Buscarla, no exponerla

Fernanda Durán

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas difundió una ficha para localizar a la joven colombiana Tatiana Vanessa Almanza García de 32 años con una fotografía personal en la que su cuerpo quedaba expuesto de forma innecesaria para fines de identificación. La Fiscalía General del Estado, que buscaba a la misma mujer, utilizó en cambio una imagen cerrada al rostro, suficiente para reconocerla. La diferencia entre ambas fichas no pasó inadvertida: periodistas y colectivos cuestionaron la elección de la Comisión, mientras la publicación comenzó a llenarse de comentarios que sexualizaban, ridiculizaban y juzgaban a Tatiana en vez de concentrarse en encontrarla.

Después, la Comisión retiró esa primera ficha y publicó otra versión en la que aparentemente modificó la fotografía para cubrir parte de su cuerpo, aunque mantuvo prácticamente el mismo encuadre. Más tarde, la publicación fue eliminada. Para entonces, sin embargo, el daño ya estaba hecho: entre las reacciones había hombres diciendo que ellos podían “buscarla” o “encontrarla”, insinuaciones sobre los lugares en los que podría estar y comentarios que la reducían a su apariencia o a lo que suponían sobre su vida.

La exposición no terminó ahí. Una vez que el caso comenzó a circular en medios nacionales, algunas coberturas fueron todavía más lejos y mostraron fotografías de Tatiana en lencería, imágenes vinculadas con perfiles personales y referencias a los servicios que presuntamente ofrecía. Esa narrativa también produjo sus propios comentarios: burlas sobre si “trabajaba”, insinuaciones sexuales, cuestionamientos sobre si no existía una fotografía “más decente” e incluso expresiones crueles después de que se conociera que una mujer con características similares había sido localizada sin vida.

Son dos momentos distintos, aunque forman parte del mismo problema. En el primero, una institución encargada de buscar a una persona eligió una imagen que abrió la puerta a la sexualización pública de una mujer desaparecida. En el segundo, algunos medios nacionales tomaron aspectos de su intimidad y de su actividad personal para convertirlos en parte central del relato sobre lo que le había ocurrido.

En ambos casos, la pregunta es la misma: ¿esa información era necesaria para encontrarla o para comprender el caso, o simplemente hacía más atractiva la historia para quien la miraba desde fuera?

Ese es justamente el terreno de la revictimización mediática. No ocurre únicamente cuando se culpa de manera explícita a una víctima por la violencia que sufrió; también aparece cuando una cobertura selecciona imágenes, antecedentes o aspectos de su vida privada de tal manera que termina construyendo una explicación moral sobre ella.

El Manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México, elaborado en el marco de la Iniciativa Spotlight, impulsada por ONU Mujeres y la Unión Europea en coordinación con instituciones mexicanas, plantea precisamente la necesidad de revisar los contenidos, discursos e imágenes con los que se informa sobre mujeres víctimas de violencia. Entre sus objetivos está evitar coberturas atravesadas por estereotipos, criminalización, estigmatización, revictimización y discriminación, pero también promover una autocrítica sobre los mensajes que los medios terminan colocando frente a sus audiencias.

Ese último punto importa en este caso. Un medio no es responsable de cada comentario cruel que una persona escriba en sus redes sociales, pero tampoco puede ignorar que las decisiones editoriales construyen un encuadre: qué fotografía se elige, qué aspecto de la vida de la víctima se destaca, qué se coloca en el título y qué información se repite. Las reacciones no nacen exclusivamente de esas decisiones, pero sí permiten observar qué lectura termina imponiéndose cuando el cuerpo, la intimidad o la actividad de una mujer ocupan más espacio que la violencia que se investiga.

En el caso de Tatiana, además, esa exposición resulta especialmente delicada porque su nacionalidad, su actividad y los lugares que frecuentaba podían ser elementos relevantes para una investigación, pero no necesariamente para definirla públicamente. El Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas establece que factores como la ocupación, la nacionalidad o determinadas condiciones de vulnerabilidad pueden servir para entender el contexto de una desaparición y orientar las líneas de búsqueda, pero no deben utilizarse para estigmatizar, discriminar, criminalizar o juzgar a la persona desaparecida.

Esa diferencia es fundamental. Si su actividad permitía establecer con quién se reunió, cómo llegó a determinado lugar o qué contactos tuvo antes de perder comunicación, entonces es información que debe investigarse. Otra cosa es convertir fotografías íntimas, perfiles personales o referencias a su vida privada en el centro de una cobertura sin explicar qué relación concreta guardan con los hechos.

