Cuando la violencia alcanza a quienes no estaban en el conflicto

Fernanda Durán

Este miércoles, dos familias llegaron juntas hasta la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí por historias que comenzaron en momentos distintos, pero terminaron encontrándose en una misma exigencia.

Una marchó por Gabriel Salvador Martínez Flores, “Salvita”, estudiante de Criminología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), asesinado a los 21 años. La otra acompañó a Zahid, un niño de 12 años que sobrevivió a un ataque armado ocurrido en abril, pero cuya familia asegura que permanecerá con daños irreversibles.

“No merecemos estar marchando para que no nos maten”, dijo uno de los familiares de Salvador.

La frase podría entenderse únicamente como la expresión del dolor de una familia. Pero vista junto con otros episodios recientes —Miguel Ángel Rocha Medina, estudiante de 16 años del Cobach 26 asesinado durante una reunión privada; Jorge Eduardo Dávila alumno de Estomatología de la UASLP muerto después de una agresión en 2025; Zahid herido mientras se encontraba con su familia; Salvador alcanzado, según la versión oficial, en un conflicto del que no formaba parte— obliga a hacer una pregunta más incómoda: ¿Hasta dónde se ha extendido el radio de la violencia en San Luis Potosí?

No se trata de afirmar, a partir de cuatro casos, que existe una nueva epidemia de homicidios contra estudiantes ni de colocar bajo una misma explicación hechos cuyos móviles y circunstancias son diferentes.

El fenómeno que merece observarse es otro: hasta qué punto la violencia armada está alcanzando también espacios de la vida cotidiana y a niños, adolescentes y jóvenes que no necesariamente tienen relación con los conflictos que originaron las agresiones.

Una fiesta. Un taller familiar. Las inmediaciones de una universidad. Una calle. Espacios perfectamente ordinarios convertidos, de pronto, en escenarios donde una persona puede recibir un disparo.

El investigador de la UNAM Héctor Hiram Hernández Bringas estudió la evolución de los homicidios de niñas, niños y adolescentes en México entre 2007 y 2020. Su punto de partida resulta pertinente: durante años, el incremento de la violencia homicida mexicana se explicó fundamentalmente a partir de hombres adultos jóvenes, crimen organizado, armas de fuego y asesinatos cometidos en espacios públicos.

Pero con el tiempo esa explicación se volvió insuficiente. Su investigación concluye que el incremento de los homicidios terminó afectando de manera importante también a los menores de edad, cada vez con mayor presencia de armas de fuego y tanto en espacios públicos como en viviendas.

Al final del estudio, Hernández Bringas plantea precisamente que pensar la violencia posterior a 2007 únicamente como un fenómeno asociado con delincuencia organizada, armas, espacios públicos y adultos jóvenes deja fuera una transformación más amplia: la violencia homicida terminó extendiéndose entre edades, sexos y espacios distintos, en un contexto marcado además por la percepción de impunidad.

Y ahí aparece uno de los efectos más preocupantes: personas que no participan en una disputa pueden terminar absorbiendo sus consecuencias.

Después del asesinato de Salvador, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, señaló que los indicios apuntaban a una riña entre grupos pandilleriles y calificó al estudiante como una víctima colateral.

La expresión pretende separar a Salvador de quienes habrían participado en el conflicto, pero precisamente por eso debería preocupar más, no menos. Si Salvador no participaba en aquella confrontación, entonces la pregunta no termina al determinar que era ajeno, ahí comienza. ¿Qué condiciones permiten que una disputa entre terceros tenga capacidad suficiente para matar a una persona que simplemente estaba cerca?

Cuando un conflicto entre particulares puede matar a quien camina por la calle, a quien asiste a una reunión o a quien se encuentra en el negocio de su familia, deja de ser únicamente un problema entre quienes participan en él y pasa a convertirse en un problema de seguridad pública. Las armas de fuego amplían radicalmente ese radio de riesgo.

Hernández Bringas encontró que entre adolescentes de 13 a 17 años la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego aumentó 298 por ciento entre 2007 y 2020. Entre los varones creció 326 por ciento y entre las mujeres 174 por ciento. El investigador concluye que las armas están tan presentes o incluso más en los homicidios de adolescentes que en los registrados entre el resto de la población.

Incluso entre niños de tres a 12 años, las armas de fuego pasaron de aparecer en alrededor del 40 por ciento de los homicidios en 2007 a más de la mitad en 2020.

Zahid tenía 12 años cuando quedó atrapado en una agresión que no provocó y de la que no formaba parte. Según relató su familia, acababa de llegar con su abuela al taller mecánico cuando hombres en motocicleta dispararon hacia el vehículo en el que se encontraban.

