Fernanda Durán
A menos de dos semanas de que concluya el plazo constitucional para expedir las leyes secundarias que darán paso al nuevo sistema estatal de transparencia, desde la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se aseguró que aún se desconoce cómo quedará integrado el organismo que la sustituirá. No obstante, confirmó que participa en las mesas de armonización legislativa y adelantó algunos de los aspectos que busca preservar de la legislación potosina, como los plazos más cortos para responder solicitudes de información, la actualización mensual de las obligaciones de transparencia y la continuidad de la Plataforma Estatal de Transparencia.
Durante la entrega del informe trimestral ante la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, el comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, afirmó que la coordinación con los poderes públicos ha permitido que la CEGAIP continúe operando durante el proceso de transición. Señaló que la relación interinstitucional con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial ha facilitado la armonización de la nueva legislación y ha permitido que el organismo mantenga sus funciones mientras se define el modelo que lo sustituirá.
En entrevista, Navarro Alviso informó que la CEGAIP ha sostenido reuniones con representantes de los tres poderes del Estado para analizar la armonización de la legislación local con la reforma federal; sin embargo, precisó que será el Congreso del Estado el encargado de definir el diseño institucional definitivo.
“Sí hemos tenido reuniones con los tres poderes del Estado justamente para buscar armonizar la legislación federal con la del estado (…) finalmente le corresponderá a la Comisión y, en su caso, al Pleno de la Legislatura emitir la normativa respectiva”.
Pese a ello, reconoció que el organismo aún desconoce cómo estará conformada la nueva institución que asumirá las funciones de transparencia y protección de datos personales.
“No se tiene; yo, hasta este momento, desconozco la figura. Solamente sabemos lo que está en la reforma, lo que es público en el artículo 17 constitucional, que determina la creación de un órgano desconcentrado”.
El comisionado destacó que, a diferencia de otras entidades donde las funciones fueron absorbidas por secretarías anticorrupción, secretarías de buen gobierno o contralorías, en San Luis Potosí se optó por crear un órgano desconcentrado.
“El estado de San Luis Potosí es una de las pocas entidades que determinó constitucionalmente la creación de un órgano, lo cual habla de un gran compromiso en materia de transparencia”.
Agregó que, desde su perspectiva, esa figura permitiría mantener un mayor margen de actuación que otros modelos implementados en el país, en respuesta a los señalamientos de que la reforma representa un retroceso en materia de transparencia.
Buscarían conservar disposiciones propias de San Luis Potosí
Mientras tanto, el Congreso del Estado mantiene pendiente la presentación, análisis y votación de la legislación secundaria que definirá el funcionamiento del nuevo órgano de transparencia. Legisladores han señalado que existe la expectativa de que el dictamen pueda discutirse en las próximas semanas, incluso mediante un periodo extraordinario de sesiones, antes de que concluya el plazo constitucional para armonizar la normativa estatal.
Aunque dijo desconocer el diseño final del nuevo organismo, Navarro Alviso explicó que, en las mesas de trabajo, la CEGAIP ha planteado conservar diversos mecanismos que actualmente distinguen a la legislación potosina de la federal.
Uno de ellos es la actualización mensual de las obligaciones de transparencia, mientras que la legislación general establece que esta sea trimestral.
El comisionado sostuvo que ese esquema facilita el cumplimiento de los sujetos obligados y permite que la ciudadanía acceda a información más actualizada.
Asimismo, señaló que otro de los planteamientos es conservar la Plataforma Estatal de Transparencia, la cual consideró un acervo documental relevante para el estado y que, afirmó, debería integrarse al nuevo organismo que sustituya a la CEGAIP.
También mencionó que buscan mantener el plazo de diez días hábiles para responder solicitudes de acceso a la información, previsto actualmente en la legislación estatal, frente a los quince días establecidos en la nueva Ley General de Transparencia.
“Sería retrógrada que no se mantuvieran estos 10 días, porque esto genera una mayor posibilidad de que todas y todos obtengamos respuesta a nuestras solicitudes”.
Añadió que conservar ese plazo permitiría garantizar una atención más ágil a quienes ejercen su derecho de acceso a la información pública.
Evita pronunciarse sobre la constitucionalidad de la prórroga
Cuestionado sobre la reforma que permitió mantener en funciones a los integrantes de la CEGAIP durante el proceso de transición, pese a que el decreto no fue sometido a la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos, como ocurre con las reformas constitucionales, Navarro Alviso evitó pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento.
“Creo que no me corresponde emitir una opinión sobre un tema de constitucionalidad; no soy la instancia competente (…) corresponde a una autoridad constitucional determinar si esta cuestión se apega o no a la Constitución”.
No obstante, señaló que la exposición de motivos de la reforma justificó la continuidad de los comisionados para evitar un vacío institucional mientras se emite la legislación secundaria y se crea el nuevo organismo.
“Lo que sí puedo comentar es que aquí se pondera el bien tutelado (…) los dos derechos humanos que se busca fortalecer y proteger, que son el acceso a la información pública y la protección de datos personales”.
El comisionado añadió que cualquier persona o institución facultada puede promover los medios de control constitucional que considere pertinentes para impugnar el decreto; sin embargo, afirmó que, hasta el momento, la CEGAIP no tiene conocimiento de que exista algún recurso presentado.
“Cualquier ciudadano o ciudadana podría, en su caso, promover lo que considere prudente (…) no obstante, no tenemos conocimiento de que se haya promovido algún recurso al respecto hasta este momento”.
