Astrolabio

María Ruiz y Carlos Rubio

Emma Elisa Menchaca de la Rosa, víctima de abuso sexual por parte de un empleado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se ha enfrentado en el transcurso de casi cuatro años a un sistema en el cual las instituciones la han revictimizando.

Ha tenido que sobrellevar un proceso negligente en el que, con las pruebas documentales que ella misma posee, se evidencia que las autoridades no han sido capaces de encontrar la vía para solucionar su caso, teniendo que comprender que, el caso de Emma no es aislado, sino que es uno de los que hemos conocido y que se une a una larga lista de víctimas que su lucha termina siendo en contra de las instituciones, con el deseo de cambiar las formas con las que se conducen.

El 31 de marzo de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 7/2020, en la que le solicitó a la UASLP garantizar la reparación de daño a la víctima, después de haber acreditado un proceso lleno de corrupción que se llevó a cabo durante la administración de Manuel Fermín Villar Rubio.

El año pasado, esta recomendación fue evaluada por la CEDH con grado de cumplimiento insatisfactorio y la situación se mantiene de la misma manera: sin resolver.

El actuar de la CEDH ha sido seriamente cuestionado tanto por Emma, como por la UASLP. La visión de Emma sobre su caso contrasta con las declaraciones que ofreció la presidenta de la Comisión, Giovanna Itzel Argüelles Moreno, a este medio de comunicación.

“Respecto a casi el año que tengo yo como administración, yo puedo asegurar que se le ha atendido (a Emma), ya sea por las directivas, por el área de seguimiento de recomendaciones, por dirección de quejas y en otras distintas áreas también tuve un acercamiento con ella. Entonces por parte de este organismo hemos dado el seguimiento oportuno, claro dentro de mi administración”, comentó Giovanna Argüelles.

Situación contraria a la que expuso Emma, quien dijo que hasta el día de hoy no ha sido atendida de manera personal por la presidenta de la CEDH e incluso refirió las fechas en las que fue en su búsqueda sin éxito: 27 de mayo, 1 de octubre y 8 de noviembre, durante el 2021. “La Comisión Estatal de Derechos Humanos es quien se ha encargo de encubrir todo lo de la UASLP”, refirió Emma en una primera entrevista.

Por otro lado, según Giovanna Argüelles, “este cumplimiento insatisfactorio (a la recomendación) se dio por los tiempos, no por la actuación de la Universidad”.

Aún así, la CEDH giró un oficio al Congreso del Estado, con el que informa a la presidenta de la Mesa Directiva, Yolanda Cepeda Echavarría, sobre el cumplimiento insatisfactorio de la UASLP, y abre la posibilidad de que el rector Alejandro Zermeño Guerra, sea citado a comparecer.

“Se le dio aviso al Congreso del Estado, para que comparezca el rector de la UASLP, ya que con esto la CEDH agota todos los esfuerzos que están dentro de su marco regulatorio”, explicó la presidenta. ¿De verdad los agotó todos?

Sobre la sanción al agresor sexual de Emma, que debió aplicarse desde hace mucho tiempo, la presidenta de la CEDH aseguró que esto le corresponde plenamente al Órgano Interno de Control de la UASLP. Contrario a lo que mencionó la Defensoría de Derechos Universitarios, que subrayó que esta sanción no pudo llevarse a cabo debido a una medida cautelar a favor del agresor emitida en noviembre del año 2019 con número de oficio DQSI-0692/19.

Giovanna Argüelles reiteró en que esta sanción le corresponde plenamente al Órgano Interno de Control de la Universidad, ya que se trata de una institución autónoma y que además dicha sanción no viene señalada en la recomendación 7/2020.

“Referente a la sanción o suspensión del agresor, es el Órgano Interno de Control al que le toca dar vista y respetar las resoluciones que emita la instancia”.

Giovanna Argüelles refrendó el apoyo hacia Emma y además sentenció que en cuanto ella se quisiera presentar en la CEDH las “puertas siempre estarán abiertas para ella”.

Empero, la víctima remarca que ha solicitado entrevista con la presidenta de este organismo, misma que no se ha concretado y que se ha convertido en un proceso sin respuesta ni éxito.

Lastimosamente la situación que enfrenta actualmente Emma es el ejemplo fehaciente de omisiones plenamente documentadas por ella misma, que repercuten en acciones de revictimización a las que muchas mujeres se enfrentan al momento de denunciar a su agresor.

