Por Victoriano Martínez
Si una certeza hay sobre la información que proporciona cualquier autoridad es que, de entrada, no se les puede creer, incluso cuando los datos pudieran parecer verosímiles. Una seguridad que, si lo que exponen son datos de por sí con características de falsedad, ni duda cabe de que la autoridad miente.
La nula credibilidad de las autoridades no pasa inadvertida a los personajes que las encabezan, pero aún así recurren a la manipulación de la información con la confianza en que la apatía ciudadana no les representa ningún riesgo de exigencia que les pudiera hacer cambiar de actitud. No se les cree, pero se les deja mentir.
Cuando se reconoció el derecho de acceso a la información pública hace 20 años, con las leyes de transparencia, se confió en que la obligación de poner a disposición de la población la documentación que administran los servidores públicos llevaría a que se publicara información confiable en las plataformas obligatorias de difusión.
Los organismos garantes de la transparencia encaminaron, tanto la obligación de difusión como la atención a solicitudes de información, a un proceso tan burocratizado que hoy resulta en muchos casos más difícil conseguir los datos requeridos que en los primeros años de las leyes de transparencia.
Tan sólo en el caso de San Luis Potosí, se suben a la Plataforma Estatal de Transparencia 23 mil 116 archivos de Excel que presuntamente contienen información pública que se debe difundir de oficio.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la información Pública realiza un trabajo de verificación tan deficiente, que facilita que los sujetos obligados publiquen información que no cumple con los atributos que la Ley, y los propios lineamientos de difusión, exigen.
Una circunstancia que favorece que se suban archivos Excel sin información con el pretexto “no se genera”, pero también con la información visiblemente poco creíble, como expone la organización Ciudadanos Observando con el caso del sueldo de Jesús Salvador González Martínez, secretario de Finanzas.
Como si se tratara del complemento perfecto, al alto grado de opacidad que es posible documentar sobre la actual administración estatal, se puede agregar el alto indicio de falsedad que hay en la escasa información que publica en la Plataforma Estatal de Transparencia.
El hashtag #AMiNoMeEngañan, propuesto por Ciudadanos Observando, está plenamente justificado y la inmensa mayoría de la población lo suscribe porque siete de cada diez potosinos considera que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona miente, de acuerdo con algunas encuestas.
El caso de los ingresos de los servidores públicos es quizá el más burdo engaño que se perpetra desde los 23 mil 116 formatos que presuntamente exponen a la población información pública con atributos de calidad, accesibilidad, veracidad, confiabilidad, oportunidad, congruencia, integralidad, actualidad, comprensibilidad y verificabilidad, como señalan los lineamientos.
El sueldo del secretario de Finanzas es igual que el de los secretarios General de Gobierno y de Seguridad y Protección Ciudadana, y los demás que están en ese nivel de jerarquía.
En el ejercicio hecho por Ciudadanos Observando, si el hecho de que el cajero gane más que los secretarios vuelve inverosímil los ingresos de los altos funcionarios, hacer la comparación con el salario de Gallardo Cardona hace más burdo el contraste.
Gallardo Cardona aparece con un ingreso bruto mensual de 46 mil 609 pesos, que queda en un ingreso neto de 34 mil 144.22 pesos, a los que habría que añadir un ingreso adiciones identificado con la clave 84582 de 300 pesos más al mes como ayuda para transporte. Es decir, el ingreso neto del gobernador es de 34 mil 444.22 pesos.
Un cajero de la Secretaría de Finanzas puede entonces presumir que gana más que cualquier secretario y que su sueldo es de apenas 757 pesos menos que el del gobernador.
¿Inverosímil? Sí. ¿Preocupante? Bastante, porque en la combinación de opacidad con información tan poco creíble se abre un espacio de corrupción que el desaparecido J. Carmen García Vázquez describió con su gracia característica: “como con los meseros del restaurante más lujoso, el sueldo no importa, lo que importan son las propinas”.
Siete de cada diez potosinos consideran que el gobernador miente, lo que es igual que decir “a mí no me engaña”. ¿Cuántos estarán dispuestos a abandonar la apatía que permite a las autoridades mentir, a protestar y a movilizarse para ya no dejarse engañar?