Zahid sobrevivió al ataque, pero su vida no volvió a ser la misma.

Casi cuatro meses después continúa hospitalizado, delicado de salud y, de acuerdo con su familia, con un daño irreversible. Su caso recuerda que las consecuencias de la violencia no terminan únicamente en quienes pierden la vida: también permanecen en quienes sobreviven con lesiones permanentes, en sus familias y en todo lo que cambia alrededor de ellas.

La Organización Mundial de la Salud advierte justamente que por cada joven asesinado existen muchas otras personas jóvenes lesionadas que requieren atención hospitalaria y que las consecuencias de la violencia no letal pueden acompañarlas toda la vida mediante discapacidad, afectaciones psicológicas y deterioro de su desarrollo social.

Tampoco hace falta que San Luis Potosí sea una de las entidades más violentas del país para reconocer el problema. De hecho, los datos disponibles no permiten afirmar que atraviese una situación excepcional respecto al contexto nacional.

Los datos disponibles no permiten sostenerlo. Las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI contabilizaron preliminarmente 27 mil 989 homicidios en México durante 2025, con una tasa nacional de 21.4 por cada 100 mil habitantes, inferior a la de 2024.

San Luis Potosí registró una tasa de homicidios inferior al promedio nacional: alrededor de 12.8 por cada 100 mil habitantes en la medición bruta por entidad de registro.

La discusión no necesita convertir a San Luis Potosí en el territorio más violento de México para reconocer que existe un problema, la violencia puede expandir su impacto social incluso en estados que no ocupan los primeros lugares nacionales.

El promedio estatal tampoco protege al joven que recibe una bala durante una fiesta ni al niño que queda gravemente herido mientras llega al negocio de su familia. Las tasas sirven para dimensionar el fenómeno; no para relativizar a sus víctimas.

Hay además otro patrón que apareció frente a la Fiscalía este miércoles: las familias no solamente cargan con las consecuencias de la violencia; también terminan obligadas a aprender cómo funciona una carpeta de investigación, buscar nombres, entregar videos, identificar posibles responsables, solicitar reuniones, acudir a medios, publicar en redes sociales y, finalmente, marchar.

La familia de Zahid afirma que desde los primeros minutos del ataque proporcionó información sobre tres posibles agresores. Cuatro meses después, sostiene que no hay detenidos y que uno de los señalados obtuvo un amparo.

En el caso de Salvador, el Gobierno del Estado aseguró públicamente que existen dos probables responsables identificados. Su familia sigue esperando que sean detenidos.

Por eso se encontraron, no  porque ambos casos tengan el mismo móvil, sino porque las dos familias escucharon una variante de la misma respuesta: las autoridades saben quiénes podrían ser los responsables, pero la justicia todavía no se materializa.

La impunidad no necesita entenderse únicamente como el resultado definitivo de un proceso judicial. También tiene una dimensión social: la percepción que se genera cuando las víctimas escuchan que existen responsables identificados mientras pasan las semanas o los meses sin que ocurra una detención.

Es la percepción de una familia, no una conclusión judicial. Pero las instituciones también deberían preguntarse qué hicieron —o dejaron de hacer— para producirla.

Después del homicidio de Salvador, el Ayuntamiento capitalino informó que reforzaría la vigilancia en Rural Atlas. Es una reacción necesaria, pero insuficiente.

La política de seguridad no puede limitarse al patrullaje posterior. Si después de un homicidio se refuerza temporalmente la vigilancia, pero no se identifica de dónde provienen las armas utilizadas, qué grupos operan en la zona, dónde se concentran las agresiones y qué patrones se repiten entre los casos, la respuesta seguirá siendo reactiva: policías en el lugar donde la violencia ya ocurrió, sin un diagnóstico que permita anticipar dónde puede repetirse.

La OMS identifica entre los factores de riesgo comunitarios y sociales el acceso a armas de fuego, las pandillas, las drogas ilícitas, la pobreza, la desigualdad económica y la calidad de la gobernanza, entendida también como la existencia de leyes y su aplicación efectiva.

La prevención, por tanto, requiere actuar antes de que ocurra la agresión: reducir el acceso a armas de fuego, intervenir en escuelas y comunidades, atender los entornos donde se concentran esos factores de riesgo y fortalecer las oportunidades educativas, sociales y laborales de los jóvenes. Esto rebasa a la policía y exige, al menos, que seguridad, escuelas, desarrollo social y procuración de justicia compartan diagnósticos sobre los territorios y las poblaciones donde esos riesgos se acumulan, por encima de filias partidistas y de las disputas políticas que con frecuencia terminan fragmentando responsabilidades entre órdenes de gobierno. Prevenir la violencia exige coordinación institucional, no decidir primero a quién corresponde la culpa cuando el daño ya ocurrió.