Dos administraciones, ninguna solución

Este caso inició en el 2017 y desde un inicio fue encubierto por las autoridades en turno, Manuel Fermín Villar Rubio, quien era el rector, y Anuar Abraham Kasis Ariceaga, el secretario general de la UASLP.

A la llegada de Zermeño Guerra a la rectoría, se anunció un cambio en las formas de trabajo y la aplicación de perspectiva de género en los procesos y el actuar de los funcionarios, sobre todo respecto al trato de las víctimas de acoso. Y aunque la Universidad haya cambiado administrativamente desde su llegada, la realidad es que mientras haya una víctima exigiendo justicia, en el fondo significa que la problemática no está resuelta, por más protocolos que se establezcan.

Respecto al proceso, Emma explicó que, cuando su caso aún se encontraba en investigación en la CEDH, el 24 de septiembre de 2019 la UASLP emitió una resolución en la que determinó que a Juan Antonio “N” se le debía suspender durante seis meses y que esta sanción debía ser ejecutada antes del 31 de octubre del mismo año.

“La persona que lo tenía que sancionar era su superior jerárquico, que en este caso era el director de la Facultad de Derecho, José Abraham Oliva Muñoz, quien dejó de sancionar a Antonio “N”. Tanto rectoría, secretaría general de la UASLP, la oficina del abogado general, el departamento de desarrollo humano y de nómina, supieron lo que sucedía y participaron en una complicidad omisiva”.

Emma mencionó que ninguna autoridad universitaria, pese a tener la obligación jurídica de hacerlo, actuó al respecto, declaración que empata con lo expuesto anteriormente por la CEDH, que refirió que el Órgano Interno de Control de la UASLP era el encargado de ejecutar la sanción correspondiente.

El lento actuar de la Universidad dio oportunidad al agresor de acudir ante la CEDH a denunciar violaciones a sus derechos humanos y a solicitar medidas precautorias.

“José Antonio “N” mintió a la CEDH para que se emitiera esa medida precautoria, pero jamás se menciona en ella que se le deje de sancionar. La CEDH le solicita a la UASLP se ciña estrictamente al debido proceso para poder imponerle la sanción al agresor”.

Además, Emma afirma que la sanción de suspensión por un lapso de seis meses a su violentador no prescribió, sino que, la dejaron prescribir dolosamente.

Emma refiere que, uno de los funcionarios que estuvo presente en la prescripción de la sanción correspondiente a José Antonio “N”, fue Roberto Durán Cobos, en ese entonces responsable laboral de la oficina del abogado general de la UASLP, quien es hermano de Juan Manuel Durán Cobos, que se desempeñaba como director general de quejas de la CEDH, este último fue quien le otorgó al agresor la medida precautoria por medio de la CEDH. 

“Es por ello que mi agresor nunca fue sancionado. Hoy día él continúa laborando en el Edificio Central de la Universidad donde cientos de estudiantes, funcionarias, administrativas, académicas tienen contacto con él, exponiéndolas a poder ser agredidas por este señor”.

Instituciones y víctima, entre versiones encontradas

Este medio dialogó con la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU) para obtener su versión de los hechos, y ante esta situación, Emma solicitó una réplica para aclarar puntos específicos.

Dentro del Plan de Reparación de Daño de Emma, solicitó que toda la planta directiva de la Universidad y el Consejo Directivo Universitario tomaran cursos de capacitación, y aunque sí se realizaron, asegura que solo fueron dirigidos para “algunas” personas:

“Parte del Consejo Directivo Universitario está integrado por estudiantes, representantes de la comunidad estudiantil de todas las facultades de la UASLP y maestros consejeros, que no fueron capacitados, pues no hay evidencia alguna de que este grupo que lo conforman un aproximado de 50 miembros hayan tomado dicho curso”.

Por otra parte, la DDU dio a conocer que se intentó realizar el proceso de reparación del daño a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), para que esta fungiera como mediadora y para establecer contacto con la víctima, sin embargo, expuso, Emma no quiso acceder a ese proceso. 

