María Ruiz
La activista y defensora de los derechos humanos de las personas con discapacidad, Catalina Torres Cuevas, y dos representantes de este sector, José Guadalupe García Sánchez y Mariana Martínez Rocha, se presentaron este martes en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para solicitar la elaboración de una acción de inconstitucionalidad para dos decretos que fueron publicados el miércoles 7 de junio en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
De acuerdo con lo señalado por Torres Cuevas, ambos decretos no cumplen con los parámetros mínimos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la consulta que se realizó para elaborar estas modificaciones no se llevó a cabo de manera rígida y especializada, lo que sesga la garantía de participación de poblaciones específicas de personas que tienen alguna discapacidad.
“Fue una consulta que no cumple con los parámetros establecidos por la Corte y este es el documento que nosotros, en este momento, vamos a entregar a la presidenta de la CEDH. La consulta se hizo bajo otros criterios, la Corte ha sido muy estricta en eso y hay que consultar a cada sector de la población que tiene una discapacidad”.
También consideraron que la consulta, en la cual participaron un total de 5 mil 16 personas, no se realizó de manera adecuada, ya que estaba construida en un formato de solo dos respuestas opcionales: sí o no; situación que para Torres Cuevas resultó un formato “estrecho” que no expone el panorama que existe en materia de discapacidad que se vive en el estado.
“Se debió ser más específico, profundizar más en el tema de una manera más especializada, analizar a la población consultada, y dependiendo de sus características, encontrar la forma de consultarlos en beneficio de las políticas públicas que los contemplan. También de lo que se trata es de conocer sus necesidades, esta consulta era para conocer las necesidades de las personas que viven alguna discapacidad y no se hizo de esa manera”.
Por su parte, la presidenta de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno, señaló que revisará la solicitud de acción de inconstitucionalidad y la exposición de motivos para darle seguimiento, y de ser necesario, aplicar este mecanismo de orden jurídico, procedimiento que solo el organismo autónomo puede llevar a cabo.
“A través de estas reuniones también estaremos dando seguimiento de qué manera participaron en la consulta, pero con todo gusto lo analizaremos, y el lunes a las 11 de la mañana tendremos nuestra primera reunión”, explicó Argüelles Moreno.
Esta acción de inconstitucionalidad, según lo señalado por Torres Cuevas, tendrá que ser promovida antes del 7 de julio, de la que espera se declare la invalidez de estos decretos.
“Queremos que podamos trabajar conjuntamente en esta acción de inconstitucionalidad y que sea a la mayor brevedad posible, porque nosotros sabemos que esto tiene una vigencia hasta el día 7 de julio”, dijo.
Uno de los decretos reclamados refiere a la reforma del artículo 40 en su fracción I, y la derogación de la fracción XVIII del artículo 11, de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Asimismo, el decreto número 0768 por el que se derogó del Título Primero, el Capítulo IV “De la Familia de los Usuarios” y el artículo 4 Bis, de la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
