Estela Ambriz Delgado
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) advierte que el informe del comité científico de expertos sobre el uso del fracking en México y el anuncio del gobierno federal de que no se aplicará en la región Huasteca sólo pretenden frenar la protesta social y ganar tiempo para avanzar en la extracción de hidrocarburos por etapas, para lo cual cuentan con el respaldo del gobierno del estado.
En un análisis sobre el posicionamiento de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, frente a dicho informe, Juan Felipe Cisneros Sánchez, del OIM, encuentra diversas ambigüedades; de entrada, por la apertura a la exploración de gas no convencional en las cuencas petroleras del norte mediante el uso de un fracking “sustentable” que no existe, basado en el empleo de agua salada profunda, mientras que se promete que la cuenca Tampico-Misantla no entraría en este proyecto.
En este sentido, señala la incongruencia, dado que el 19 de diciembre de 2023, en el municipio de Matehuala, la mandataria se pronunció en campaña a favor de prohibir la fracturación hidráulica, además de que esto se incluye en el documento de Morena, 100 Pasos para la Transformación. Esto las comunidades lo perciben como una fractura total a la credibilidad y confianza que se tenía hacia la Cuarta Transformación (4T).
Asimismo, el activista puntualizó que las recomendaciones del comité asesor operan únicamente como propuestas de directrices políticas sin soporte legal. Mientras la supuesta prohibición en la cuenca Tampico-Misantla no se traduzca en decretos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en acuerdos formalizados de la Secretaría de Energía (Sener) o en modificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Asea), no existe certeza jurídica real; son sólo promesas.
Explica que, en tanto no exista un cambio explícito en la legislación y decretos formalizados, el rechazo a la devastadora técnica se queda en el mero plano narrativo, mientras la estructura legal extractiva permanece completamente intacta.
“Más allá de la narrativa política, existe una seria incompatibilidad entre las declaraciones del Ejecutivo Federal y el marco institucional y corporativo vigente: la Ley de Hidrocarburos (derivada de la Reforma Energética) y el Plan Estratégico de Pemex se diseñaron bajo la lógica de explotación masiva y maximización de recursos. Pemex Exploración y Producción (PEP) y diversos contratistas mantienen títulos de asignación contractuales vigentes en esta vasta región”.
Por otra parte, Cisneros Sánchez apunta a la inviabilidad técnica y operativa, dado que la exploración de las cuencas del norte bajo la condición de usar exclusivamente agua salada de formaciones profundas choca directamente con el vacío regulatorio de la Asea y la Conagua. Además, obligar a instalar infraestructura compleja para el tratamiento y reciclaje de salmuera dispara los costos operativos, volviendo los proyectos financieramente inviables frente a los precios internacionales del gas.
“Todo esto mientras se mantiene la incertidumbre sobre el riesgo de contaminación de acuíferos y la disposición final de lodos tóxicos. Técnicamente, esto es una ilusión. El informe de los expertos pretende desmovilizar la protesta social, calmar los ánimos y ganar tiempo para ir por etapas: hoy el norte, mañana Sabinas-Burro-Picachos y en un tercer momento Tampico-Misantla; pues la ruta de explorar y explotar gas y petróleo está tomada desde hace tiempo”.
De igual forma, puntualizó que, bajo la cubierta de un discurso soberanista ante la opinión pública, se pretende extraer la riqueza nacional para ponerla a disposición de la inversión privada con esquemas de inversión mixta y asociaciones estratégicas con el sector privado, bajo la rectoría de la Sener y Pemex, pues la empresa está enormemente endeudada y le es imposible enfrentar la elevada intensidad de capital requerida por la fracturación hidráulica; es decir, se privatizará.
Pasividad estatal y simulación
El integrante del OIM subrayó que, ante esta narrativa de simulación, resulta preocupante la pasividad con la que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona asume el rol del estado al declarar que el fracking “por ahorita no es esencial para los planes federales” y que “hay que dejar que la Federación sea quien se comunique”, pues con ello abdica de las atribuciones que le otorga el marco legal.
Al respecto, especifica que, bajo los artículos 1º y 2º constitucionales, el gobierno del estado está obligado a garantizar de forma activa los derechos humanos y la protección territorial de los pueblos y comunidades indígenas, y en los hechos, los anuncios de prensa y los informes de comités asesores no tienen valor jurídico vinculante, no modifican las leyes, ni el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, ni cancelan los títulos de asignación expedidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) que continúan vigentes en la región.
“¿Por qué el gobernador no promueve decretos de ordenamiento territorial, blindajes ecológicos locales o iniciativas ante el Congreso del Estado para prohibir el uso de suelo y agua en actividades de fractura hidráulica? Limitarse a replicar el mensaje de la mañanera para pedirle a la población que ‘esté tranquila’ no da certeza alguna; sólo demuestra la intención de enfriar la indignación ciudadana y amortiguar el costo político del silencio estatal”.
Asimismo, el OIM considera que resulta inadmisible la ligereza con la que se minimiza la movilización indígena comunitaria, al referirse a las comunidades y defensores ambientales como “un cierto sector de la población” y asegurar falsamente que “ya se dialogó con ellos”, y subraya que el gobernador recurre a la invisibilización y a la simulación, pues no ha existido un diálogo formal con los actores en resistencia.
“Sería importante que el gobernador se dignara a dialogar y reconocer a quienes realmente han impulsado la protección del agua, la tierra, el territorio y la vida, y se han opuesto determinantemente a ser sacrificados por los proyectos energéticos petroleros”, señaló el activista.
Concluyó que la defensa del agua y la tierra en la Huasteca no se resuelve con informes o declaraciones. Es necesario tener certezas jurídicas constitucionales y que estas sean publicadas en el DOF, acompañadas de acciones estatales concretas hasta que la prohibición de la fracturación hidráulica sea una realidad.
Reiteró también que, frente a esta simulación narrativa, la respuesta de las comunidades indígenas y organizaciones civiles escalará la movilización y diversificará la resistencia social, manteniendo la alerta total para defender el agua y el territorio hasta prohibir de manera definitiva el fracking en México.
