Desiree Madrid
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona respaldó este miércoles la iniciativa del diputado Héctor Serrano Cortés que plantea hacer obligatoria la Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad como requisito para registrar candidaturas en San Luis Potosí.
“Yo la verdad yo no lo veo mal”, dijo, además de proponer ampliar el alcance de la medida para que la Fiscalía General de la República (FGR) también tenga facultades para aplicar exámenes de control de confianza a quienes aspiren a cargos federales.
La iniciativa, presentada por el diputado Héctor Serrano Cortés del Partido Verde Ecologista de México ante el Congreso del Estado, propone reformar la Constitución del Estado, la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Control de Confianza, para introducir una nueva figura denominada “Condición de Integridad y Confiabilidad para la postulación democrática”.
De aprobarse, quienes pretendan competir por la gubernatura, diputaciones locales o ayuntamientos deberían obtener previamente una certificación emitida por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado, mediante pruebas psicológicas, médicas, socioeconómicas y poligráficas, similares a las que se aplican a elementos de seguridad pública.
Gallardo Cardona sostuvo que la medida debería implementarse desde el próximo proceso electoral y con participación de instancias federales.
“Creo que debe de ser algo que se debe de regular en este proceso electoral y hacer partícipe también a la Fiscalía General de la República para que también ellos tengan las facultades necesarias para poder hacer polígrafos o poder hacer examen de control y confianza”, afirmó.
El mandatario no se limitó a respaldar la propuesta en el ámbito estatal, sino que planteó que el modelo tendría que extenderse también a candidaturas federales.
“Creo que a los cargos federales es importante que también se revise esa parte y para cargos federales yo creo que la Fiscalía General de la República puede ser muy buena opción”, declaró.
Al ser cuestionado sobre un posible conflicto de interés —debido a que el Centro de Evaluación y Control de Confianza depende de la Secretaría General de Gobierno, una instancia subordinada al Ejecutivo estatal—, Gallardo descartó esa posibilidad y defendió la incorporación de la FGR como alternativa.
“No vea el conflicto de interés. No, ninguno, al contrario, se puede dar la dualidad para que la parte local también la puedan generar en la Fiscalía”, respondió.
Incluso planteó que quienes desconfíen de la evaluación estatal puedan acudir directamente a una instancia federal.
“A quien tenga sus dudas puede generar su examen de control y confianza en la Fiscalía General de la República. Yo creo que debe haber opciones para que todos estén tranquilos y que todos sepan que se tiene que revisar”, añadió.
La propuesta legislativa establece que la certificación tendrá carácter “preventivo y no sancionador” y que únicamente se informará a la autoridad electoral si la persona obtuvo o no la certificación, sin divulgar el contenido de las evaluaciones.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) solo verificaría la existencia del documento, sin intervenir en el proceso de valoración ni evaluar su contenido, lo que limita su función a un control documental. La iniciativa precisa que el modelo aplicaría de manera uniforme a todas las personas aspirantes, sin distinción de partido político o vía de postulación.
En la exposición de motivos, el diputado Serrano Cortés argumentó que la medida busca fortalecer la democracia mediante la prevención de la “captura institucional” por intereses incompatibles con el orden constitucional.
“No se trata de establecer filtros arbitrarios ni de carácter sancionador sino de fortalecer la confianza pública en las candidaturas mediante mecanismos preventivos de verificación de integridad”, señala el documento.
La iniciativa sostiene que el derecho a ser votado admite un margen de configuración legislativa y que pueden establecerse requisitos adicionales siempre que sean proporcionales, no discriminatorios y razonables.
La propuesta contempla también ajustes normativos para que la Ley de Control de Confianza, diseñada originalmente para cuerpos de seguridad pública, sea aplicable a aspirantes a cargos de elección popular, ampliando así su ámbito de acción institucional.
En los artículos transitorios se establece que el Centro de Evaluación deberá emitir lineamientos específicos en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor del decreto, además de realizar las adecuaciones estructurales necesarias para asumir esta nueva función. En el mismo plazo, el Ceepac deberá ajustar su normativa interna para incorporar el requisito en los procesos de registro de candidaturas.
Gallardo justificó su respaldo a la iniciativa con base en el contexto de seguridad rumbo al siguiente proceso electoral.
“Nosotros desde el Ejecutivo no lo vemos mal, creo que es importante cuidar en este próximo proceso electoral que no existan gente coludida con los maleantes, con los delincuentes y creo que puede ser una buena salida”, declaró.
De aprobarse por el Congreso del Estado, la certificación de integridad se sumaría a los criterios ya vigentes en la legislación local para el registro de candidaturas, como la “8 de 8 contra la violencia”, el cumplimiento de obligaciones alimentarias y la inexistencia de condenas por delitos específicos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Régimen Interno y Asuntos Electorales, y Puntos Constitucionales para su análisis, sin que hasta el momento exista una fecha definida para su dictaminación.
