Por Victoriano Martínez
¿Cómo se mide la integridad, eso que se dice de una persona que es recta, proba e intachable? ¿Cómo se puede determinar que alguien es confiable para ocupar un cargo que nunca antes ha ocupado? ¿Cuáles con los márgenes de las condiciones de integridad y confiabilidad para la postulación democrática?
La intensión de que lleguen personas íntegras y confiables a los cargos públicos ha estado presente en la legislación desde que se establecieron requisitos conforme al perfil de cada puesto.
Cada uno de esos requisitos exige la presentación de una evidencia documental que suele evaluar, en los casos de cargos de elección popular, la autoridad electoral como una lista de verificación para considerar la elegibilidad de quien aspira a un puesto público.
Los intentos por lograr que accedan a los cargos de elección popular personas íntegras y confiables han llegado a la puesta en práctica de iniciativas como “#3de3 por la integridad” en los dos procesos electorales más recientes, promovida por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con resultados muy limitados.
Por tratarse de un ejercicio voluntario, la respuesta de los candidatos a un cargo les daba el valor de asumirse como bien intencionados. El resultado fue decepcionante: de los casi 6 mil candidatos a los 537 puestos de elección popular en juego en 2021, sólo 30 publicaron su #3de3. Uno de cada 200. Dicho de otro modo, 199 de cada 200 candidatos se podrían considerar poco íntegros y poco confiables.
Los requisitos legales y las muestras de voluntad en iniciativas como la de “#3de3 por la integridad” están abiertas al elector y, si se hiciera un esfuerzo real de difusión masiva por parte del CEEPAC, daría a los ciudadanos más elementos para un voto razonado.
La Certificación Estatal de Condición de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática, por muy ostentosa que sea su denominación, corre en un sentido opuesto a brindar al elector más elementos de valoración de los candidatos: lo obliga a tener que confiar a ciegas en un dictamen de un organismo público bajo la disposición legal de ocultar los resultados de la evaluación.
Sin duda habrá datos confidenciales y reservados en las evaluaciones, pero para eso la Ley de Transparencia prevé las versiones públicas que, en este caso, para prestar un buen servicio de información al elector para su decisión, es posible elaborarlas con los datos pertinentes que superen las pruebas de daño y de interés público.
La iniciativa presenta tres inconvenientes no resueltos: (1) la confianza que los aspirantes de partidos distintos al que gobierna tengan en el Centro de Evaluación y Control de Confianza, dependiente de la Secretaría General de Gobierno; (2) la evaluación de impacto presupuestal conforme al artículo 44 del Reglamento del Congreso del Estado, y (3) la consideración de su posibilidad logística.
El Centro de Evaluación y Control de Confianza se vuelve candidato a ente de control de aspirantes. Aun si actuara perfectamente apegado a lo correcto, ¿cuántos aspirantes a candidatos armarían escándalos ante la negativa de la certificación con el argumento de revanchismo político y demás señalamientos de descalificación?
En 2024, el número de candidatos a los 537 cargos que estuvieron en juego supero los seis mil. ¿Cuánto costaría aplicar los exámenes psicológico, poligráfico o diferenciado, médico-toxicológico y de entorno social y económico a esa cantidad de personas?
Pero no sólo lo económico podría representar un problema, también la logística para realizar esas pruebas. De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2025 del INEGI, durante 2024 el Centro de Evaluación y Control de Confianza estatal programó un total de 1,145 evaluaciones (página 7), pero sólo logró concluir mil 106 y tres más las dejó a medias.
¿Qué hace pensar que, en un periodo tan corto como el de los plazos establecidos para el registro de candidaturas, el Centro de Evaluación y Control de Confianza tendrá capacidad de evaluar casi seis veces lo que logró en un año?
Sin un soporte real de confiabilidad en las evaluaciones, un presupuesto para realizarlas y una capacidad logística, la Certificación Estatal de Condición de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática poco aporta para aumentar la calidad de la elección y sí, en cambio, se muestra altamente instrumentalizable para el control de candidaturas.
