Por Victoriano Martínez
¿Qué esperaría usted de un servidor público que cobra casi un millón y medio de pesos al año y se gasta en viáticos más de 110 mil pesos? Seguramente dirá que nada, que esperar algo de burócratas tan privilegiados es de ilusos, y que si ya sabemos cómo son más valdría borrarlos del mapa.
Ese es el panorama de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), con tres personajes (Ana Cristina García Nales, David Enrique Menchaca Zúñiga y José Alfredo Solis Ramírez) más preocupados por exprimir el erario con sus nombramientos que en cumplir mínimamente con las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia.
En los casi cuatro años de Menchaca Zúñiga, los casi tres de Solis Ramírez y los casi dos de García Nales, en ningún momento se ha hablado del organismo garante de la transparencia porque haya protagonizado un caso en el que se logró garantizar el derecho de acceso a la información pública a un solicitante o a la población en general.
En cambio, los ejemplos sobre la forma en que se han convertido en obstáculo para acceder a la información pública se acumulan incluso con incumplimientos por parte de los propios comisionados sobre las atribuciones que les da la Ley de Transparencia.
El más reciente: usurpar la función del Poder Legislativo al incluir en los Lineamientos para la Recepción, Substanciación, Resolución y Cumplimiento de los Recursos de Revisión una interrupción del plazo para resolver los recursos de revisión que viola la Ley de Transparencia.
Una actitud que tiene como antecedente la maniobra tramposa que realizaban para prolongar prácticamente de manera indefinida el plazo para resolver los recursos de revisión de los solicitantes de información al retrasar su admisión y romper el principio de oportunidad que deben hacer valer.
¿Cuántos solicitantes de información han recibido notificaciones sobre recursos interpuestos hace dos, tres y hasta más años? ¿Cuántos al recibir la notificación incluso ya ni recuerdan de qué se trataba la petición? En Astrolabio Diario Digital se tienen documentados varios casos así.
Hoy buscan retrasar la garantía del acceso a la información pública con pretextos tan ridículos como la distancia entre las oficinas de la CEGAIP y el ente obligado contra el que se promovió el recurso de revisión, así se encuentren en la misma ciudad. Hasta compromisos de los comisionados la pueden retrasar como si su primer compromiso no fuera el de ser garantes.
Una actitud de opacidad que, en el colmo de la desfachatez, dejan plasmada incluso en la Plataforma Estatal de Transparencia, como se pudo constatar en los reportes mensuales de viáticos del 2023: de enero a noviembre se reportaban los viajes y se incluía una nota con el siguiente aviso:
“Se informa que a la fecha de la publicación de la información en el artículo 84 fracción XIV, no se ha realizado la comprobación correspondiente de los viáticos”.
Se gastaron 193 mil 287.43 pesos para acudir a reuniones en las que el tema principal era la importancia de la transparencia y durante todo el año mantuvieron en la opacidad ese gasto para finalmente publicar los montos erogados en cada viaje hasta el reporte del mes de diciembre.
¿Qué certeza hay de que los montos señalados por viaje son los reales cuando en la relación de egresos los que tienen qué ver con viáticos no coinciden con lo que reportan?
Tres comisionados que no sólo obstaculizan el derecho de acceso a la información pública, sino que también son opacos con el propio uso que dan a los recursos públicos que administran.
¿Le pagaría usted a quien contrata para reparar su vivienda y en lugar de eso la destruye?
En efecto, como alta burocracia excesivamente privilegiada, de Menchaca Zúñiga, García Nales y Solis Ramírez no se puede esperar nada bueno. Lo que ya es un cinismo superlativo es que salgan tan caros y se dediquen a obstruir y atentar contra el derecho de acceso a la información pública.
Para colmo, en su falta de vergüenza todavía creen que se merecen continuar en el cargo, como Solis Ramírez, quien ya se promueve entre los diputados para pasar de supernumerario en funciones de numerario a ser numerario directo.
