Fernanda Durán
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) entregó al Congreso del Estado su segundo informe trimestral de 2026, en la fase final del proceso para su extinción, luego de que el Poder Legislativo modificó el régimen transitorio para mantener en funciones a sus comisionados hasta la entrada en vigor de las leyes secundarias.
El documento, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, fue recibido por la presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, María Antonia Castro Castañeda, antes de que tanto el Congreso del Estado, como la CEGAIP iniciaran su periodo vacacional. Durante el acto, el comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, sostuvo que el organismo mantiene la totalidad de sus actividades pese a la transición hacia un nuevo sistema estatal.
“La institución sigue funcionando. Y funciona bien”, afirmó Navarro Alviso, quien describió el proceso como una “transición serena” y aseguró que se continúan emitiendo resoluciones, atendiendo solicitudes y capacitando a los sujetos obligados.
La entrega del informe ocurre luego de que el Congreso modificó el Decreto 0506 para prolongar la continuidad funcional de Navarro Alviso y de la comisionada Ana Cristina García Nales. La medida fue aprobada debido a que sus nombramientos concluían antes de la emisión de las leyes secundarias necesarias para sustituir al organismo; no obstante, se precisó que no constituye una reelección ni una ampliación ordinaria de sus mandatos.
En su mensaje, la CEGAIP informó que durante el trimestre se registraron mil 36 solicitudes de acceso a la información pública en el estado. El Poder Ejecutivo concentró 443, equivalentes al 42.7 por ciento; los ayuntamientos recibieron 334 y los organismos autónomos, 137. En conjunto, estos sectores acumularon el 88.1 por ciento de las solicitudes.
Entre las dependencias estatales con mayor número de solicitudes se ubicaron la Secretaría de Educación y los Servicios de Salud, con 55 cada una, seguidas por el Sistema Educativo Estatal Regular, con 53. Entre los ayuntamientos, San Luis Potosí capital recibió 99 solicitudes y Ciudad Valles, 93; ambos concentraron el 57.4 por ciento de las peticiones dirigidas al ámbito municipal.
Más recursos desechados que admitidos
El comisionado declaró que la CEGAIP recibió alrededor de 206 recursos de revisión y sostuvo que la mayoría fue admitida. Sin embargo, el desglose del informe señala que fueron admitidos 93 expedientes y desechados 114 por actualizarse causales de improcedencia.
Las cifras desagregadas reportan 39 admisiones y 38 desechamientos en la Ponencia 1; 40 admisiones y 40 desechamientos en la Ponencia 2; y 14 admisiones frente a 36 desechamientos en la Ponencia 3. El informe aclara que en esta última cifra se incluyeron dos prevenciones desahogadas de manera extemporánea correspondientes al trimestre anterior.
En cuanto al sentido de las resoluciones, el organismo reportó 19 modificaciones a respuestas emitidas por autoridades, 31 sobreseimientos, nueve revocaciones y ocho confirmaciones. Al cierre del 30 de junio permanecían 49 recursos en trámite: 25 en la Ponencia 1, 23 en la Ponencia 2 y uno en la Ponencia 3.
Navarro Alviso aseguró que no se ha registrado una disminución en el interés ciudadano por la transparencia debido a la próxima desaparición de la CEGAIP.
“Lejos de ver una incidencia a la baja por parte de la ciudadanía en los temas de transparencia, al contrario”, declaró, al señalar que el organismo continúa recibiendo solicitudes de capacitación por parte de distintas instituciones.
Verificaciones, denuncias y medidas de apremio
En materia de vigilancia, la CEGAIP reportó 20 evaluaciones vinculantes, de las cuales 19 correspondieron a procedimientos iniciados en 2026. En su primera evaluación, esos 19 sujetos obligados obtuvieron un cumplimiento de cero por ciento.
Entre ellos se encuentran organismos operadores de agua, como los de Cárdenas, Tamuín, Tampamolón Corona y Villa de Arista; sistemas DIF municipales, así como sindicatos, entre ellos el Sindicato Académico de la UASLP, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
El organismo también recibió 47 denuncias por incumplimiento en la publicación o actualización de información de oficio. Treinta fueron dirigidas contra ayuntamientos, diez contra dependencias del Poder Ejecutivo, seis contra organismos autónomos y una contra un organismo desconcentrado. Dentro del bloque de organismos autónomos, la propia CEGAIP recibió tres denuncias.
Los temas denunciados con mayor frecuencia fueron la falta de publicación de ingresos y egresos, los tabuladores de remuneraciones y las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los servidores públicos.
Navarro Alviso informó que se emitieron más de 70 medidas de apremio y estimó que entre 60 y 65 correspondieron a multas, cuyos montos pueden superar los 150 mil o 160 mil pesos, dependiendo del porcentaje de incumplimiento.
El informe precisa que fueron aprobadas 71 medidas de apremio contra ayuntamientos, sistemas DIF, organismos operadores de agua, organismos descentralizados y sindicatos. Al cierre del periodo, las sanciones se encontraban en distintas etapas, desde la notificación y solventación hasta el procedimiento de cobro por conducto del Instituto de Fiscalización Superior del Estado.
Capacitación y vinculación institucional
El informe dedica un apartado a las acciones de capacitación y profesionalización. Entre abril y junio, la CEGAIP reportó la atención de 752 personas: 319 servidores públicos, 272 integrantes y autoridades de pueblos originarios, 120 participantes del programa Armando Transparencia, 29 integrantes de unidades de transparencia y 12 funcionarios en talleres especializados.
Asimismo, informó sobre reuniones con Transparencia para el Pueblo, dependencias estatales, instituciones académicas y organizaciones sociales, además de participaciones en programas de radio, monitoreo de medios y difusión en las redes sociales oficiales del organismo. La CEGAIP señaló que en mayo abrió un canal de comunicación directa con Transparencia para el Pueblo para atender criterios y lineamientos aplicables durante la transición.
Navarro Alviso destacó que los sujetos obligados continúan solicitando capacitación y presentó esa continuidad como parte del funcionamiento institucional durante la etapa previa a la desaparición del organismo.
Finalmente, la CEGAIP reportó un cumplimiento del 100 por ciento en la carga y actualización mensual de sus propias obligaciones de transparencia, incluidas las relacionadas con estructura orgánica, inventarios, salarios, presupuesto y resoluciones.
