Por Victoriano Martínez
La baja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de más de cinco mil trabajadores del Gobierno del Estado, según la versión de la Oficialía Mayor, es la continuación de los embates del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona en contra de los burócratas que abre una nueva envestida contra los derechos laborales que no parará ahí.
Son muchas las señales de que habrá otro tipo de acciones en contra de las conquistas laborales que, si bien pudieran ser cuestionables, son derechos adquiridos, pero también en contra derechos fundamentales en la relación laboral, con argumentos efectistas, pero abiertamente falsos.
Gallardo Cardona se aprovecha del lugar común que da por sentado que cualquiera prefiere un servicio de salud privado al régimen del IMSS para afirmar que el 99 por ciento de los burócratas está de acuerdo en ser dado de baja del Seguro Social a cambio de contar con el servicio médico privado.
“Se les dio a escoger y obviamente el 99 por ciento de los trabajadores optaron por seguir con el servicio particular y el uno por ciento de los trabajadores, que son poquito más de cien, que querían seguir con el puro IMSS”, afirmó en entrevista.
No obstante, por tratarse de una determinación como autoridad, tal afirmación debe estar respaldada por el resultado de esa consulta que afirma que realizó, que debe estar plenamente documentada, incluso conforme a la Ley de Transparencia, a la que tanto ha aludido con sus fantasiosas evaluaciones novedosas del desempeño.
Como alcalde, Jorge Lozano Armengol también afirmó que el par vial en Avenida Mariano Jiménez tenía la aprobación de la mayoría de los vecinos, pero ante solicitudes de información debió reconocer que la encuesta no se realizó y, sumadas las protestas, dio marcha atrás en la medida que intentó de manera unilateral.
Las dudas sobre las afirmaciones de Gallardo Cardona en torno la seguridad social (que es mucho más que sólo servicio médico) resultan tan evidentes ante la cadena de mentiras con la que trató de justificar su atentado contra los derechos de los trabajadores del gobierno estatal.
Quizá la manipulación del dato que resulta más evidente porque sus propios documentos lo desmienten es la afirmación de que en seguridad social se gastaban 600 millones de pesos más 250 millones de pesos en medicamentos, y ahora se ahorrarán 350 millones de pesos que, aseguró, ya no se presupuestaron para este año.
“Ese recorte ya se hizo en la nueva ley que aprobó el Congreso este presupuesto 23 ya no tenemos para pagarle al IMSS”, dijo en la entrevista.
El “presupuesto 23” que mencionó contempla para Seguridad Social de los burócratas 439 millones 407 mil 786 pesos.
Si se le agregarán los 300 millones de pesos que aseguró se destinaron al pago del IMSS, ese rubro tendría que haber sido de más de 700 millones de pesos en 2022.
El caso es que el año pasado se destinaron a ese fin 453 millones 822 mil 40 pesos. Lejos de haber “ahorrado” 300 millones de pesos para otras obras y acciones, la reducción fue de apenas 14 millones 414 mil 254 pesos. Un ahorro que no alcanzaría ni para el 5 por ciento de su Arena Potosí.
Cuando el pasado martes la Oficialía Mayor confirmó a la Organización de Trabajadores al Servicio de las Instituciones del Gobierno del Estado (OTSIGE) la cancelación de las afiliaciones al IMSS, también reconoció la falta de cobertura para un grupo importante de padecimientos que van desde cáncer hasta otras enfermedades crónicas.
Como alternativa para ese tipo de pacientes les proporcionaron el número del doctor Fabián Anguiano Martínez, de la dirección del Servicio Médico, quien les resolvería cualquier urgencia. Desde el mismo martes, la dirigencia del OTSIGE puso a prueba el servicio que sustituirá la atención del IMSS… sin obtener respuesta en ocho intentos.
“¡Nunca contesto! si no nos contesta a nosotros que somos los representantes sindicales…”, expresó María Elena Treviño Salinas, secretaría general del OTSIGE.
La contratación del servicio médico, por los montos involucrados además de que se debió ampliar la cobertura por enfermedades que no incluye el servicio privado y sí atiende el IMSS, requiere de una licitación de la que nunca se ha informado, pero, además, tendría que contar con un convenio firmado con la representación de los trabajadores, que tampoco ha exhibido.
Si algo provocó la formalización del anuncia de la baja del IMSS en los burócratas es que aumentaron las consultas en la página de la institución para verificar si mantiene vigencia su afiliación, pero también la expectativa entre los trabajadores sobre un pronunciamiento por parte de Bernardina Lara Argüelles, lideresa del SUTSGE, por ser el sindicato mayoritario.
Y es que para los burócratas hoy se vuelve un día crítico: con el pretexto de actualizar sus expedientes, la Oficialía Mayor les requirió su papelería actualizada e incorporó un formato de escrito al que no le pueden modificar nada, pero en el que los hacen asegurar que “actualmente no me encuentro desempeñando cargo, empleo o comisión en ninguna Institución Pública”.
La fecha límite que les dieron para entregar su papelería, con ese escrito incluido, vence este viernes. A quienes han modificado el escrito para declarar su antigüedad de hasta más de 20 años les han rechazado la papelería.
Una burda maniobra aparentemente enfocada en eliminar los derechos de antigüedad de los trabajadores que, de acuerdo a la impresión de varios burócratas consultados, lo único que presagia es que se viene otra ola de despidos.
La baja del IMSS de más de cinco mil trabajadores –los sindicatos estiman que son más de siete mil–, la presunta actualización de la papelería y otras medidas que padecen hoy los burócratas dan cuenta de que en la mala relación del actual gobierno con sus trabajadores habrá más capítulos en los que podrían salir a relucir otro tipo de abusos, aún más burdos.
