Estela Ambriz Delgado
Representantes de las etnias tének y nahua ante el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), enviaron una carta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para exigir la emisión de un decreto que prohíba el fracking y la minería a cielo abierto, como se comprometió en campaña, la cancelación de proyectos que involucren dichas técnicas, respeto a la autonomía indígena y una audiencia.
Las y los consejeros Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vásquez Bautista, representantes nahua, así como Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, del pueblo tének, dirigieron una misiva a la mandataria para exponer la situación de los pueblos originarios a nivel estatal y nacional, así como la postura de las comunidades de la Huasteca Potosina respecto al análisis que realiza el comité técnico científico.
“Lamentablemente, en nuestra propia tierra sufrimos discriminación, despojo y el intento de borrarnos día a día. Esto lo hace un grupo de gente que solo entiende la lengua del poder, del robo o del delito para quedarse con lo ajeno, ignorando las leyes que ellos mismos hacen y usándolas solo cuando les conviene”.
Señalaron también que, el reconocimiento, no solo político sino también de su territorio y su libertad para decidir sin que se les impongan modelos ajenos, hasta el día de hoy, es una deuda pendiente del gobierno.
“En 2021 se avanzó muy poco en nuestro reconocimiento a nivel nacional. Aunque en nuestro estado de San Luis Potosí ya se nos había reconocido como sujetos de derecho público desde 2003, la ley se quedó en el papel y en la realidad no se aplica. Además, los gobiernos impusieron su paternalismo para acallarnos con apoyos y subsidios”.
Por otra parte mencionan en el escrito que, a pesar de acompañar y empujar una reforma que prometía cambiar 17 artículos constitucionales, para que el despacho jurídico de la Presidencia sólo presentara la modificación al artículo 2°, por lo que se les queda a deber nuevamente los derechos territoriales y político-electorales para ejercer de verdad su autonomía y autogobierno, sin la tutela de partidos políticos que les son ajenos.
“Quienes viven del gobierno celebran esto como un gran logro, pero en el fondo la reforma fue recortada y condicionada, dándonos un reconocimiento incompleto y limitado. A nivel federal tenemos hoy la personalidad que en San Luis Potosí ya teníamos desde 2003, pero usted debe saber que las instituciones nos siguen tratando como objetos de ayuda pública y no como sujetos con derechos”.
En cuanto al tema de la técnica de fracturación hidráulica para extracción de hidrocarburos, que se plantea en el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, le recordaron a la mandataria que cuando estuvo en campaña se comprometió a prohibir la minería a cielo abierto y la fracturación hidráulica, y le cuestionaron que hoy pretenda hacer creer que existe el fracking sustentable.
“Con la bandera de la soberanía energética se pretende sacrificarnos. Usted, como mujer de ciencia, sabe bien que no hay nada sustentable en la exploración y explotación petrolera, y que ni la tecnología más moderna hace que esta actividad sea segura para el medio ambiente o para la economía. Le recordamos que la geología de nuestra tierra es kárstica y porosa. Nuestra agua es frágil: abundante solo unos meses al año, mientras que el resto del tiempo vivimos en escasez”.
De igual forma subrayaron que, el estado mexicano debió obtener su consentimiento libre, previo, informado y vinculante, tal como lo mandatan el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, antes de adoptar decisiones como el Plan Estratégico de Pemex, por lo que intentar hacer una consulta ahora es extemporáneo.
Por lo cual, en uso de su derecho constitucional y mediante sus asambleas generales comunitarias, han decidido no dar su consentimiento a megaproyectos energéticos ni de ningún tipo que pongan en riesgo la vida, el agua, el medio ambiente, la biodiversidad y nuestro territorio.
En este sentido agregan que, la consulta para definir la ley reglamentaria del artículo 2.º es solo una farsa, puesto que no se informa, se simula, no se consensa, se dictan procedimientos, no se garantiza el derecho a la participación real pues se imponen sedes y formas, ignorando a la asamblea general comunitaria, además de que el texto que les presentan es un borrador, por lo que lo consideran un engaño.
Por ello con sustento en los artículos 1º y 2º constitucional, que reconocen la protección del hábitat y territorio, garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano y al agua, así como el principio precautorio ambiental respaldado por el Convenio de Escazú, solicitan la emisión de un decreto formal, que prohíba de manera absoluta y definitiva el uso de la fracturación hidráulica y la minería a cielo abierto dentro de su territorio, en la región Huasteca y en todo el país.
Así como la cancelación inmediata de cualquier plan o proyecto de exploración, extracción de hidrocarburos o megaproyectos energéticos de Pemex u otras empresas que impacten directa o indirectamente sus territorios y acuíferos.
Además del respeto pleno a la autonomía indígena y un alto a la simulación legislativa, para que se suspendan los actos de la consulta regresiva sobre la ley reglamentaria del artículo 2.º constitucional y que se establezca un diálogo directo con las asambleas generales comunitarias.
Asimismo el respeto a su libre determinación, sin intermediación ni tutela de partidos políticos y con los tiempos adecuados, conforme al artículo 2.º constitucional, los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, el artículo 19 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el principio de no regresividad en derechos humanos establecido en el artículo 1.º constitucional.
Finalmente piden también, una audiencia formal a la presidenta de la República para ser escuchados de manera directa, en garantía de su derecho fundamental de audiencia y debido proceso.
