Estela Ambriz Delgado
Luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona calificó como “inexistente” cualquier proyecto inmediato de fractura hidráulica en el estado, integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas piden que, de manera preventiva, se decrete al estado como “libre de fracking”, pues la minimización del riesgo representan la mayor amenaza para los pueblos tének y nahua.
Dentro de la participación que tuvieron Cenorina Bernal Férnandez y Rafael Reyes Martínez en la sesión “Pueblos Indígenas y Agua: prohibir el fracking, proteger la vida”, organizada por el Colegio de San Luis (Colsan), se posicionaron ante lo que consideran es una desestimación del riesgo que representa el uso de la técnica en la Huasteca Potosina, lo que sólo aumenta la desconfianza.
Manifestaron que la Huasteca Potosina no es una “reserva energética” de libre disposición; es un ecosistema vivo y el hogar de pueblos originarios. Por ello exigen al Gobierno del Estado que pase de la “calma discursiva” a la protección jurídica, pues su administración debe proteger a sus ciudadanos, más aún proviniendo de un partido que afirma ser verde y ecologista.
“Si el gobernador afirma que no hay planes lo invitamos a que promueva un decreto estatal, que declare a San Luis Potosí como territorio libre de fracking. Cualquier declaración que no vaya acompañada de un blindaje legal, no es más que una postergación del daño”, afirmó Reyes Martínez.
De igual forma, Juan Felipe Cisneros Sánchez, quien junto con los consejeros integra el Observatorio Indígena Mesoamericano, destacó la contradicción del ejecutivo estatal sobre la falta de estudios en la zona con los hechos, pues de acuerdo con el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 y los informes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Cuenca Tampico-Misantla ha sido objeto de prospección sísmica y estudios geológicos desde 2021.
“Pemex no identifica ‘áreas susceptibles’ de forma improvisada; lo hace basándose en un inventario de recursos no convencionales ya cuantificados. Afirmar que ‘no hay estudios’ ignora la planeación estratégica federal que ya incluye a 18 municipios potosinos”.
Además, puntualizó que el fracking requiere una infraestructura masiva que, de no prohibirse legalmente desde el ámbito federal y estatal, encontrará en la omisión del gobierno federal y potosino la puerta abierta para su ejecución irreversible en el mediano plazo.
El activista prevé que si el Estado no asume una postura de prohibición total, las áreas de afectación presentarán una emergencia hídrica, contaminación de acuíferos, un ecocido, y pérdidas en turismo y cultura.
“El fracking consume millones de litros de agua por pozo. En una región con estrés hídrico recurrente, priorizar la extracción de gas sobre el derecho al agua de las comunidades y la agricultura es un acto de injusticia socioambiental”.