Después de Salvador, Zahid, Miguel Ángel, Jorge y otros jóvenes alcanzados por la violencia, sería demasiado poco exigir únicamente más patrullas.

Las autoridades estatales y municipales deberían comenzar por producir un diagnóstico específico sobre violencia armada contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes en San Luis Potosí: dónde ocurre, qué edades concentra, qué porcentaje involucra armas de fuego, en qué espacios suceden las agresiones y, a partir del análisis de las investigaciones, cuántos casos presentan indicios de que la víctima no era el objetivo directo de la agresión.

También tendría que explicarse qué significa, procesalmente, que una autoridad anuncie que ya tiene “identificados” a probables responsables. En casos como el de Salvador, esa expresión genera entre las familias una expectativa lógica de detención, pero entre identificar a una persona, reunir los datos de prueba suficientes, obtener una orden judicial y ejecutarla existen etapas distintas. La Fiscalía debería informar, sin comprometer la investigación, en cuál de ellas se encuentra el caso y qué impide avanzar cuando pasan semanas o meses sin detenciones.

Se necesita además una estrategia coordinada para disminuir la disponibilidad у circulación ilegal de armas, fortalecer su aseguramiento y rastreo, e identificar los contextos en los que están siendo utilizadas contra jóvenes.

Los corredores seguros alrededor de universidades pueden formar parte de la solución, pero no sustituirla. Los patrullajes pueden reducir una amenaza inmediata, pero tampoco sustituyen una política preventiva. Y las familias no deberían tener que convertirse en investigadoras, litigantes, activistas y voceras para conseguir que una carpeta avance.

La recomendación internacional es bastante menos espectacular que desplegar una patrulla después de cada tragedia: intervenir temprano, reducir el acceso a armas, fortalecer escuelas y familias, recuperar los entornos urbanos, ofrecer oportunidades y garantizar que las leyes efectivamente se cumplan.

Este miércoles, frente a la Fiscalía, una familia lo resumió de una forma mucho más sencilla: “No merecemos estar marchando para que no nos maten”.

La exigencia mínima tendría que ser que algún día deje de ser necesario hacerlo.

Y ya estando…

INCUMPLIMIENTO MUNICIPAL CRÓNICO: Una respuesta de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí a una solicitud de información dejó al descubierto una cifra que, más que presumirse, debería explicarse: entre 2021 y junio de 2026 fueron sancionados 420 servidores públicos y 246 terminaron inhabilitados; sólo entre 2023 y 2025 se acumularon 377 sanciones.  Muchas corresponden a incumplimientos administrativos como no presentar en tiempo y forma declaraciones patrimoniales y de intereses, obligaciones conocidas y perfectamente prevenibles dentro de una estructura gubernamental. La Contraloría podrá presentar los números como evidencia de vigilancia, pero también exhiben algo menos cómodo: durante varios años fue necesario castigar de manera reiterada a cientos de integrantes del propio Ayuntamiento. Y para rematar, en numerosos expedientes la respuesta oficial ni siquiera explica la conducta concreta, sino que se limita a citar el artículo infringido.  Sancionar mucho puede hablar de controles activos; necesitar hacerlo de forma masiva y sostenida también habla de una administración que no está consiguiendo que su propia gente cumpla desde el principio con las reglas.

LEY IGNORADA: Que sea María del Rocío Carreras, hermana del exgobernador Juan Manuel Carreras López, quien desde 2021 cuestione la Ley del Mezcal promulgada durante el sexenio de su propio hermano no es un detalle menor. Su objeción no basta para declarar ilegal la norma, pero sí vuelve más llamativo que durante casi cinco años el Congreso no haya dado una respuesta de fondo sobre la tensión que ella plantea entre una legislación dedicada a promover y fortalecer una bebida alcohólica y las obligaciones estatales de prevención frente a su consumo nocivo.

Además, esta ley sigue viva en la agenda legislativa. Apenas este agosto, el diputado Tomás Zavala González presentó dos iniciativas para corregir y actualizar su artículo 3: una reconoce que desde 2018 quedó asentada una referencia a una norma oficial que ya no estaba vigente y la otra busca armonizar la definición de mezcal con la NOM-070-SCFI-2016. Ocho años después de su publicación, el Congreso encuentra tiempo para perfeccionar técnicamente la ley, mientras una petición que cuestiona su lógica de fondo sigue sin una explicación clara.

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