Cero y van tres… asambleas irregulares en el Ejido La Pila

Por Victoriano Martínez

Por tercera vez el comisariado ejidal de La Pila encabezó una asamblea no autorizada por las autoridades agrarias en perjuicio de un grupo de comuneros que encabezan una lucha por la defensa del territorio, esta vez para intentar librarse de ellos de manera permanente: a 40 les suspendieron sus derechos agrarios.

En contrapartida, en la misma asamblea se acreditó como nuevos avecindados a un grupo de personas, principalmente del sector empresarial, en una clara señal de una labor tendenciosa del comisariado ejidal a favor de facilitar la entrega o venta de tierras.

La primera se intentó, entre los meses de mayo y junio de 2022, otorgar a un grupo de empresarios registrados como avecindados el dominio pleno sobre mil 888.9 hectáreas en las que pretendían construir un parque industrial.

A finales de ese mismo año, el 18 de diciembre, realizaron otra asamblea sin la participación obligatoria por ley de la Procuraduría Agraria, en esa ocasión para pretender autorizar la “expropiación” de 30.26 hectáreas para la construcción de un libramiento carretero a cargo del grupo Mexicana de Técnicos en Autopistas (META).

Al día siguiente se comenzaron a pagar 60 mil pesos a cada uno de los ejidatarios como parte de la indemnización que se estableció en 39 millones 349 mil 254 pesos, de los cuales más de ocho millones se destinaron al pago de honorarios a los abogados que los asesoraron para esa transacción.

No obstante, no existía documentación sobre los trámites de expropiación en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes (SICT), lo que llevó a los ejidatarios a denunciar actos de corrupción entre esa secretaría y el grupo META.

De acuerdo con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis Potosí 2020-2050 (PEOTDU), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de julio de 2021, existe una relación entre el intento de despojo de las mil 888.9 hectáreas y la expropiación de las 30.26 hectáreas.

En el apartado “IX.9. Proyectos Estratégicos” del PEOTDU se mencionan tres propuestas que corresponden al libramiento: (1) Construcción de la vialidad del Eje 140 a Ciudad Satélite (que cruza el Ejido La Pila), (2) Construcción de la vialidad de Ciudad Satélite a Cerro Gordo, y (3) Construcción de las laterales del Boulevard San Luis al Eje 140 y a Cerro Gordo.

Una vía que favorecería al desarrollo industrial pretendido en las mil 888.9 hectáreas sobre las que se pretendió el despojo, además de que conectaría con el punto de llegada de la Vía Alterna, hoy en proceso de construcción en una segunda etapa.

Un intento de despojo de mil 888.99 hectáreas que, lejos de lograrse, exhibió actos de corrupción que provocaron cambios de personal en la delegación de la Procuraduría Agraria y del Tribunal Unitario Agrario.

En ninguno de los dos casos anteriores, las actas de las asambleas que no cubrieron las formalidades necesarias fueron inscritas en el Registro Agrario Nacional, y ser dotadas de validez, además de mantener litigios abiertos.

Sobre la asamblea realizada el pasado domingo pesa la determinación del Tribunal Unitario Agrario el expediente 259/2024, en la que se concede medida cautelar solicitada, para efecto de que en caso de celebrarse, no suspendan derechos como ejidatarios hasta en tanto no se resuelva en definitiva la controversia.

Adicionalmente, la asamblea ejidal está impedida para aplicar la suspensión de derechos por ser algo que no está contemplado en la Ley Agraria y sobre lo que, incluso, existe una circular de la Procuraduría Agraria que advierte su improcedencia.

“Se calificarán negativamente los reglamentos internos de los ejidos, así como las actas de asambleas en las que la separación de ejidatarios tenga por objeto la pérdida de su calidad de ejidatario, o la suspensión de sus derechos para participar en las asambleas del ejido”, dice el punto único de la circular número DJ/085/2019, del 26 de febrero de 2019.

Cero y van tres asambleas en las que no se cumplen las formalidades y se incumplen requisitos legales y medidas precautorias, por lo que se acumula una más que tendrá problemas para ser reconocida por el RAN… y abre un nuevo litigio en la defensa de los derechos de quienes llevan tiempo en la lucha por su territorio.

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