Astrolabio

Antonio González Vázquez

Bernardina Lara Argüelles es una de las escasas voces que se han levantado contra el gobierno de José Ricardo Gallardo Cardona.

En un entorno de aplauso y vanagloria a la nueva administración de gobierno, la secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE), es la excepción.

La dirigente de las y los empleados del gobierno ha asumido la defensa de los derechos de sus agremiados con una postura indeclinable; ella sí que ha roto el silencio.

En una extensa y sustanciosa conversación con el periodista Victoriano Martínez Guzmán, la lideresa reveló la accidentada relación que priva hoy por hoy con la contraparte patronal.

Arbitrariedades y abusos han sido los modos de actuar de un gobierno al que los derechos laborales parecen no importar nada.

Desde lo alto de su atalaya, el gobierno ha actuado con prepotencia y arrogancia contra sus trabajadores a los que ven con desdén inusitado.

En las diversas entregas publicadas la semana pasada, Lara Argüelles describió con precisión las maniobras enderezadas contra el sindicato y que tienen como objetivo central el despido masivo de trabajadores.

La idea del gobierno de Gallardo es despedir gente para luego colocar a los suyos. No importa si son aptos o no, hay que hacerles lugar porque ya trabajaron en la campaña.

Como decían los clásicos: hasta que por fin les lloverá en su milpita.

Desde antes del arranque de la administración el 26 de septiembre pasado, el gobierno entrante inició una campaña en contra del sindicato mediante la estigmatización y el descrédito: no trabajan, no hacen bien las cosas, son aviadores, son flojos, no atienden a la ciudadanía.

Y desde el primer día empezaron los despidos injustificados y también inició el hostigamiento y la amenaza.

El conflicto, sin embargo, no parece tener salida, toda vez que el gobernador no ha mostrado la sensibilidad necesaria para dialogar con el sindicato, al que no se le ha dejado más alternativa que la protesta pública.

El oficial mayor, Noé Lara Enríquez, ha mantenido una línea dura que no lleva a ningún lugar. Su responsabilidad es el manejo de los recursos humanos con eficiencia y apego a la ley.

Su actuación no puede ser discrecional ni caprichosa, mucho menos tendenciosa; de la dependencia que encabeza, depende la buena operación del gobierno y eso no es posible si emprende una asonada contra los trabajadores.

El sindicato mantiene su plantón permanente ante Palacio de Gobierno como una constancia pública de su postura frente a las arbitrariedades y excesos de quienes “quieren hacer y deshacer sin que nadie les diga nada”.

Como el patrón no deja la línea del abuso, el sindicato solicitó la intervención del Congreso del Estado, donde el diputado Héctor Ramírez Konishi prepara la presentación de un punto de acuerdo para exhortar al gobernador a que se ponga fin al despido masivo e injustificado de trabajadores. 

En la sesión ordinaria de este jueves 4 de noviembre, se someterá al pleno ese punto de acuerdo en el que se exhorta al gobierno estatal a respetar los derechos laborales e insta a las partes a dialogar.

Ese es el camino más prudente que se puede adoptar, no hay razón para agudizar el conflicto.

Si la administración de Gallardo llegó a pensar que se puede pasar por encima de los derechos sindicales, es momento de enmendar y reconocer que se equivocaron, que no es por la vía de la amenaza como se administran los recursos humanos.

Bernardina Lara Argüelles y el sindicato están firmes y no van a declinar porque no se trata de posiciones políticas, ideológicas o de partidos, sino de causas laborales. Se trata de defender lo que les corresponde.

En cada administración de gobierno hay problemas, pero nunca se habían presentado de inicio de modo tan arbitrario. Si el SUTSGE nunca se ha dejado, ¿por qué habría de hacerlo ahora?

Las amenazas que denunció la secretaria general no le han amedrentado, así lo ha dicho, pero no deja de ser muy grave que un gobierno electo democráticamente recurra a eso. Es necesario que las partes se pongan de acuerdo y dialoguen civilizadamente para enderezar una relación que por ahora está rota.

Lo cierto es que no hay forma de echar a andar al gobierno cuando este tiene en desorden y en pleito la casa.

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