Leticia Vaca
Un grupo de personas inversionistas de la compañía Invercorp, quienes fueron defraudados por el empresario Gabriel Salazar Soto “Gabo Salazar”, se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir avances en las carpetas de investigación y denunciar la presunta complicidad de las autoridades.
A decir del representante legal de los afectados, Salvador Rincón Iglesias, se entregaron todas las pruebas que responsabilizan a al menos cinco personas, sin embargo, “ellos dicen que no hay responsabilidad más que solamente en contra de dos personas denunciadas: Gabriel Salazar Soto y Miltón Hugo González Romero”.
En ese sentido, preciso que mediante escrito que le hizo llegar al fiscal general, Federico Garza Herrera, el pasado 20 de julio, se le dieron pruebas que acreditarían la culpabilidad de las otras personas, ya que estas también habrían firmado contratos.
“El fiscal dice que no puede proceder ahora, aunque le estoy señalando que todas tienen responsabilidad. En este escrito le estoy señalado los contratos que firmaron el carácter de apoderados legales de Cano Soto y Asociados, y de Gabriel Salazar Soto, que la señora Margarita Soto también tienen responsabilidad y le estoy acompañando los trípticos de propaganda donde ella daba su teléfono”, explicó.
Rincón Iglesias recordó que las víctimas que él representa son 130, de las cuales la afectación asciende a alrededor 45 millones de pesos, aunque dijo están por sumarse más personas que también fueron defraudadas.
“Tengo entendido que hay 23 carpetas más de otras personas víctimas a las cuales las están asesorando otros abogados, todas las carpetas en contra de Cano Soto, Gabriel Salazar y grupo Invercorp, están detenidas o están estancadas y no quieren proceder, este escrito lo debió haber contestado en el termino de tres días, por eso venimos a manifestarnos y si no lo hace vamos a tener que meter una denuncia ante la Contraloría General del Estado y ante el Congreso del Estado”, advirtió.
El representante legal reprochó que pese a que todas las pruebas ya están recabadas, las autoridades no quieren proceder, por lo que dijo, tienen dos teorías: una es que el gobernador Juan Manuel Carreras López estaría encubriendo a Salazar Soto, y la otra, “que por medio del abogado de Gabriel Salazar, que fue subprocurador, haya tráfico de influencias. No lo puedo demostrar pero es una presunción”.
