Fernanda Durán
Ciudadanos iniciaron una petición pública para exigir la derogación de la llamada Ley Serrano, reforma aprobada en San Luis Potosí en noviembre de 2025 que incorporó nuevos delitos relacionados con el uso de inteligencia artificial dentro del Código Penal del Estado.
La solicitud fue difundida a través de la plataforma Change.org bajo el título “Deroguen la ‘Ley Serrano’: no a la criminalización de la libertad de expresión en San Luis”, en medio de la polémica por las investigaciones, detenciones y órdenes de aprehensión derivadas de la aplicación de esta legislación.
En el texto de la petición, quienes la impulsan sostienen que la regulación de la inteligencia artificial sí resulta necesaria, especialmente para proteger la identidad, la voz, la imagen y la dignidad de las personas en casos relacionados con suplantación de identidad, manipulación de imagen o violencia digital, pero advierten que las normas deben construirse con criterios claros y respetuosos de derechos humanos.
“Una ley redactada de forma ambigua puede convertirse en una herramienta para criminalizar opiniones, sátiras, contenidos periodísticos, denuncias ciudadanas o expresiones críticas contra personas con poder público o político”, señala.
Las personas promoventes también sostienen que las sanciones penales amplias “no son el camino” para atender los riesgos asociados a la inteligencia artificial y pidieron que cualquier futura regulación sea discutida mediante procesos públicos y técnicos.
Entre las exigencias incluidas se encuentran la derogación de la reforma impulsada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés; la apertura de un proceso legislativo “transparente, plural y respetuoso de los derechos fundamentales”; así como la participación de especialistas en derechos humanos, periodismo, tecnología, protección de datos y libertad de expresión.
También solicitaron “garantías claras para que ninguna norma penal pueda utilizarse contra periodistas, activistas, medios de comunicación, creadores de contenido o ciudadanos que ejerzan legítimamente su derecho a expresarse”.
Los impulsores de la petición señalaron además que ya fue presentada formalmente ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para derogar los artículos cuestionados y adjuntaron un enlace con el documento entregado al Poder Legislativo.
“Defender la libertad de expresión no significa defender el abuso de la tecnología. Significa exigir leyes bien hechas, justas y proporcionales”, afirman.
