Fernanda Durán
Por segundo día consecutivo, integrantes de colectivos y organizaciones civiles mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde exigen la renuncia de su presidenta, Giovanna Itzel Argüelles Moreno; del secretario ejecutivo, Miguel Ángel Carbajal Martínez, y de la primera visitadora, Begoña Castillo Martínez, a quienes señalan por presuntas omisiones en la atención a víctimas y el seguimiento de quejas.
La manifestación, iniciada la mañana del miércoles, continuó este jueves 22 de octubre después de una reunión sostenida la tarde anterior con la presidenta del organismo, en la que las personas inconformes solicitaron explicaciones sobre el trámite de sus expedientes y la reciente Recomendación 10/2026, emitida por la CEDH en relación con una queja del diputado Héctor Serrano Cortés contra el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra.
La recomendación, emitida el 9 de octubre, se convirtió en uno de los principales motivos de inconformidad debido a que, según los manifestantes, contrasta con la falta de resolución de expedientes que algunas víctimas aseguran mantener abiertos desde hace varios años.
La abogada Natalia Castillo Vera, representante del colectivo Vozes, explicó que la decisión de ocupar las instalaciones surgió después de diversos intentos de diálogo y de la acumulación de inconformidades por parte de personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y víctimas de distintas violaciones a derechos humanos.
Castillo Vera sostuvo que la reunión del miércoles con Argüelles Moreno no permitió alcanzar acuerdos y que, por el momento, los colectivos ya no consideran suficiente una revisión de expedientes, sino que mantienen como exigencia la salida de las tres personas funcionarias señaladas.
“Si no hay estas tres renuncias, no se vuelve a trabajar en esta comisión”, expresó.
Durante ese encuentro, las manifestantes también cuestionaron a Argüelles Moreno sobre los criterios utilizados para emitir la recomendación por discriminación a favor del diputado Héctor Serrano Cortés. De acuerdo con Castillo Vera, le preguntaron si el legislador pertenecía a algún grupo en situación de vulnerabilidad, pero la presidenta de la CEDH no pudo darles una respuesta concreta.
La representante afirmó que también preparan denuncias y procedimientos legales relacionados con los hechos que atribuyen a funcionarios del organismo, así como una solicitud de juicio político.
Comunidades indígenas se suman a la protesta
Durante la mañana del jueves también se incorporaron representantes de comunidades indígenas, entre ellas Juana Francisco Juan, representante otomí, quien señaló que existen quejas relacionadas con las condiciones de trabajo y el ejercicio de derechos de comerciantes indígenas que no han recibido una respuesta satisfactoria.
Francisco Juan mencionó la participación de personas de los pueblos otomí, mazahua y mixteco de la región Mixteca Baja, y sostuvo:
“Nosotros tenemos cuatro, cinco, diez años, no soy yo la única, están ellos, están otras, son víctimas”.
Entre los problemas expuestos mencionó dificultades para obtener o hacer valer permisos de comercio, restricciones para desarrollar actividades económicas y obstáculos para participar en convocatorias institucionales que, señaló, no siempre se difunden en las lenguas y variantes utilizadas por las comunidades.
La representante también pidió que los pueblos originarios tengan participación efectiva en los espacios de decisión y representación de la CEDH, a fin de que sus necesidades sean consideradas en la atención de quejas y la elaboración de medidas institucionales.
“Yo sí exijo y pido, como los pueblos originarios, Otomí, Mazahua y Mixteca Baja, que nos resuelvan, que nos den, que compadezcan de nuestras peticiones, nuestras quejas”.
Aseguran que continúan recibiéndose quejas
Pese a la ocupación del inmueble, las manifestantes aseguraron que han permitido el ingreso de personas que necesitan presentar quejas o realizar trámites ante la Comisión.
Durante las primeras horas del jueves, integrantes del movimiento, entre ellas Catalina Torres Cuevas y Natalia Castillo, difundieron mensajes en redes sociales para informar que la ciudadanía podía seguir acudiendo al organismo.
Sin embargo, la abogada también advirtió que podrían endurecer las restricciones de ingreso si no se atienden sus exigencias, por lo que la continuidad de las actividades administrativas permanece sujeta al desarrollo de la protesta e incluso la toma de otra sede de la CEDH.
Las manifestantes señalaron además que durante su permanencia en el inmueble se presentaron dificultades relacionadas con el funcionamiento de los elevadores, situación que, afirmaron, afectó especialmente a personas con discapacidad.
Respecto a la permanencia de los participantes, Castillo Vera aseguró que han recibido alimentos y otros insumos mediante aportaciones de personas solidarias con la movilización, lo que les ha permitido continuar dentro de las instalaciones desde el miércoles.
Por su parte, la CEDH emitió este jueves un posicionamiento en el que reconoció el derecho a la libre manifestación y aseguró mantener su disposición al diálogo con los colectivos que ocupan sus instalaciones, a fin de escuchar sus inconformidades y buscar soluciones dentro de sus atribuciones.
El organismo también sostuvo que no ha cerrado sus puertas ni suspendido sus funciones, por lo que las personas que necesiten orientación, asesoría o presentar una queja pueden continuar accediendo gratuitamente a sus servicios.
Buscan intervención de la Comisión legislativa
Mientras continuaba la protesta, representantes de los colectivos acudieron este jueves al Congreso del Estado para reunirse con el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, alrededor de las 14:00 horas.
La intención del encuentro es solicitar la intervención del Poder Legislativo ante las inconformidades acumuladas contra la CEDH y plantear mecanismos para revisar la actuación de sus autoridades.
Un día antes, Gama Basarte había señalado que la Comisión legislativa mantiene la intención de invitar a Argüelles Moreno al Congreso para conocer el estado de las quejas, los protocolos de atención y el funcionamiento del organismo.
La propuesta de convocarla fue planteada desde el 23 de septiembre, aunque todavía no se ha concretado una fecha para el encuentro.
Cuestionado directamente sobre si los señalamientos acumulados contra Giovanna Argüelles Moreno ameritan revisar su permanencia al frente de la CEDH, el diputado Marco Antonio Gama Basarte evitó pronunciarse sobre una posible remoción y sostuvo que primero debe escucharse la versión de la presidenta del organismo.
“Nosotros no podemos opinar ni en favor ni en contra de nadie. Creo que se tiene que atender en su contexto. No podemos actuar tampoco a petición de parte”, respondió.
El legislador insistió en que el Congreso debe actuar con neutralidad y responsabilidad, por lo que consideró necesario conocer la postura de la CEDH antes de emitir una valoración. También mencionó que algunos de los señalamientos podrían tener componentes políticos.
Por ahora, la única medida que mantiene sobre la mesa es una invitación para que la ombudsperson acuda al Congreso a explicar el funcionamiento del organismo; mientras las organizaciones mantienen la ocupación de las instalaciones y condicionan su retiro a la atención de sus exigencias.
La protesta ocurre además después de que el Consejo Directivo Universitario de la UASLP determinó el 21 de octubre no aceptar la Recomendación 10/2026, cuya emisión fue uno de los detonantes de la movilización.
