Por Victoriano Martínez
La Declaratoria de Civilidad por los Derechos de la Ciudadanía, firmada este lunes. queda muy lejos de poder ser tomada en cuenta como lo que dice ser.
Más bien corresponde a una recurrente evidencia de que quienes ostentan cargos públicos, y quienes aspiran a saltar de uno a otro, protagonizan tal desfase entre sus dichos y sus hechos, que el documento se acerca más a una adicional falta de respeto a la ciudadanía.
El 2018 se llamó Declaratoria por la Democracia para el Proceso Electoral 2018, y se firmó el 24 de marzo de aquel año.
¿Qué político metido al juego electoral se va a declarar en contra de los valores y las reglas de la democracia, o en contra de que las elecciones transcurran en un marco de civilidad, seguridad, justicia, equidad y legalidad?
¡Por supuesto que cualquier compromiso en el papel a favor de tan nobles causas lo firman de inmediato… y ante notario público si quieren!
Es parte de la maldición de las campañas: en el discurso se asumen como los más democráticos, pero derrochan el erario en tratar de manipular a los electores antes que informar clara y abiertamente sobre sus propuestas para que éstos cuenten con elementos para razonar su voto.
Son demócratas que buscan imponerse con base en una propaganda que suele ser poco respetuosa, incluso, hasta de la dignidad de la ciudadanía.
La firma de Declaratorias como la que signaron este lunes es en sí misma un acto de propaganda, con un serio agravante: se confabulan todos los actores de la vida pública para pretender aparecer ante la ciudadanía como los paladines de la democracia. Peor todavía: el ciudadanizado organismo electoral por delante.
Comprometerse a lo que de por sí están obligados en un acto rodeado de tal parafernalia y difusión masiva, por innecesario, resulta engañoso y representa más una confesión de que requieren proyectar esa apariencia para intentar ganar la perdida confianza ciudadana porque, en el fondo, reconocen el desfase de sus actos contra sus posturas públicas.
El hecho de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aparezca al frente de tal acto propagandístico es la peor señal: prácticamente le da el banderazo a los futuros candidatos para promoverse como la personificación del apego al deber ser, aunque sus intenciones sean las más pervertidas por intereses personales y de grupo.
Más importante que la firma de ese tipo de declaratorias es que las autoridades, especialmente las electorales, hagan respetar los valores democráticos, sancionen ejemplarmente a quienes se alejan de mínimamente de ellos, pero –sobre todo– velen por que no se den campañas de manipulación y se desarrollen verdaderas campañas de información de calidad que den pie a votos razonados.
El ostentoso acto de la firma de la Declaratoria de Civilidad por los Derechos de la Ciudadanía, con todo y pandemia, dejó en los discursos de sus participantes la semilla de la contradicción y el desfase entre sus pronunciamientos a favor de valores que no están dispuestos a honrar con acciones.
“Que la ciudadanía esté informada”, fue uno de los pronunciamientos enunciados por el gobernador Juan Manuel Carreras López.
Si cualquier ciudadano consultó hasta esta madrugada las páginas Web del CEEPAC y del Gobierno del Estado con la esperanza de leer completa la Declaratoria de Civilidad por los Derechos de la Ciudadanía, pudo confirmar que sólo tiene derecho a informarse hasta donde la propaganda determina.
