Leticia Vaca

Pedro Cesar Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, representará al VIII distrito local en la LXII legislatura de San Luis Potosí, tras resultar electo, las críticas y los comentarios negativos y de discriminación hacia su persona se hicieron presentes.

El ahora diputado electo ha sido cuestionado por su pasado ya que en su juventud fue un “chavo banda” e incluso formó parte de una pandilla; aspectos que han sido utilizados para cuestionar su papel como legislador.

En ese sentido Aaron Hernández, colaborador investigador de Educación y Ciudadanía A.C (Educiac),  comentó para Astrolabio que Carrizales Becerra al ser víctima de críticas negativas y de rechazo por su apariencia, “se  deposita toda la criminalización, es decir que pareciera que todos los espacios de toma de decisiones deben ser ocupados por hombres blancos heterosexuales de clase alta, pareciera que  solo si eres parte de la élite pudes ser parte de la toma de decisiones, personas como Cesar Carrizales se ven discriminados y señalados por su condición”.

Explicó que todos los ataques hacía él, tienen que ver con la identidad joven, porque él representa a las juventudes marginadas,  criminalizadas y perseguidas en el espacio público, “desde el tema de los tatuajes, que viene del trabajo con bandas juveniles, pertenecer en su momento a una banda y en la lógica para muchos se le tacha de criminal; al final es poner en riesgo sus derechos político-electorales por ser criminalizado”.

El asunto es, señaló, que a quienes están en el poder les hace ruido una figura que viene de otro sector, “en términos estrictos se utiliza la criminalización para demeritar su participación”.

Educiac en  el año 2017, realizó un estudio sobre detenciones arbritarias en el Estado, en el que se detectó que de 80,359 detenciones entre los años 2010 a 2016 por la Policía Estatal, el 91% ocurrieron  en la capital potosina y en Soledad de Graciano Sánchez, y el 61% fue a personas jovenes.

Además indicó que las principales colonias en las que se detectaron detenciones arbitrarias tienen características de ser zonas  precarias, “hacía la perifería de la ciudad; El Saucito, Las Julías, La Satélite, Simón Díaz, colonias que están en exclusión”.

Aaron Hernández, refirió que de acuerdo a la investigación realizada de 2010 a 2016 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), reportó 1447 quejas por detención arbitraria, de las cuáles 390 correspondía a jóvenes, siendo las autoridades más señaladas por estas arbitrariedades, “en primer lugar la Policía Estatal y después vienen las policías municipales de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala y Rioverde”.

Finalmente remarcó que la  criminalización de la que ha sido víctima Carrizales, viene de comparar  la  identidad de una persona con ser delincuente, “ya sea  por la forma de vestirte, por asistir a ciertos lugares, amistades, incluso por la clase social a la que perteneces o las prácticas culturales que tienes; lo vemos reflejado en el estudio que hicimos, muchos argumentaron que la policía los detuvo o los revisó  porque traían capucha, por tener tatuajes o porque ser morenos”.