Estela Ambriz Delgado
Jaquelina Fernández Acosta, presidenta de la Asociación de Comunidades Tének y Nahua en el municipio de Tancanhuitz e integrante del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), consideró que el Gobierno Federal evidencia su intento de imponer el fracking en la zona Huasteca, al dejar al final del proceso de análisis la consulta a las comunidades indígenas, por lo que se niegan a realizarla ya.
Reiteró que la fracturación hidráulica no es factible de ninguna forma en la Huasteca Potosina, y aunque se pretenda reponer el proceso de consulta, su derecho de inicio ya fue violentado.
La representante manifestó que las comunidades tienen claro que, cuando el Gobierno Federal, estatal o municipal quiere hacer bien las cosas, tiene que respetar las leyes, así como a ellos y a toda la población que se le exige el cumplimiento de las mismas. Por lo que como pueblos originarios les mandatan consultar primero para alguna obra que quieran realizar.
Destacó que no obstante, esto no ocurrió con el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, que primero fue publicado y, posteriormente, este 15 de abril se integra un comité de investigadores que analizarán si el fracking es factible o no, y tras tomar una decisión, entonces es cuando se va a consultar a las comunidades si se permite la aplicación.
En este sentido, aseguró que para los pueblos tének y nahua de ninguna forma es factible aplicar la devastadora técnica, y mucho menos con esa acción violatoria a sus derechos, que por ley se establece en el mandato de realizar una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
“A nuestro juicio es que, primero, debieron de haber integrado el comité investigador después de hacer la consulta, ya teniendo toda la información para los pueblos, y al final el Plan Estratégico. Para nuestro concepto así es, pero ahora se está haciendo todo al revés”.
Fernández Acosta afirmó que para las comunidades está claro que se quiere imponer el fracking a la comunidad, pues es un modo de operar que ya se ha observado en otros estados como en Puebla y en el noroeste del país con la comunidad Yoreme, donde no fueron consultados y se les impuso la instalación de industria, que afectó sus territorios y ahora se ven imposibilitados para tomar alguna acción.
“El fracking es un proyecto de muerte (…) afectaría la vida, la naturaleza, el agua la contaminaría, la tierra ya no habría producción, ¿de qué vamos a vivir? Por eso nosotros exigimos que no queremos ya consulta debido a la acción de la presidenta que hizo las cosas al revés, ya no queremos consulta. Porque ya el tiempo de acuerdo a la ley ya nos violentó nuestro derecho, que debió de haber sido primero la consulta”, concluyó.
