Fernanda Durán
La diputada Bernarda Reyes Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), exhortó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para que investigue “y haga lo propio” en caso de que se compruebe que el Gobierno del Estado intervino en el plebiscito sobre la municipalización de Villa de Pozos, aunque espera que “sea un tema más”.
Tras la denuncia que presentó un excapacitador del plebiscito ante el Ceepac sobre la intromisión del Gobierno del Estado, a través del padrón de beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), la diputada indicó que deben buscarse los mecanismos de transparencia, así como evitar contaminar el ejercicio ciudadano con temas políticos.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que se haya realizado esta misma práctica en la recaudación de las 31 mil firmas de los poceños, puntualizó que cuando un acto se empieza a contaminar puede existir la suspicacia de que así sea, pero espera que “no exista contaminación del proceso con acciones de que alguna manera le resten legitimidad”.
El diputado José Luis Fernández Martínez, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM), consideró carente de fundamentos la denuncia que recibió el Ceepac el pasado 31 de agosto.
Esto con base en la declaración del secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, quien negó que la Sedesore inscribiera a ciudadanos beneficiarios de programas sociales como funcionarios de las Mesas Receptoras de Opinión.
Además, el diputado intentó “advertir” que al tratarse de alguien que ya no trabaja en el Ceepac, podría existir motivación de carácter personal.
Sin embargo, al explicarle al legislador que se trató de una renuncia derivada de la advertencia de intromisión del Estado y para evitar ser parte o cómplice de dicho ejercicio, Fernández Martínez se limitó a declarar que “ahí están las instancias para acreditar” y probar los actos señalados, pues “la gente puede decir muchas cosas, el que acusa tiene la obligación de probar”.
