Cuando los derechos humanos también entran en campaña

Fernanda Durán

La carrera rumbo a la próxima elección comenzó mucho antes de que la ley lo permita. No sólo se adelantaron los recorridos, las fotografías y los destapes disfrazados de reuniones ciudadanas. También se adelantaron los actos de empatía. Coincidentemente, los posicionamientos en favor de distintas causas comenzaron a multiplicarse conforme varios actores políticos empezaron a perfilar sus aspiraciones rumbo a 2027.

El ejemplo más reciente es el del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Marco Antonio Gama Basarte. Apenas esta semana difundió un llamado para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos “modifique de manera urgente su ruta institucional”, deje de ser una instancia “meramente testimonial” y ejerza plenamente sus facultades constitucionales. El documento dice lo que desde hace tiempo querían escuchar madres buscadoras, colectivos LGBTIQ+, activistas y víctimas: que la Comisión debe ser autónoma, cercana y valiente.

El problema no es lo que dice el posicionamiento. El problema es cuándo llega.

Durante meses, cada vez que el trabajo de la CEDH era cuestionado —por la escasa emisión de recomendaciones, por su ausencia en casos de presuntas violaciones a derechos humanos o por las críticas de colectivos—, la respuesta del diputado fue mucho más moderada. Habló de eficiencia, de transparencia, de revisar protocolos e incluso de una eventual comparecencia de la presidenta del organismo. Pero nunca pasó de ahí.

La Comisión Legislativa de Derechos Humanos, que él preside, ha tenido herramientas institucionales para exigir una rendición de cuentas más firme sobre el organismo autónomo. Sin embargo, la comparecencia nunca llegó. El informe anual fue recibido sin un debate público amplio y, mientras las críticas crecían, la exigencia institucional permaneció en un tono mucho más prudente que el desplegado difundido esta semana.

Los hechos que hoy motivan ese llamado tampoco son nuevos. Durante los últimos meses la CEDH ha sido cuestionada por colectivos de búsqueda, activistas y organizaciones civiles por su actuación en distintos casos. Mientras el organismo reportó alrededor de 500 quejas recibidas en lo que va del año, sólo cuatro concluyeron en recomendaciones, según datos proporcionados por la propia Comisión. Al mismo tiempo, la institución concentró buena parte de su comunicación pública en actividades institucionales y capacitaciones, mientras evitó posicionamientos en otros casos que también generaron señalamientos por posibles violaciones a derechos humanos.

Las críticas tampoco son recientes. Al concluir su encargo como consejera ciudadana en marzo pasado, Claudia Espinosa Almaguer hizo públicos diversos pendientes que, afirmó, quedaron sin resolver dentro de la CEDH: informes especiales sobre personas desaparecidas, población penitenciaria, víctimas de violaciones a derechos humanos y la Alerta de Violencia de Género, además de reclamos por mayor transparencia y rendición de cuentas. En ese momento advirtió que la Comisión corría el riesgo de “continuar justificando al poder que le da de comer antes que dar protección a las personas quienes a diario acuden a buscar su apoyo”.

Paradójicamente, la propia CEDH terminó colocándose en el centro de una nueva controversia al negarse a promover una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral, facultad que sí le reconoce la Constitución. Su argumento fue que no existían elementos suficientes para acudir a la Suprema Corte. Días después, el partido Somos MX presentó prácticamente el mismo proyecto elaborado originalmente para la Comisión.

Y ahí aparece otro ejemplo de cómo los derechos humanos también pueden convertirse en escenario político. Somos MX fue el único partido que decidió asumir la impugnación. Desde luego, estaba en todo su derecho y la acción permitirá que la Suprema Corte determine si la reforma electoral es constitucional o no. Pero tampoco puede ignorarse el contexto político. Como reconoció la propia activista Catalina Torres Cuevas, difícilmente algún partido cuyos legisladores participaron en la aprobación de la reforma habría impulsado esa vía jurídica.

La defensa de los derechos humanos nunca debería depender de quién obtiene un beneficio político al hacerlo. Sin embargo, conforme se acerca 2027, pareciera que las causas sociales empiezan a convertirse también en espacios para construir capital político.

Eso no significa que las acciones emprendidas sean ilegítimas. Al contrario: ojalá toda acción jurídica que permita fortalecer los derechos llegue a buen puerto. Lo preocupante es que muchas veces la oportunidad política parece determinar quién levanta la voz, cuándo lo hace y con qué intensidad.

Las víctimas, las madres buscadoras, las personas defensoras y quienes han visto vulnerados sus derechos llevan años esperando instituciones que actúen por convicción y no por coyuntura.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos no sólo decidió no plantear ante la Suprema Corte la duda sobre la constitucionalidad de una reforma electoral; días después terminó convertida en protagonista de una denuncia  contra el secretario ejecutivo Miguel Carbajal por el trato dado a ciudadanas que acudieron a solicitar precisamente la defensa de sus derechos. De acuerdo con las activistas presentes, durante el intercambio el funcionario respondió que él no defendía derechos humanos.

Además, ha sido objeto de señalamientos e incluso de recomendaciones por su actuación cuando ocupó otros cargos públicos y actuales relacionadas con presuntos malos tratos hacia personal y consejeros del propio organismo. Cuando la institución encargada de tutelar los derechos humanos es percibida por las propias personas que acuden a ella como un obstáculo antes que como una garantía, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una crisis de confianza.

Porque cuando la defensa de los derechos humanos depende del calendario electoral, el riesgo es que la empatía dure exactamente lo mismo que una campaña.

Y ya estando…

La solidaridad institucional: Lo preocupante no es que una institución se equivoque. Eso ocurre. Lo preocupante es cuando la autoridad encargada de hacer cumplir los derechos termina siendo señalada, una y otra vez, por actuar de forma que esos derechos nunca terminan de materializarse. En los últimos meses, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) ha aparecido en dos conflictos distintos con un mismo denominador común: trabajadores que, pese a obtener resoluciones favorables o acudir a la autoridad laboral en busca de protección, siguen sin ver restituidos sus derechos.

Ahí está el caso de Karla Leticia Sánchez Pedroza. El Tribunal Electoral perdió el juicio laboral. La sentencia quedó firme. Sin embargo, el TECA tardó cinco días en entregar el oficio necesario para inmovilizar la cuenta embargada; después dejó sin efectos esa diligencia y fue un juez federal quien terminó ordenándole continuar con la ejecución para garantizar la subsistencia de la trabajadora. En medio de ese procedimiento, Sánchez Pedroza afirma haber visto salir del despacho del presidente del TECA, Óscar Ricardo López Leyva, al abogado del Tribunal Electoral. Más tarde, asegura, ese mismo abogado le dijo: “háganle como quieran, el presidente del TECA nos está ayudando”.

El segundo caso ocurre en Villa Juárez. Ahí, el abogado Roberto Rivera Martínez sostiene que el Ayuntamiento reinstaló únicamente en apariencia a cuatro trabajadores: los mantiene sentados, sin funciones, sin salario y sin ser reincorporados a la nómina. También acusa que el TECA recibió desistimientos relacionados con el derecho al salario mínimo —un derecho irrenunciable— y permitió comparecencias mediante las cuales trabajadores abandonaron el sindicato. Nuevamente, la autoridad laboral aparece en el centro de los cuestionamientos.

Nadie espera que el TECA litigue a favor de una de las partes. Lo que sí se espera es que garantice que las resoluciones se cumplan. Si una sentencia firme permanece sin ejecutarse y una reinstalación se reduce a tener trabajadores sentados sin salario ni funciones, la discusión ya no es jurídica: es institucional.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.