Por Victoriano Martínez

Cuando se aprobó la Ley General de Comunicación Social en el sexenio pasado, se le criticó –entre otras cosas– por legalizar las malas prácticas, al grado que se le rebautizó como la Ley Chayote.

Hoy el debate que se dio en el Congreso de la Unión llega, por la vía de la supuesta armonización de las leyes, al Congreso del Estado con una iniciativa que, como una de las que se presentaron para la Ley General, propone que los gobiernos destinen el 0.5 por ciento de su presupuesto a comunicación social.

Para la ley general, el colectivo #MediosLibres presentó su propia iniciativa en la que la propuesta del porcentaje del presupuesto destinado a comunicación social fue por la décima parte que la otra: el 0.05 por ciento.

Al final, en la Ley General ninguno de los dos porcentajes quedó establecido como límite presupuestal, seguramente como una opción para dejarlo abierto y que cada autoridad exhiba la forma en que derrocha o es moderado en ese tema, sobre todo cuando en el uso de esos recursos se privilegia la promoción de imagen de los funcionarios.

En esa lógica, la propuesta de un 0.5 por ciento quedó alineada como una iniciativa dadivosa que privilegió el derroche de recursos públicos para mantener los vicios en la relación prensa gobierno, en tanto que la iniciativa que planteó un 0.05 por ciento –presentada por agrupaciones civiles– representó un intento de moderación en ese gasto.

La iniciativa de la diputada Martha Barajas García, más allá de recurrir prácticamente a reproducir los vicios que llevaron a considerar la Ley General como Ley Chayote, le incorporó la propuesta a favor del derroche, lo que la hace aún más cuestionable.

Al dejar la Ley General en manos de cada una de las autoridades la determinación del presupuesto para comunicación social como un indicador de su nivel de derroche, un ejercicio comparativo entre el porcentaje que representan los presupuestos para esa área en el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, muestra que esas tres instancias se colocan lejos de verse moderados.

Sólo el Gobierno del Estado no alcanza el nivel máximo de derroche entre las iniciativas que originaron la Ley General, pero en el caso de los dos ayuntamientos rebasan con mucho ese nivel, como puede apreciarse en la tabla comparativa al final de este texto.

Si la iniciativa de Barajas García se decantó por el derroche, urge la presentación de su contraparte que busque moderar el gasto en una comunicación social que no es tal, sino una burda promoción de imagen de los funcionarios, violatoria del artículo 134 constitucional.

No porque el presupuesto para esa falsa comunicación social del gobierno de Juan Manuel Carreras represente el 0.17 por ciento del presupuesto anual de todo el estado (83 millones 712 ml pesos) deja de ser un ofensivo derroche que agrede a los potosinos.

Con porcentajes mucho mayores, los ayuntamientos de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez llevan el derroche y la agresión a extremos ante los que urge un cruzada que los someta a la moderación… como una mínima muestra de respeto a la ciudadanía.