Estela Ambriz Delgado
El Consejo Hídrico Estatal colaborará con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para analizar y evaluar diversos proyectos que inciden en el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito, las zonas de amortiguamiento, así como en materia hídrica y de impacto socio-ambiental de asentamientos humanos en el estado.
El presidente del Consejo, Jonathan Abraham Quintero García, informó que durante la reunión con autoridades en materia ambiental del pasado 2 de mayo sobre diversas acciones necesarias para la protección del decreto de APFF, fue invitado a realizar la evaluación de proyectos por instrucciones del Jefe de la Unidad Coordinadora de Delegaciones de Semarnat, Román Hernández Martínez.
Respecto a la necesidad de proteger la Sierra ante los intentos de grupos inmobiliarios de urbanizar el área ecosistémica, destacó que la misma tiene una importante función de recarga del acuífero, por lo que es fundamental revisar a fondo proyectos como la Vía Alterna.
Asimismo, advirtió que la vialidad tiene como fin no sólo conectar el sur-poniente de la ciudad con la Zona Industrial, sino favorecer de manera directa al desarrollo de nuevos fraccionamientos en la zona de amortiguamiento del APFF, conectándolos a los desarrollos urbanos, lo que es incluso incongruente con la justificación de movilidad, ya que de ser así, sería una vía con alto tráfico local debido a los fraccionamientos que se pretenden construir.
De igual forma, Quintero García señaló que esto tendría un serio impacto sobre la Sierra de San Miguelito en materia ambiental y en lo social, inclusive ya ocurre en comunidades de la zona como El Terrero, Aguaje, Peñón, Arroyos, y Cantera, que son frecuentemente amenazadas, abusadas, fragmentadas, acosadas, desplazadas o despojadas de sus tierras por grupos de la industria inmobiliaria.
Puntualizó que por esta razón es importante crear e implementar estrategias que protejan el APFF, las zonas de amortiguamiento, y a las comunidades inmersas, desde el Gobierno Federal, con el visto bueno de Semarnat, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entre otros organismos.