Ante este hecho, Emma refiere las causas por las que se negó a llevar el proceso por medio de la CEEAV:

“Existen solo dos fechas en las que yo decidí no acudir a las citas y es por dos razones fundamentales. Jorge Vega Arroyo tiene un parentesco directo con Elba Marcela Vega Nava, quien fue una de mis agresoras al interior de la Universidad y su nombre sale en la resolución de fecha 24 de septiembre de 2019 que emitió la propia UASLP”.

Con esto aclaró que jamás dejó plantada ninguna cita de la CEEAV, pues recalcó que ella compareció voluntariamente e inclusive existen acuses de recibo.

“La CEEAV reconoció que fui yo, la víctima, la que realizó el trámite sola, en el cual se me otorgó un folio de registro de víctima”.

Tras el engorroso proceso que ha significado para Emma obtener justicia, a partir del 14 de febrero del año 2020 decidió documentar todo su plan de reparación, el cual incluye todo su historial clínico y médico, acompañado de recibos, facturas, diagnósticos médicos, exámenes de laboratorio, prescripciones y recetas de las y los especialistas que la han atendido, también sellado de recibido por rectoría.

Este historial médico contrasta con lo declarado por la Defensoría de Derechos Universitarios, que aseguró que la víctima no contaba con ningún documento que justificara los gastos médicos de la víctima.

“Tengo la apruebas de atención desde los médicos del ISSSTE, quienes me atendieron cuando aún era empleada de la Universidad y que dan cuenta de todos los daños graves que para ese entonces yo ya padecía. Fue un documento presentado el 23 de julio de 2020”.

Como parte de su plan de reparación de daño, Emma negó que la UASLP y la DDU le hayan hecho llegar una “disculpa pública” por correo electrónico como ellos mencionaron en entrevista.

“Esta disculpa pública no fue enviada por correo electrónico a ninguna persona integrante de la UASLP. Simplemente porque no hay evidencia de que existan esos correos electrónicos”.

Emma explica que, aunque la Defensoría se contactó con la CEDH para notificarle respecto a estas disculpas públicas, la misma Comisión no es la titular del derecho a la reparación del daño; por consiguiente, expone Emma, que la única titular de ese derecho y que le podía dar autorización para publicar esa disculpa pública era ella y jamás fue contactada.

“Jamás se me preguntó ni se me contactó, tampoco se me solicitó permiso para que mi nombre y el de mi familia fuera utilizado en dicha disculpa pública la cual nunca me llegó”.

Por otra parte, el 5 de abril de 2020, la UASLP publicó un comunicado en contra de una serie declaraciones que Emma brindó a este medio en ese entonces, el cual fue considerado por la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos como revictimizante, por lo que la Universidad debió eliminarlo de todas sus redes sociales.

No obstante, se corroboró que, hasta el día de hoy, este comunicado continúa exhibido en la cuenta oficial de Twitter de la UASLP, y puede ser consultado en el siguiente enlace: https://twitter.com/LaUASLP/status/1246975499307569154?t=AcQanLwrcno9t1WBVLuQig&s=19

“Yo solicité que se bajara, porque es un comunicado que me difama en los diez puntos que contiene. A la fecha el comunicado continúa estando exhibido en el Twitter de la UASLP y en más de 32 mil correos que sí se enviaron a todos los integrantes de la comunidad universitaria”.

Una vez conscientes no podemos ser indiferentes, porque la indolencia también es violencia. Hasta que la dignidad se haga costumbre: Emma

El Congreso ha sido notificado sobre la existencia del caso, la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género recibió un amplio documento con cada detalle sobre lo que ocurrió. Con esto, Emma busca que su lucha sea atendida y no politizada, para que así las mujeres pertenecientes a la UASLP logren obtener la justicia que tanto necesitan.

Emma, no se identifica con el rol de víctima, ella es una sobreviviente y que adquirió a raíz de esta experiencia un compromiso y una obligación con las mujeres que no tienen las mismas herramientas de defensa que ella ha tenido a su alcance.

Esto es una muestra de omisiones y contradicciones en las que caen las instituciones, al enfrascarse en seguir un proceso burocrático que termina por ser revictimizante. Al menos cuatro instancias se han envuelto en el caso de Emma sin que una haya sido capaz de darle solución; todas cuentan en su interior con personas expertas en derechos humanos, pero si ni el más extenso protocolo es capaz de resolver el caso de Emma, quiere decir que no es capaz de atender a todas las víctimas, por lo que deja ver huecos en su elaboración y ejecución.

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