ley de Transparencia que señala que “los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”.

Que no lo hicieran los de diputados de la coalición Juntos Haremos Historia no sólo mostró a qué grado se dejaron envolver por la inercia que hace a cada Legislatura peor que la anterior, sino que además constituyó una clara traición a su representación y una forma de negar a la ciudadanía el derecho a saber.

A dos años, y después de vivir 24 meses en las mieles de la inercia que hace a cada Legislatura peor que la anterior, siete de los nueve diputados que llegaron por la coalición Juntos Haremos Historia se duelen del incumplimiento de acuerdos que no documentaron o que, si lo hicieron, es momento de que los saquen a relucir.

En ninguna de las tres primeras actas de la Junta de Coordinación Política de la actual Legislatura aparece el acuerdo de rotación de la presidencia de la Directiva, en tanto que la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece esa característica sólo para la presidencia de la JUCOPO.

Lo que el espectáculo con el que reinauguraron la sede del Legislativo en lo que fuera el antiguo Teatro Azteca exhibe, y no sorprende, es que panistas y priístas se alíen para incumplir un acuerdo. Lo sorprendente es la ingenuidad de quienes hoy se autoproclama traicionados, luego de dos años de compartir las mieles de la inercia que hace a cada Legislatura peor que la anterior.

Bastante tarde se dieron cuenta de que los chamaquearon, y hasta les hicieron probar una pizca de vocación guarurezca de las diputadas Sonia Mendoza Díaz y María Isabel González Tovar, quienes impidieron a la diputada Angélica Mendoza Camacho, quien se quejó de golpes, apoderarse de la urna de votación al momento en que se elegía a la Directiva.

Los paseos de Mendoza Díaz en torno a la ubicación de la urna entre las curules dieron cuenta de una estrategia de vigilancia que le podría causar envidia a Jaime Ernesto Pineda Arteaga, secretario de Seguridad Pública.

Tan difícil resultó una medida tan extrema como apropiarse de la urna, que a la diputada María del Consuelo Carmona Salas no le quedó más que hacer un amago de apropiársela, para terminarlo con un gesto de haber hecho una broma.

Los diputados inconformes sólo pudieron tomar la tribuna, desde ahí denunciar lo que calificaron de agandelle que les hicieron con la presidencia de la Directiva, que califican como una traición al pueblo, pero que en todo caso lo es a los acuerdos que al inicio de la Legislatura hicieron con panistas y priístas. Acuerdos hechos de tal forma que también ellos traicionaron a la ciudadanía.

Un reclamo para el que no se vale que tomen como bandera a la población cuando no la tomaron en cuenta para hacerla partícipe de conocer aquellos acuerdos con los que se adaptaron a la inercia que hace a cada Legislatura peor que la anterior y que, por lo mismo, ese reclamo no es más que un espectáculo de mal gusto, así lo lleven a Tribunales.