También hay algo que conviene dejar claro: cuestionar la imagen utilizada por la Comisión no significa cuestionar cómo Tatiana decidió fotografiarse ni cómo quiso presentarse en su vida privada. Una mujer puede mostrarse como quiera, publicar lo que quiera y ejercer su sexualidad como decida; la responsabilidad cambia cuando esa fotografía deja de estar bajo su control y es utilizada por una autoridad para representar públicamente su desaparición.

La comparación con la ficha de la Fiscalía vuelve todavía más pertinente la pregunta. Si existía una imagen reciente, clara y suficiente para identificar su rostro, ¿por qué elegir otra que exponía más de su intimidad? No hace falta atribuir una intención que no conocemos para exigir una explicación sobre el criterio utilizado.

Y tampoco basta con decir que una fotografía ya era pública. Que una imagen exista en internet no significa que cualquier uso posterior sea necesario, pertinente o responsable. Lo mismo aplica al periodismo: acceder a fotografías personales de una víctima no convierte automáticamente esas imágenes en material informativo.

La respuesta de la nueva Secretaría de las Mujeres tampoco fue contundente. Su titular, Roxana Hernández, habló de violencia digital, de generar conciencia y de hacer “un llamado de atención o una conciliación” cuando se vulnere la dignidad de una mujer, pero evitó pronunciarse de manera concreta sobre la actuación de la Comisión Estatal de Búsqueda. El problema es que reducir lo ocurrido a una cuestión de conciencia social diluye la responsabilidad institucional: quienes hicieron comentarios misóginos responden por ellos, pero la imagen que una dependencia pública decidió utilizar también fue una decisión del Estado.

El episodio ocurre además al inicio de la gestión de Héctor Edgar Mar del Ángel, al frente de una Comisión que ya arrastra cuestionamientos sobre su funcionamiento. Más que atribuirle personalmente una decisión cuya ruta interna desconocemos, corresponde preguntar si habrá una revisión sobre cómo se elaboran y difunden las fichas, qué criterios se utilizan para seleccionar imágenes y qué medidas se tomarán para evitar que algo así se repita.

Las reacciones que dejaron ambas publicaciones muestran por qué estas decisiones importan. Los comentarios no surgieron en el vacío. La misoginia, el clasismo y los prejuicios ya estaban ahí, pero una autoridad y algunos medios les proporcionaron un encuadre desde el cual mirar a Tatiana. En lugar de una mujer desaparecida que debía ser localizada, una parte de la conversación pública comenzó a discutir si su forma de vestir era “decente”, qué hacía para ganarse la vida o qué podía esperarse de alguien como ella.

Ese desplazamiento también es violencia.

Una ficha de búsqueda debería ofrecer la información necesaria para reconocer a una persona y colaborar con su localización. Una cobertura periodística debería explicar qué ocurrió, qué se sabe, qué falta por investigar y qué responsabilidad tienen las autoridades. Ninguna de las dos necesita convertir la intimidad de una víctima en espectáculo para cumplir su función.

Tatiana necesitaba que la buscaran. Después necesitaba que se investigara qué le ocurrió. Nunca necesitó que el Estado ni los medios explicaran ante la sociedad qué clase de mujer creían que era.

Y ya estando…

CÁTEDRA TARDÍA: La conferencia tampoco dio completamente la razón a uno u otro bando. Los doctores Manuel Granados y Ernesto Villanueva recordaron que la libertad de expresión no es absoluta y que existen derechos y conductas que pueden justificar límites o regulación; incluso hubo mensajes contra la polarización que podían alcanzar tanto a defensores como a críticos de la llamada “Ley Serrano”.

Pero entre esas consideraciones quedó algo que no debería perderse entre el nuevo discurso de diálogo: Villanueva habló de tipos penales cerrados y precisos, de evitar formulaciones abiertas, distinguir las competencias federales de las estatales y reducir al mínimo las afectaciones a la libertad de expresión. No son advertencias nuevas. Periodistas, especialistas como la abogada Claudia Almaguer y el doctor Arturo Yáñez —además de organizaciones y posteriormente la CNDH— habían señalado problemas de esa naturaleza desde la aprobación de la reforma.

Que esos criterios sean reconocidos ahora en una conferencia impulsada desde el propio Congreso no debería servir para dar por superado lo ocurrido. Al contrario, deja por escrito —y frente a quienes legislan— cuáles son los límites que no pueden volver a ignorarse. Si realmente habrá una nueva regulación, el reto no será sólo organizar foros y escuchar especialistas, sino demostrar que esta vez esas advertencias sí tendrán consecuencias en el texto que eventualmente llegue al Pleno. Después de todo lo ocurrido, difícilmente podrán decir que no los conocían.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.